El pleno de la Convención Constitucional deliberó y votó las indicaciones y artículos contenidos en el informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos autónomos de Control y Reforma Constitucional.

Una de las votaciones más esperadas de la instancia fue la relacionada con la Fiscalía. En este sentido, el pleno rechazó y devolvió a la comisión de origen el artículo que pretendía que el Ministerio Público dejara de ser dirigido de manera unipersonal y pasara a ser gobernado por un Consejo Superior y un Fiscal Nacional.

En concreto, el texto proponía que la dirección superior del Ministerio Público residiría en “la o el fiscal nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario” que tendrá por objetivo designar al fiscal nacional y un director ejecutivo nacional.

En su momento esta norma generó fuertes críticas por parte de académicos y fiscales quienes argumentaban que la propuesta de la comisión agravaría las deficiencias institucionales de la Fiscalía, aumentando la burocracia, diluyendo las responsabilidades y abriendo la puerta para politizar al organismo.

El coordinador de la instancia, Christian Viera (Frente Amplio) se refirió al rechazo del Consejo Superior de la Fiscalía y explicó cuáles son las opciones que quedan y que se debatirán por última vez en la comisión: “Hay tres alternativas. Insistir con esta idea del Consejo. La segunda es que tal vez esas facultades de gestión administrativa sea facultad de una autoridad unipersonal y la tercera alternativa es no decir nada. Si no decimos algo en la Constitución, significa que rige lo que actualmente tenemos que es la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

En tanto, el convencional Ruggero Cozzi (RN) valoró la señal dada por el pleno. “En buena hora se han rechazado las normas que creaban un Consejo Superior del Ministerio Público y que dejaban al fiscal nacional como un verdadero adorno institucional, decorativo, sin verdaderas funciones para ejercer liderazgo y dirección del Ministerio Público. Esperamos que se aproveche esta oportunidad y que en esta última posibilidad de corregir esta norma podamos tener un Ministerio Público con un fiscal nacional que dirija la institución y que pueda responder oportunamente a los desafíos que tiene hoy día el combate contra la delincuencia”, afirmó el constituyente.

Otra de las normas que no logró los votos para llegar al borrador de nueva Constitución -y que volvió a la comisión- fueron los artículos que pretendían replicar el mismo modelo de gobierno de la Fiscalía en la Defensoría Penal Pública (DPP), es decir, que la institución dejara de ser dirigida por el defensor nacional y en su reemplazo se dejara a un Consejo Superior. También rechazó la propuesta que buscaba ponerle fin a los defensores públicos licitados al estipular que los servicios de la DPP no podían ser “licitados o delegados en abogados particulares”.

También volvió a comisión el artículo que crea el Consejo de Pueblos Indígenas, continuador de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Si bien el órgano redactor rechazó artículos relacionados con el Ministerio Público, sí se lograron aprobar otros. Uno de estos fue el artículo que define a este órgano como autónomo y jerarquizado, con personalidad jurídica que tiene como función “dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”.

Los convencionales también aprobaron que la política de persecución penal sea elaborada por un órgano que actualmente se llama Consejo General de Fiscales, pero que si se aprueba la propuesta de nueva Constitución pasaría a denominarse Comité del Ministerio Público. Esta instancia -integrada por todos los fiscales regionales y el fiscal nacional- actualmente solo es consultiva y la política institucional es definida por el fiscal nacional. Con lo aprobado en el pleno, ahora el Comité será el encargado, junto con el fiscal nacional, de confeccionar estos criterios de actuación.

El plenario además despachó al borrador la creación de una Defensoría del Pueblo. Este nuevo organismo autónomo reformará la actual institucionalidad de derechos humanos. Según como queden los artículos transitorios, lo más probable es que sea el continuador del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También se visó la norma que crea una Defensoría de la Naturaleza y la Agencia Nacional del Agua. Además el plenario dio los 2/3 -103 votos a favor- para aprobar una indicación que había presentado la convencional y exsubsecretaria de la Niñez Carol Bown (UDI) que le daba autonomía y reconocimiento constitucional a la Defensoría de la Niñez.

Cerca de las 22 horas, se visó la creación de la Corte Constitucional, órgano que busca reemplazar al Tribunal Constitucional, pero con atribuciones más limitadas. Se define como órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución”. Se agrega que “sus resoluciones se fundarán únicamente en razones de derecho”.

Sus 11 mienbros durarán nueve años en sus cargos, sin posibilidad de reelección, y se renovarán por parcialidades cada tres años. Estos deberán ser abogadas o abogados, con idoneidad y más de 15 años de ejercicio profesional.

No podrán postular quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, quienes hayan desempeñado el cargo de ministro de Estado u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los dos años anteriores a la elección.

Al cierre de esta edición la sesión continuaba y el informe se votaría hasta las 00.00 para continuar el miércoles. Los artículos rechazados aún tienen una última oportunidad. Volverán a la comisión para otro debate más, el que deberá hacerse contra el reloj ya que el borrador final debe estar listo en los próximos días. Luego esto volvería al pleno en un último informe.