“La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”.

Esa fue parte de la declaración que emitió -el pasado 10 de junio- el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, durante una actividad que se llevó a cabo en el centro comunitario de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén.

Sus palabras -que se dieron a conocer recién dos meses después por medio de un registro audiovisual- encendieron rápidamente las alertas entre algunos parlamentarios, quienes emplazaron al gobierno a tomar acciones y a presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado en contra del comunero mapuche.

Tras los cuestionamientos, el martes la ministra del Interior, Izkia Siches, precisó que la información dada a conocer por Llaitul “no es nueva” y está contemplada en la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la CAM, que anunció el gobierno el 27 de julio. Además, afirmó que el Ministerio Público cuenta con la libertad de actuar frente a la admisión de ilícitos.

“En específico, cuando hay cualquier admisión por parte de estas personas de un ilícito, sin duda el Ministerio Público también, tal como lo hemos dicho de forma reiterada, tiene toda la libertad de actuar”, señaló en esa ocasión.

Este jueves la jefa de gabinete volvió a referirse al tema, pero esta vez fue consultada directamente por sus dichos sobre el Ministerio Público.

Desde La Moneda, tras detallar las medidas de seguridad para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, aseguró que “nuestra perspectiva con la Fiscalía ha sido al revés de (la) discordia, de poder tener en realidad acercamientos y un trabajo en los consejos contra el crimen organizado con el Ministerio Público”.

Agregó que “entendemos que hay que trabajar de forma mancomunada para enfrentar los distintos ilícitos” y, seguidamente, reveló que sostuvo una conversación con el fiscal nacional, Jorge Abbott, a raíz de los hechos.

“Esto ha sido en torno al emplazamiento que más ha ocurrido por los medios de comunicación y por algunos sectores políticos. Y, frente a ello, yo he conversado con el fiscal nacional (Jorge Abbott) y nuestra jefa jurídica (Luppy Aguirre) se ha comunicado con el fiscal regional”, detalló.

“Entendemos que el Ministerio Público tiene que cumplir con su labor y por parte de nuestro gobierno cuentan con toda la colaboración para ello”, sentenció.

Horas después, desde Puerto Montt, el fiscal nacional fue requerido por las futuras acciones de la Fiscalía en torno a las declaraciones del líder de la CAM.

Al respecto, informó que “el Ministerio Público se encuentra investigando a partir de la ampliación de la querella presentada por el Ministerio del Interior”, y afirmó que se están realizando “todas aquellas diligencias” solicitadas.

Detalló, además, que “se ha encargado a la policía la realización de las mismas y estamos a la espera del resultado de aquellas para ver el curso que va a tener esa investigación”.

Sin embargo, Abbott precisó que la confesión de una persona sobre un ilícito “no tiene ningún valor” en relación a, por ejemplo, la emisión de una orden de arresto en su contra. Según explicó, se debe concretar una serie de diligencias previas.

“La confesión en nuestro sistema judicial penal no tiene ningún valor en términos de poder usarse en definitiva en contra de la persona”, señaló el fiscal, y agregó que se deben reunir “antecedentes adicionales”.

“Efectivamente el reconocimiento de un hecho respecto de una persona puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho y de la participación de la persona, pero no basta simplemente con que alguien se auto atribuya una conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalización”, insistió.