A eso de las 11.00 de la mañana, el pleno del Consejo Constitucional comenzó a sesionar para votar las propuestas de solución que fueron despachadas desde la Comisión Mixta. De ser ratificadas estas enmiendas, se introducirán los últimos cambios a la propuesta de nueva Carta Magna y, con ello, estará lista para ser entregada y sometida al plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre.

Los consejeros deben discutir y confirmar modificaciones sobre algunos de los temas más controversiales de todo el debate constitucional. En ese sentido, y pese a que la Comisión Experta había sugerido suprimir algunas de estas normas, el sábado finalmente fueron visados los artículos sobre la exención en el pago de contribuciones, la objeción de conciencia, la declaración de estado de excepción “por acto terrorista” y la reelección de autoridades.

El informe de la Comisión Mixta deberá someterse al escrutinio de forma completa y no podrá solicitarse votación separada. Se espera que la votación de esta jornada -entre 11.00 a 14.00 horas- no tenga sorpresas, ya que una enmienda necesita 30 votos (3/5) para ser aprobada y la derecha tiene la mayoría de escaños: Chile Vamos cuenta con 11 consejeros y el Partido Republicano con 22.

Una vez ratificados los cambios, solo quedará pendiente un último paso: la votación final del texto en su integridad, que será este jueves. Así es como la propuesta de nueva Constitución estará lista para ser entregada al Presidente Gabriel Boric, quien deberá convocar al plebiscito del 17 de diciembre.

La sesión de este lunes comenzó con una etapa de discusión, donde los consejeros dieron a conocer sus últimas impresiones respecto a las propuestas de solución de la Comisión Mixta.

Desde el Partido Republicano, que tiene la mayoría dentro del Consejo, Luis Silva valoró que los cambios a ratificar “se hacen cargo de la corrupción, con el mandato para crear una ‘agencia contra la corrupción’; del fenómeno de la inmigración, disponiendo la devolución en el menor tiempo posible de quienes ingresen o permanezcan ilegalmente en el territorio; del resguardo de un nuevo derecho fundamental incorporado en el texto, como es el de la vivienda; refuerza los principios de equidad tributaria, la igualdad entre las mujeres y los hombres, y la libertad religiosa”.

Por otro lado, el consejero José González (Ind-RD) dijo que “no dramatiza” la etapa final del proceso, “puesto que el texto fue resultado de un ambiente muy cordial y urbano”, pero reparó que fue impuesto por el “número legítimo de consejeros de las bancadas de la derecha”.

“El texto ha puesto su atención en las cuestiones más urgente que nos dañan como Nación, como la inseguridad, la inmigración y la defensa sobre las víctimas. Faltó una visión de largo aliento que respondiera a las problemáticas que angustian a nuestra nación, como son la salud, la educación y la previsión, que los distintos gobiernos no han podido solucionar”, agregó.

Yerko Ljubetic (CS) fue más allá y aseguró que “estamos asistiendo a la penúltima escena de una obra triste y desesperanzadora”. A su juicio, “estamos ante una propuesta que solo puede tener como consecuencia la profundización de las diferencias entre quienes tienen recursos y quienes no, entre los menos que seguirán accediendo a educación, salud y seguridad social de primer nivel; y los más, para los que la educación seguirá siendo un camino a ninguna parte, una salud que deja sus vidas en una permanente lista de espera y unas jubilaciones que hacen de la vejez un sinónimo de la pobreza”.

“Votaremos en contra de las conclusiones de la Comisión Mixta, tal como estamos seguros de que al final el pueblo de Chile votará en contra de una propuesta que le hace mal al país y que es peor que lo que hoy tenemos”, añadió.

El único representante de los pueblos originarios en el Consejo, Alihuen Antileo, adhirió a las críticas en contra de la propuesta y se refirió particularmente a la norma que suma la causal de “acto terrorista” para la declaración del estado excepcional de sitio. “Hay un peligro serio, porque las demandas territoriales del pueblo mapuche van a continuar y van a haber hechos de violencia, pero de ahí a declarar en la práctica este Estado de guerra interna... Va a afectarnos, van a haber víctimas, y eso me parece que es necesario evitarlo a toda costa (...) hay un riesgo serio de confrontación, porque no se atendió a salidas democráticas, institucionales y políticas”.

La consejera Lorena Gallardo (RN) hizo un llamado “a la seriedad y la responsabilidad en términos de la calificación del texto” y valoró que “lo que se ha redactado con intervención de todas y todos es una mejor en relación con la Constitución del 80, y ni hablar del proceso fracasado de la izquierda (Convención Constitucional)”.

En tanto, Gloria Hutt (presidenta de Evópoli) relevó que la propuesta contiene “un sistema de justicia en que los jueces se van a dedicar a impartir justicia y no administrar, la defensoría de las víctimas, una agencia anticorrupción, una modernización del Estado como no la habíamos visto (...), se acaban los nombramientos a dedo de personas que tendrían que tener una carrera profesional dentro del Estado, mejora la participación ciudadana con posibilidades de proponer proyectos de ley y proponer iniciativas derogatorias de ley”.

En la misma línea, Carolina Navarrete (UDI) respondió a los cuestionamientos sobre la paridad en el texto: “La Comisión Mixta nos brinda una normativa que avanza en paridad sin recurrir a mecanismos forzados de asignación de escaños que pudieran afectar la voluntad popular”. Asimismo, defendió la norma sobre objeción de conciencia, argumentando que “tiene requisitos” que impedirían “abusar de este derecho”.

Por el lado de los expertos, Domingo Lovera (RD) enfatizó en que la Comisión Mixta no operó como tal, “sino que como una comisión reforzadora de las propuestas de las derechas, y eso tiene que ser evidente porque ya habían campañas políticas desplegadas con parte de las normas en desacuerdo que justamente debíamos abordar en la mixta”.

“Hubo retrocesos en la Comisión Mixta, como en paridad; hubo avances de propuestas aunque se advirtió de los severos daños, como la desfinanciación de las municipalidades (...) hubo muy poco espacio para controlar daños, los que se pueden contabilizar con los dedos de una mano; y sucumbimos, sin otra dignidad que la de la palabra, a extravagancias constitucionales como la objeción de conciencia”, sostuvo.

Asimismo, el comisionado Gabriel Osorio (PS) arremetió contra la norma que crea la “agencia nacional contra la corrupción”: “No sabemos su dependencia ni quién o quiénes la encabezarán. Peor aún, esta agencia coordinará -por un artículo permanente en la Constitución, insertado sin armonía en los fundamentos del orden constitucional- a órganos autónomos constitucionales como la Contraloría o el Ministerio Público. ¿Quién manda? ¿Quién tomará las decisiones en materia de transparencia y control de la corrupción?”.