Expertos oficialistas fijan límites: solo modificarán propuesta del Consejo con un pacto transversal de partidos

La mañana de este lunes los tres expertos del PPD -Leslie Sánchez, Verónica Undurraga y Francisco Soto- llegaron hasta la sede nacional del partido que lidera el senador Jaime Quintana. Los tres comisionados estaban ahí para conversar con la directiva de la colectividad.

Más que ponerse al día con el estado actual del proceso constitucional y las votaciones del pleno del Consejo, los tres comisionados fueron hasta allá para hacer una solicitud a Quintana: le pidieron al senador que se activara para buscar un acuerdo a nivel de partidos políticos. Esto, en un escenario en que los timoneles de distintas colectividades iniciaron una serie de tratativas para intentar “encauzar” el proceso y buscar un acuerdo transversal en la antesala de que el texto del órgano redactor regrese a la Comisión Experta para su revisión.

Por eso, la petición de los expertos llegó en un momento clave. En una semana más el Consejo terminará de votar las normas en el pleno y despachará la propuesta a los comisionados para que se inicie la tercera fase del proceso. Esta etapa consiste en que, en solo cinco días, los 24 comisionados tienen que realizar observaciones al texto redactado por los consejeros.

Estas observaciones se traducen en un informe con enmiendas para suprimir normas, modificar artículos o agregar nuevas cláusulas. La cancha es abierta. Para aprobar una observación el reglamento y la Constitución vigente exigen el visto bueno de 3/5 de la Comisión Experta, es decir, el voto favorable de 14 expertos.

Sin embargo, entre los comisionados de izquierda la postura es una sola: el objetivo de la Comisión Experta no es “resolver los problemas políticos o desacuerdos de las derechas” y, por lo tanto, solo procederán a aprobar observaciones al fondo del texto si es que hay un acuerdo político transversal a nivel de partidos.

Al interior del Consejo y a nivel de partidos se repite una y otra vez que “el proceso aún no ha finalizado”. Por lo mismo, son varios los actores que están depositando toda su confianza en lo que puedan hacer los comisionados. “Nos están pidiendo un verdadero milagro”, comenta en privado un comisionado.

La metáfora tiene una justificación. Ante todos los problemas que han ocurrido en el Consejo debido a normas mal redactadas o con problemas técnicos, la respuesta que ha entregado la derecha es una sola: “Que lo arreglen los expertos”.

Luego de que las enmiendas se votaran entre gallos y medianoche la madrugada del sábado 9 de septiembre, y ante la imposibilidad posterior de lograr la unanimidad del pleno para corregir las normas, la única opción que queda para hacer correcciones es la Comisión Experta.

Hay dos escenas que así lo demuestran. Cuando RN y Evópoli plantearon sus dudas para votar a favor de la cláusula que definía que “todo ser humano es persona”, republicanos hizo todo lo posible por convencerlos y asegurar los 3/5 del pleno. Para eso hicieron un compromiso. “Acordamos que la Comisión Experta observaría esa norma para dejar textual la misma disposición, pero copiada en el orden presente en el Pacto San José”, dice una fuente de oposición. Pese a que existía un acuerdo de palabra para dejarle el problema a los expertos, finalmente cuatro consejeros de Chile Vamos optaron por abstener y la norma se rechazó.

Un escenario similar pasó con la norma sobre objeción de conciencia institucional y personal: la derecha optó por amarrar los votos en el pleno y llegar a un compromiso de que sean los expertos los que observen ese artículo y lo arreglen en su informe.

El listado de tareas que se van pateando para los expertos suma y sigue.

Los 12 comisionados del oficialismo observan con atención este escenario. Pese a que aún no se juntan formalmente -lo que debería ocurrir en los próximos días- entre ellos ya han conversado y fijado su postura de cara al proceso que viene y que le devolverá el poder a la Comisión Experta. Así, transmiten que solo procederán a aprobar observaciones al fondo del texto si es que hay un acuerdo político transversal a nivel de partidos.

La lógica radica en que no tiene ningún sentido que los expertos modifiquen el texto en asuntos importantes logrando los 3/5 con los comisionados de Chile Vamos, si cuando su informe vuelva al pleno no existirán los 3/5 para aprobar las enmiendas de los comisionados. Más aún por un tema de fondo. No es bueno que sean los comisionados los que modifiquen la voluntad del órgano electo en asuntos que son parte del “corazón” de la propuesta constitucional. Para que los comisionados puedan actuar, se necesita vincular sus modificaciones con los votos favorables de 3/5 del pleno.

