Escazú: las normas que el gobierno dice cumplir y los riesgos de una arremetida de Bolivia

26 artículos tiene el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, el que fue impulsado por varios países durante el año pasado y que, hasta ahora, el gobierno chileno no ha firmado.

Hasta este momento, el texto ha sido suscrito por 21 países, siendo ratificado por seis de ellos: Bolivia, Jamaica, Uruguay, San Vicente y las granadinas y Saint Kitts y Nevis.

De cara a la cumbre ambiental COP25, que se desarrollará en nuestro país, han reflotado los cuestionamientos por no adherir al acuerdo y, por ende, ha ido aumentando la presión sobre La Moneda para tomar una decisión sobre la materia. En este escenario, el Ejecutivo optó por mantener en suspenso la decisión -considerando que hay plazo hasta 2020 para suscribirlo-, señalando que están trabajando en declaraciones interpretativas y argumentando que la normativa chilena cumple la mayoría de los artículos que contempla Escazú.

"Todo lo que establece Escazú está contenido en la legislación nacional", dijo el Presidente Sebastián Piñera, en septiembre, en el marco de su participación en la cumbre climática en la ONU. Las palabras del Mandatario, dice en La Moneda, no fueron al azar y responden a una serie de informes internos que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente y la Cancillería, textos que pasaron por la revisión de Presidencia y en los que se han analizado en detalle las implicancias que podría tener para Chile firmar el Acuerdo de Escazú.

Según fuentes de gobierno, en esos documentos internos se comienza destacando que solo seis países han ratificado el acuerdo; que los países grandes de la región que lo suscribieron -Perú, Argentina y Brasil- no lo han ratificado; y que otros 12 países de la región no han firmado, entre ellos, Chile y Colombia. Además, se destaca que se requiere de la ratificación de 11 gobiernos para que entre en vigencia.

Asimismo, señalan que el acuerdo busca tres objetivos: acceso a la información, que está en el artículo 5 y 6 de Escazú; participación pública, que está contemplado en el artículo 7; y, por último, acceso a la justicia en asuntos ambientales, dispuesto en el artículo 8. En La Moneda afirman que la mayoría de los estándares fijados en esos artículos -que son los que generan obligaciones para el Estado- se cumplen con la normativa chilena, de acuerdo a los informes internos que han elaborado.

En La Moneda explican que, en cuanto al primer punto, Escazú establece que las personas puedan impugnar cuando se les niega la entrega de información, lo que aseguran está contenido en la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Esa misma ley, según el gobierno, establece plazos para la entrega de información que son "menores" a los que fija Escazú en su artículo 5.12. Y la normativa chilena -agregan- tampoco exige, al igual como plantea el acuerdo ambiental, justificar las razones para solicitar la información.

En base a los informes internos que han elaborado, en el gobierno también señalan que, en materia de participación ciudadana, lo que se plantea en Escazú está regulado en la ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente; mientras que el acceso a la justicia se cumpliría a través de la ley 20.600, normativa que crea los tribunales ambientales.

Son tres los artículos considerados "riesgosos" para La Moneda, según los informes internos que han elaborado: 11, 18 y 19 de Escazú.

En el caso del artículo 11, dicen que hay un peligro sustantivo de darle preferencia a los países "sin litoral", como es el caso de Bolivia, mientras que en cuanto al artículo 18 la preocupación radica en que queda establecida la creación de un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Si bien en el acuerdo se señala que no tiene un carácter judicial y punitivo, en La Moneda consideran que se "expone" al Estado a que los lleven a ese comité constantemente, como ocurre con los que existen en Ginebra.

Finalmente, en el artículo 19 el riesgo está -sostienen en el Ejecutivo- en que, en el caso de controversias, las partes tienen la obligación de resolverlo pudiendo optar por dos mecanismos: mediante la Corte Internacional de Justicia de La Haya o a través del arbitraje de conformidad.

En La Moneda recalcan que este punto es complejo porque Chile es parte del Pacto de Bogotá, que establece dos requisitos para que se pueda llegar a la Corte de La Haya: haber agotado la negociación y que el asunto en cuestión debe ser posterior a 1948. Y Escazú es del año pasado. En Palacio recalcan que si bien la controversia podría ser sobre Escazú, la herramienta procesal será el Pacto de Bogotá.

En ese sentido, en el gobierno indican que Bolivia se ha visto dispuesta a utilizar "todas las herramientas", no solo en cuanto a su ofensiva por tener acceso soberano al mar, sino que también en otras instancias. De hecho, las mismas fuentes afirman que considerando que Bolivia ratificó Escazú, se han revisado los argumentos que ha esgrimido el gobierno de Evo Morales para hacerlo.

En el Ejecutivo sostienen que, de acuerdo a las revisiones que han hecho, La Paz elaboró informes internos sobre la materia y que en sus debates legislativos han hecho referencia a las "aguas", haciendo una distinción con medio ambiente. Sobre esta materia, el canciller Teodoro Ribera dice a La Tercera que "la Cancillería está en estudio de los fundamentos que se tuvieron a la vista por parte de Bolivia", argumentando que no todos los documentos técnicos de ese país son públicos. Y agrega: "Vemos con temor que podamos generar una puerta de acceso a los tribunales internacionales".

En este contexto, en La Moneda afirman que el Presidente Piñera pidió que se analice si con la presentación de una declaración interpretativa se pueden mitigar los riesgos que se han identificado en los informes sobre Escazú y que, además, le presenten propuestas en la materia. Estas, dicen, aún están siendo trabajadas.

Sin embargo, en la oposición insisten en que los argumentos que ha esgrimido La Moneda son insuficientes. "La explicación que da el gobierno es totalmente banal (…). La verdad es que es difícil que nos lleven a alguna corte internacional solamente porque alguien dice que no entregamos suficiente información", asegura el excanciller y senador PS José Miguel Insulza, mientras que el diputado Pablo Vidal (RD) -integrante de la Comisión de RR.EE. de la Cámara- sostiene que "los argumentos del gobierno para defender la decisión de no firmar Escazú son débiles y demuestran que el mutilateralismo solo les gusta cuando se trata de acuerdos comerciales como el TPP".