“Es una mala regla”: Cordero dice que norma que deriva delitos de uniformados a justicia militar implica “retroceder 30 años”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este viernes a la aprobación de una polémica norma en el marco de la tramitación -hasta total despacho- del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, ayer jueves.

Se trata de la indicación que deriva a la justicia militar delitos cometidos por uniformados, la que fue presentada por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos), los RN Ximena Ossandón, Camila Flores, Andrés Longton y Diego Schalper, los gremialistas Jorge Alessandri y Henry Leal, además de la independiente Gloria Naveillan. Ésta se aprobó por 14 votos a favor y 12 en contra.

La norma incorpora un artículo nuevo que modifica la competencia de los tribunales militares y sostiene que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar”. 

Asimismo, agrega que en ningún caso los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares. Y que para los efectos de esta ley se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Desde La Moneda, Cordero se sumó a las críticas expresadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto a la aprobación de la indicación impulsada por la derecha.

“Es una mala regla. Esencialmente es como retroceder exactamente 30 años en Chile. Y la razón es relativamente simple: la regla general en el sistema institucional chileno es que los delitos están sometidos a un régimen de fuero común. Con excepción de un caso muy calificado, que es el caso de la justicia militar. Y la justicia militar tiene una distinción en tiempos de guerra y en tiempos de paz”, partió diciendo.

Y luego agregó: “Es un retroceso porque durante largos años el actual oficialismo y la oposición también han ido estableciendo el ámbito específico en el cual la justicia militar debe aplicarse, que es esencialmente respecto de delitos militares en los cuales están involucrados militares. ¿Cuál era el consenso que existía hasta ahora? Que respecto a los delitos comunes, cualquiera fuese la condición del sujeto estaba sometido, estaba sometido a la legislación común”.

Es que si bien tras el fin de la dictadura militar, los tribunales castrenses tuvieron una amplia competencia, incluso en causas de derechos humanos, dos reformas, una de 2010 (primer gobierno de Sebastián Piñera) y otra de 2016 (segunda administración de Michelle Bachelet), establecieron que ningún caso que involucrara a civiles, ya sea como imputados o víctimas, podría ser visto por tribunales militares.

De acuerdo al titular de Justicia, “esto no sólo implica un retroceso respecto a los últimos 30 años, las últimas modificaciones importantes provienen de una reforma presentada por el propio presidente Piñera en el año 2010 y perfeccionada en el año 2016. Pero además de esto, Chile está condenado en materia internacional por utilizar la justicia militar en el caso de que estén involucrados delitos comunes”.

Así mismo, apuntó a las deficiencias de la justicia castrense. “Los jueces militares, los fiscales militares y los auditores de las instituciones armadas, que participan también en el caso de cortes, son funcionarios de las instituciones armadas sujetos a verticalidad del mando”.

Y dijo que no solo es entregar una regla de fuero especial a la justicia militar en un ámbito donde aplica el fuero común, “sino que además es entregarlo a un régimen de justicia reconocidamente que carece de imparcialidad e independencia, y de hecho, que no tiene la inamovilidad del sistema judicial”.

Pero no solo eso, también cuestionó a los impulsores de la indicación: “Yo tengo la impresión de que las personas que promovieron esta regla desconocen la discusión previa y desconocen el problema orgánico que en la actualidad tiene la justicia militar para llevar una iniciativa de estas características a cabo”.

Según el secretario de Estado, la norma está hecha para que el Ministerio Público no siga conociendo estos asuntos. “Ese es su propósito central. Son delitos comunes cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el desempeño de su cargo o en situaciones que están identificadas en esa regla”.

“Carece de toda racionalidad desde el punto de vista técnico. Ni siquiera estoy haciendo un juicio político sobre esto. Desde el punto de vista técnico desconoce el debate que el país ha tenido en los últimos 30 años y que todas las administraciones han tenido por el propósito de corregir. De hecho, el ejemplo de la administración del Presidente Piñera es un buen ejemplo sobre este punto”, recalcó.