El activo rol de María Elisa Quinteros para superar las dificultades de la consulta indígena

“La presidenta mandó sus excusas por no poder asistir. Está trabajando duramente en el tema de la consulta indígena y es por eso que vine yo para poder dar respuestas a las dudas que tengan”.

Así comenzó su intervención el domingo pasado el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (INN), en el programa Mesa Central (Canal 13). Junto con transparentar las razones que determinaron la ausencia de María Elisa Quinteros (MSC) en el programa televisivo, Domínguez daba cuenta de la relevancia que la presidenta de la Convención ha dado al proceso que busca concretar la participación de los pueblos originarios en las distintas regiones del país para la redacción de la nueva Constitución.

Un hecho llamativo de esta decisión, según cuentan desde la secretaría técnica de la comisión de participación y consulta indígena, es que un día después de asumir, Quinteros y Domínguez los convocaron a una reunión, junto a las coordinadoras de esa instancia, Margarita Vargas e Isabella Mamani, y a sus pares de participación popular.

En la cita, la disposición de la propia Quinteros para liderar el proceso fue evidente: no solo ofreció 20 minutos para escuchar la exposición de los miembros de la secretaría técnica de la consulta -mientras que los demás concurrentes contaron con cinco o 10 minutos-, sino que, además, propuso involucrarse personalmente para coordinar las gestiones y responder a las necesidades que, hasta el momento, había tenido el proceso.

Así lo confirma el representante kawésqar en la secretaría técnica, Carlos López, quien sostiene que “la presidenta, de manera voluntaria, se ofreció a tomar un rol protagónico dentro de la secretaría técnica y apoyarnos en todo lo posible”.

A comienzos de diciembre, un mes antes de dejar su cargo, la entonces presidenta de la Convención, Elisa Loncon, reconocía públicamente que la consulta indígena peligraba. El 6 de diciembre de 2021, en un punto de prensa en la sede del Congreso, en Santiago, Loncon sostuvo que “está en riesgo la participación y consulta indígena, porque no tenemos los recursos para realizarla, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena”.

Además, la instancia encargada de redactar el documento base para la consulta no había tenido acuerdo aún; más bien, sus integrantes estaban enfrentados por aspectos de forma y de fondo para la concreción del proceso, cuyos plazos apremiaban, pues el inicio de la votación de normas en comisiones comenzaría incluso antes de que el proceso en regiones pudiera iniciar.

En ese sentido, la convencional colla Isabel Godoy explica que la consulta ha enfrentado varias dificultades, entre estas “desconocer los acuerdos de la Comisión de Pueblos respecto de que se les dio mandato a los coordinadores para crear un documento base con aporte de todos, y se generó un documento distinto con una indicación sustitutiva. Eso nos hizo perder mucho tiempo y (provocó) la renuncia de Victorino Antilef (a la coordinación)”.

Adicionalmente, Godoy menciona que enfrentaron también “la falta de profesionales en la secretaria técnica, que era responsabilidad de la mesa y de la secretaria técnica general de la Convención, y por supuesto el financiamiento, que se dejó fuera del presupuesto 2022, dejando a la suerte para ser pedida directamente en el Congreso”

Sin embargo, con la llegada de Quinteros a la testera, el comentario generalizado en los pasillos de la Convención es que el cambio ha sido evidente. Más allá de la polémica que hubo en la última semana en torno a los recursos necesarios para implementar el proceso -fijados en $1.410 millones por la secretaría técnica y luego corregido, aumentando a $2.400 millones-, las gestiones de la presidenta han permitido concretar los apoyos de distintas organizaciones públicas y estatales, principalmente a través de convenios, consiguiendo así que la etapa de difusión de la consulta comience el próximo 7 de febrero y una semana después, el 14 de febrero, se inicien los encuentros territoriales, es decir, la etapa de “diálogo y deliberación”, que se prolongará hasta el 4 de marzo.

En particular, López dice que Quinteros “se la ha jugado” y detalla que “el apoyo de la presidenta en la gestión de convenios ha sido un avance tremendo para el trabajo de la secretaría técnica. Como tenemos a la presidenta interviniendo en ese sentido, representando nuestra voz, ella hace las gestiones dentro de la Convención y con entidades públicas, y las universidades, las asociaciones, las municipalidades están más susceptibles a responder de manera positiva y los convenios han salido más rápido”.

En este contexto, la convencional Godoy asegura que la nueva líder del órgano constituyente “ha tenido un compromiso inigualable, que agradecemos profundamente”. “María Elisa en poco tiempo ha hecho más que lo hizo Loncon en seis meses”, sentencia, mientras que un integrante del equipo que coordina la realización de la consulta asegura: “Esto ha sido un cambio en 180 grados, del cielo a la tierra”.

Consultada sobre el rol de liderazgo con que asumió la preparación de la consulta, la presidenta de la Convención afirma que “la consulta indígena es una responsabilidad de la Convención en su conjunto, ya que asumimos en la etapa reglamentaria incorporar este mecanismo de participación y lo votamos en el pleno con amplia mayoría. Creo que debemos construir esta Constitución considerando las voces de todas y todos. Por eso, es necesario que el proceso llegue a todo el territorio, se amplifique el mensaje usando todas las herramientas comunicacionales y de gestión con las que contamos”.

De acuerdo a fuentes de la Convención, desde que asumió Quinteros hay una actitud diferente respecto de la relación con el gobierno en comparación con su antecesora. De hecho, una de las tareas que se le reconoce en cuanto a la realización de la consulta es la capacidad para concretar un equipo de gestión en que se han involucrado tanto miembros de la secretaría técnica como asesores de la Convención y representantes de los ministerios de Desarrollo Social -con especial relevancia de Conadi-, Culturas y Patrimonio, Secretaría General de la Presidencia y Educación.

De este modo, una de las principales dificultades que había tenido el proceso, esto es, el presupuesto para su realización, se ha podido ir subsanando gracias a que distintas reparticiones públicas y estatales prestarán servicios en el área de logística, transporte, equipos de audio y video, instalaciones y recursos humanos, entre otros, lo que afectará de manera positiva a evitar desembolsos de dinero por parte de la propia Convención.