Los 30 votos para visar las observaciones de los expertos podrían lograrse sumando los 17 consejeros de izquierda y los 11 de Chile Vamos, pero aún así quedan cortos. Con ambos bloques solo suman 28 votos. Faltan dos para llegar a los 30. “La gente tiene que entender que para que nuestras observaciones tengan éxito, necesitamos sumar al menos dos consejeros republicanos”, comenta una comisionada de izquierda.

Dado ese escenario político, los expertos del oficialismo quieren asegurarse de que “haya agua en la piscina” para observar el texto. Esa condición solo se logra con un pacto a nivel de partidos y, por lo mismo, resultan relevante los movimientos iniciados esta semana por los timoneles de la UDI, PS, RN y PPD. “Si ese pacto no llega, nos tendremos que limitar a observar asuntos técnicos, de palabras y verbos, no más que eso”, dice otro experto en privado.

“Se inicia una nueva etapa sobre la cual tienen que surgir claramente nuevos actores. Es importante que los partidos políticos se involucren más en el proceso, que se genere a lo mejor un nuevo ‘Acuerdo por Chile’ que fue lo que le dio base a todo este proceso y que le demos oxígeno a esta discusión que está un poco agotada”, dijo el comisionado Francisco Soto (Ind.-PPD).

La comisionada del PL y nominada por el PPD, Leslie Sánchez, también compartió esa visión. “En esta tercera etapa del proceso en la que vuelve a revivir el rol de la Comisión Experta no solo bastan los argumentos técnicos y jurídicos”, sostuvo Sánchez.

“Tiene que haber un gran compromiso político. Quizá sea necesario renovar el compromiso existente del ‘Acuerdo por Chile’. Hay que volver a establecer y poner sobre la mesa las confianzas políticas porque parte de lo modificado hoy en los plenos es parte esencial del anteproyecto de los expertos que aprobamos por unanimidad. Ahí es donde a muchos de nosotros nos surgen las dudas de si el compromiso de la palabra empeñada va a seguir estando presente o no y es por eso es que el componente político va a jugar un rol fundamental”, concluyó la experta.

La necesidad de un acuerdo político que le abra el camino a los expertos es algo que también comparte el comisionado del PC Alexis Cortés. “Si bien hay cosas que creo que técnicamente es necesario observar, se requiriría un nivel de acuerdo político que le dé sustento a la posibilidad de que nosotros podamos observar cosas que vayan más allá de las consecuencias y afectaciones que producen algunas de las normas aprobadas en las leyes ya existentes”, afirmó.

Si el acuerdo no llega, Cortés es enfático: “Los grandes nudos, las características maximalistas o identitarias del texto, sin un acuerdo, no será algo que se pueda resolver en la Comisión Experta y tendrá que ser la ciudadanía a través del plebiscito.

Todo esto ocurre con el llamado realizado por el delegado de los republicanos, Luis Silva. El consejero le envió un mensaje a los comisionados en un punto de prensa: “Debieran medirse a la hora de formular observaciones”.

El asunto ya empieza a conversarse a nivel transversal con los otros 12 comisionados de la derecha. En la tarde de este miércoles la Comisión Experta se reunió con la Comisión de Venecia. En la instancia, los expertos de izquierda criticaron el proceso y el contenido de lo que va quedando y los comisionados de derecha contuvieron esos reproches. Además, ante la pregunta de Paolo Carozza, quien interpeló a los comisionados por lo que se viene en el futuro, varios expertos aprovecharon de responder que aún existe una pequeña ventana para lograr “un nuevo acuerdo”.

Todo esto sucede mientras desde afuera del Consejo han surgido voces que plantean que incluso podría no haber plebiscito. Una idea que empezó a deslizar el exdiputado Pepe Auth, quien planteó que si no hay texto, no habrá plebiscito. Su comentario se basa en una constatación de lo que dice el reglamento y la Constitución. El primero dice que al final de todo, el pleno del Consejo debe hacer una votación de todo el texto en su conjunto. Solo si en esa votación 3/5 del pleno dan su visto bueno, existirá propuesta y solo con ese texto, el Presidente puede convocar a plebiscito.

Sin embargo, al interior de los actores del proceso constitucional nadie promueve esa opción. En Chile Vamos solo la ocupan para justificar que el Partido Republicano no tiene alternativas para posicionarse por la opción “En contra”. “Si el Partido Republicano piensa votar en contra del texto en diciembre, posiblemente vote en contra en la votación final en el Consejo del texto en noviembre y en consecuencia, no hay texto”, aseguró el comisionado Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), en radio Infinita, el 14 de septiembre.