Exministro Burgos cuestiona a Urrutia: “Debe ser el único juez que los chilenos conocen, porque ha hecho permanentemente noticia”

Este lunes el exministro del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, se refirió a la decisión del juez Daniel Urrutia -del 7° Juzgado de Garantía de Santiago- de autorizar a cuatro reos de alta peligrosidad para que pudieran realizar videollamadas con terceros. Entre los beneficiados hay imputados vinculados al Tren de Aragua.

En ese contexto, el exsecretario de Estado tildó como “súper compleja” la resolución adoptada por Urrutia y cuestionó -en diálogo con Radio Agricultura- su figura: “El juez que usted me nombra es un juez que tiene dificultades producto de accionares de hace mucho tiempo”.

“Debe ser el único juez de Garantía que los chilenos conocen su nombre, porque ha hecho permanentemente noticia. La primera noticia que yo recuerdo que hizo fue cuando se avocó (a causas), según todos los tribunales o gran parte de los tribunales, sin tener competencia para temas relativos, a lo que se denominó ese grupo de delincuentes que le hacían homenaje, que le llamaban la ‘primera línea’. Se avocó al conocimiento de causas sin tener competencia para ello”, señaló.

Burgos aludía a la modificación que hizo Urrutia el pasado 25 de marzo del 2020, cuando -además de autoasignarse la causa - cambió “de oficio” y sin petición de audiencia de las defensas la medida cautelar, de prisión preventiva, en contra de 13 imputados de la denominada “primera línea” en el estallido social, dejándolos en libertad. Dicha resolución le costó que la Corte de Apelaciones de Santiago iniciara un proceso sancionatorio en su contra, un castigo que fue confirmado días después por la Suprema al haberse atribuido de mala forma la causa relacionada a las protestas de aquel entonces.

El magistrado basó su decisión en una serie de normativas internacionales que, aseguró, “recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares”.

“Analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones que se establecieron en la visita”, argumentó Urrutia.

Al respecto, Burgos apuntó a que si bien “hay incomunicaciones y dificultades (...) en teoría, la incomunicación absoluta no existe”. En esa línea, para el exministro “el peor de los imputados, el peor de los condenados, tiene derecho a comunicarse, porque obviamente que la sociedad no puede actuar pasando por encima de todos los derechos, como si se tratara de una sociedad que actúa como los delincuentes”.

“La decisión, por lo que yo he leído en la prensa, es súper compleja desde el punto de vista de la seguridad. Yo tengo entendido que se puede tomar una decisión desde el punto de vista de las garantías procesales, pero obviamente que tienen que estar acompañadas de los elementos de seguridad que inhiban que delincuentes avezados, brutales, puedan ocupar un derecho para crear condiciones de repetición de actos delictuales, que ha ocurrido dentro de las cárceles”, advirtió.

Entonces, agregó, “hay que poner ojo si se tomaron las medidas, si la decisión de Gendarmería a decir que no a ese tipo de decisión es la correcta y cómo se pudiera hacer para no caer en una incomunicación absoluta, que no tiene amparo legal en Chile”.