El acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Convención que permitirá realizar cabildos en 38 centros penitenciarios

Desde sus inicios, la Convención Constitucional se impuso el objetivo de establecer un proceso participativo cercano a la ciudadanía. Según se explicita en el reglamento de la institución, este proceso participativo deberá asegurar la inclusión de los “grupos históricamente excluidos”.

Uno de ellos corresponde a las personas privadas de libertad. Como un mecanismo para llegar a ellos, la actual mesa directiva, encabezada por María Elisa Quinteros (MSC) y Gaspar Domínguez (INN), continuó las gestiones iniciadas por la expresidenta Elisa Loncón (Pueblo Mapuche) y mañana firmará un acuerdo con el Ministerio de Justicia para realizar cabildos penitenciarios.

El convenio tiene por objetivo la colaboración mutua y la coordinación para desarrollar “todas las acciones tendientes a apoyar, promover, facilitar y difundir el histórico proceso de participación popular” en personas privadas de libertad. Como parte del acuerdo, se suscribió un protocolo para el ingreso de convencionales a establecimientos penitenciarios, con el fin de regular las actividades que puedan realizar dentro de los recintos y que logren promover que las personas privadas de libertad se hagan parte del proceso. También se acordó un protocolo para la realización de cabildos al interior de los centros penitenciarios a partir de febrero.

En concreto, el acuerdo estipula el compromiso entre los involucrados para realizar todas las acciones que sean “pertinentes, destinadas a propiciar condiciones óptimas para la participación efectiva e incidencia de las personas privadas de libertad que decidan voluntariamente ser parte del proceso constituyente mediante su participación en los cabildos penitenciarios”.

El 21 de septiembre del año pasado se sostuvo una primera reunión entre Loncón -junto a otros cinco convencionales-, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, además del subsecretario de Justicia y el director nacional de Gendarmería. En esa instancia se acordó iniciar el trabajo para lograr propiciar la participación de las personas privadas de libertad dentro del proceso constituyente.

Tomás Laibe (CS), quien participó de esa primera reunión, sostuvo que desde el primer día de la Convención él y su equipo se impusieron como meta incluir a los “grupos históricamente excluidos” en el proceso participativo. Entre ellos, las personas privadas de libertad.

“Varios de los convencionales fuimos firmantes de un compromiso con Leasur (Litigación Estructural para América del Sur) por las personas privadas de libertad, así que una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a la Convención fue reunirnos con estos firmantes para conformar la Coordinadora de Personas Privadas de Libertad”, agregó Laibe (CS), actual vicepresidente adjunto de la Convención.

La coordinadora es integrada por 14 convencionales de distintos colectivos: Alexis Caiguán (Pueblo Mapuche), Amaya Álvez (FA), Andrés Cruz (CS), Benito Baranda (INN), Carlos Calvo (CS), Carolina Videla (Chile Digno), Constanza Schonhäut (FA), Giovanna Roa (FA), Isabel Godoy (Pueblo Coya), Janis Meneses (MSC), Malucha Pinto (CS), Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche), Patricio Fernández (CS) y Laibe (CS).

Ellos han trabajado en conjunto con la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, organización que tiene por objetivo replicar dentro de las cárceles los procesos de reflexión política. Para llevar a cabo ese proyecto en el proceso constituyente, la coordinadora estableció una mesa de trabajo entre la Subsecretaría de Justicia, Gendarmería de Chile y representantes de la sociedad civil.

Giovanna Roa (FA), una de las convencionales impulsoras de la iniciativa, explicó que los cabildos serán realizados en distintos recintos penitenciarios a lo largo del país mediante una metodología diseñada por la Red de Cabildos Penitenciarios. “El fruto de esos espacios de participación y discusión de las personas privadas de libertad se sistematizará e ingresará a la discusión convencional mediante el mecanismo de inscripción de cabildos ciudadanos”, sostuvo.

Laibe (CS) explicó que en septiembre del año pasado impulsaron un oficio para comenzar las gestiones para lograr promover mecanismos de participación en centros penitenciarios, propuesta que fue firmada por 40 convencionales. En ella se indicó la necesidad de crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, encargada de delinear cuál será el rol de la Gendarmería en los cabildos penitenciarios, cómo eliminar los obstáculos para que los internos puedan participar de forma informada y voluntaria, además de efectuar una selección de las unidades penales donde se desarrollarían los cabildos que, hasta el momento, serían 38.

De acuerdo a información aportada por Gendarmería, los cabildos se desarrollarán en centros penitenciarios de Arica, Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Quillota, Isla de Pascua, Santiago Sur, San Miguel, San Joaquín, Santiago I, Colina I, Puente Alto, Talagante, Rancagua, Santa Cruz, Talca, Cauquenes, Chillán, Biobío, Concepción, Yumbel, Temuco, Angol, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas.

Sobre la firma del convenio, el ministro Larraín señaló: “Iniciamos un proceso que va en la línea del trabajo de reinserción de las personas privadas de libertad que hemos realizado junto a Gendarmería durante nuestra administración (...) Estas acciones, sin duda contribuyen para que las personas privadas de libertad sean parte del cuerpo social lo cual, creemos, mejorará sus posibilidades de reinserción futura”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, afirmó: “Sostuvimos una mesa de trabajo que me tocó liderar, con la participación de Gendarmería y de distintos convencionales, donde logramos establecer estos puntos de acuerdo que permitirán realizar procesos participativos en los establecimientos penitenciarios del país. Estamos muy contentos, ya que forma parte de lo que siempre hemos destacado, relacionado con la coordinación, el diálogo entre las distintas instancias e instituciones y con el fin de promover la participación de las personas privadas de libertad”.

Desde la primera reunión hasta la fecha, la convencional Roa (FA) afirmó que han trabajado continuamente para lograr la participación de la población penitenciaria. “Sus voces no pueden quedar fuera y esperamos que este esfuerzo de garantía de participación para este grupo históricamente excluido permita una nueva relación del Estado para con sus derechos y que quede consagrado en la nueva Constitución”, sostuvo.

El convenio acordado no irrogará gastos de ningún tipo. Sin embargo, según se señala en la presentación del acuerdo, en caso de que el cumplimiento del convenio haga necesaria la destinación de recursos, esto quedará sujeto a las disponibilidades presupuestarias de las instituciones. Además, en cuanto a la transparencia del proceso, se dará a conocer a la ciudadanía el contenido, propósitos, alcances y lineamientos del convenio.

El convenio regirá a partir de su suscripción por todos los involucrados y tendrá vigencia hasta la disolución de la Convención Constitucional, en julio de este año. Se espera que a las 9.00 de mañana la presidenta y el vicepresidente de la Convención se reúnan con el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, para cerrar el acuerdo.