Exministro de Bachelet asume rol en acusación constitucional

En la Sala Inés Enríquez del Congreso, en Valparaíso, se reunieron hoy en la mañana organizaciones de derechos humanos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto a diputados de todas las bancadas de la oposición.

La idea era socializar la determinación de los partidos, a excepción de la DC, de preparar una acusación constitucional contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch,

Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama -por notable abandono de deberes-, luego de que se otorgara libertad condicional a siete condenados por violaciones a los derechos humanos que se encontraban presos en Punta Peuco.

Si bien la bancada DC definió esta semana no sumarse a la ofensiva contra los miembros del máximo tribunal -y esperar hasta la votación en sala-, en la oposición valoraron que el jefe de bancada de la falange, Matías Walker, junto al diputado Gabriel Ascencio, se sumaran a la reunión con agrupaciones de DD.HH. en la que se analizó el curso que seguirá la acusación constitucional.

A esto se sumó la participación de otro diputado DC: Raúl Soto, quien incluso resolvió respaldar desde un comienzo el libelo acusatorio. El respaldo de este partido es relevante para el éxito del libelo, que requiere 78 votos a favor. La oposición en total tiene 83 parlamentarios, de los cuales 14 son de la DC.

La cita de hoy estuvo marcada también por la participación del exministro de la Segpres durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Gabriel de la Fuente, quien asesora a la bancada PS y se desempeña, además, en el Instituto Igualdad, dependiente de dicha colectividad. De la Fuente, junto al abogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, representarán a los socialistas en el equipo de juristas de la oposición que tendrán a cargo la redacción el libelo acusatorio.

Hasta ahora, el grupo lo conforman también Luis Cuello, del PC; Francisco Castillo, del PPD; Javiera Ascencio, del Frente Amplio, y Xavier Palomino, de la Federación Regionalista Verde Social, en la que milita el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet.

El grupo espera reunirse periódicamente y trascendió que la redacción del escrito no estaría finalizada antes de dos o incluso tres semanas.

Esto, pese a que los diputados han puesto celeridad al tema, considerando que algunos ven con preocupación que coincida con las Fiestas Patrias, lo que podría afectar mediáticamente la ofensiva opositora.

"Esperamos que esto se ingrese antes de la semana distrital (del 20 de agosto) y realmente sería un homenaje a las víctimas que esto lo pudiésemos votar en sala el 11 de septiembre", señaló el jefe de los diputados PPD, Ricardo Celis, mientras que su par del PC, Daniel Núñez, sostuvo que "tenemos la expectativa de que en siete o máximo 10 días esté totalmente redactado".

De momento, los juristas ya dividieron tareas en grupos de trabajos para ir armando la acusación. Entre ellas, analizar jurisprudencia nacional e internacional al respecto, estudiar las sentencias que han dictado cada uno de los magistrados; estudiar a fondo la doctrina de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros, así como una revisión histórica de acusaciones constitucionales similares que ha llevado adelante el Congreso.

Esto, junto a la matriz del tema: la construcción en la que se fundamentará el notable abandono de deberes.

En tanto, en el encuentro de hoy se abordó la necesidad de que las agrupaciones lideren movilizaciones que permitan mantener en alto el rechazo por el fallo de los ministros.