Faltan firmas: iniciativas populares de norma arriesgan no ser debatidas en la Convención Constitucional

“Me gustaría que pudiéramos conversar un tema que ya es un elefante en la habitación. Dado el arco de apoyo de las iniciativas populares de norma, uno podría no afirmar, pero quizás establecer que es muy probable que ninguna llegue a las 15 mil firmas”.

De esa manera, el convencional Jorge Baradit (Colectivo Socialista) planteó ayer -en la Comisión de Participación Popular- la preocupación que se ha instalado en distintos sectores de la Convención Constitucional respecto de las Iniciativas Populares de Norma (IPN) para la nueva Carta Magna.

A contar del 8 de noviembre, cualquier persona podía presentar su propia propuesta para que fuera discutida en el órgano constituyente. Pero, para ello, requería reunir 15 mil patrocinios, provenientes de ciudadanos de, al menos, cuatro regiones distintas, quienes debían concurrir con su firma en la plataforma web que, eso sí, solo se habilitó el 22 de noviembre.

Y ahí surgió el primer contratiempo: el desajuste en el cronograma. Esto, pues el Reglamento de Participación Popular establecía que la “Convención contara con una Plataforma Digital de Participación Popular” por un plazo de 60 días para la recolección de firmas, plazo que vencía el 6 de enero de 2022. Ante el retraso en la habilitación digital, un grupo de convencionales UDI, liderados por Constanza Hube, ofició a la mesa de la Convención para solicitar un ajuste en el cronograma y así ampliar el período de tiempo para la presentación de IPN. Sin obtener respuestas, reenviaron el oficio en dos ocasiones más, hasta que recién el miércoles 22 de diciembre el asunto fue discutido por el pleno y se aprobó extender el plazo hasta el 20 de enero para la presentación de normas y hasta el 1 de febrero para la recolección de patrocinios.

Además, Hube hace hincapié en que las normas comenzarán a discutirse el 20 de enero en las distintas comisiones, sin que haya finalizado el plazo de ingreso de propuestas de los propios constituyentes -que concluye el 1 de febrero- ni la recolección de firmas que determinará cuáles serán las propuestas ciudadanas que se debatirán.

En ese sentido, sostiene que “si hay un principio que no ha existido en la Convención Constitucional, es el realismo, y la aprobación del cronograma general y sus ajustes no son la excepción. No tiene sentido que se empiece a discutir las iniciativas constituyentes el día 20 de enero, si es que hay plazo hasta el 1 de febrero para recolectar las firmas para las iniciativas populares y para presentar las iniciativas de los constituyentes. No es posible que la participación popular incidente sea una pantalla”. “Nosotros advertimos que el cronograma era irreal desde un principio, pero primó el voluntarismo por sobre el realismo”, sentencia.

A esto se suman los problemas técnicos que, en una primera etapa, tuvo el sitio habilitado, con variadas intermitencias que motivaron reclamos en distintas comisiones para subsanar las dificultades. En la actualidad, no obstante, en su calidad de encargado de Plataforma Digital de Participación, Baradit sostiene que “la plataforma funciona bien, los mecanismos funcionan bien. Quizá tengamos que revisar los números. Nunca antes habíamos tenido un mecanismo de participación así, no había datos técnicos en los que apoyarse y tampoco tuvimos tiempo para marchas blancas. Esta fue nuestra marcha blanca y quizá tendremos que revisar y hacer ajustes. Nada más”, detalla.

Ahora uno de los problemas evidenciados es la dificultad que presenta la propia página para navegar en ella y conocer las más de 340 iniciativas ingresadas, debido a que el único filtro de búsqueda habilitado es a partir de palabras clave o por la comisión en la que se discutiría.

De hecho, este tema fue conversado en la Comisión de Participación Popular el lunes 27, donde algunos convencionales pidieron, por ejemplo, que se pudiera disponer de un documento en formato Excel para tener mayor claridad en la información. Así lo planteó Carolina Sepúlveda, quien también dijo que “cuando uno se mete, no hay un orden ni tampoco hay una forma de buscar o de organizar interiormente la información, es muy difícil ir sumando cuántos más se van adhiriendo; como cada vez que se ingresa el orden es distinto, tengo que buscar por código para poder generar la información”.

Hasta ayer, sin embargo, las iniciativas eran ordenadas por la cantidad de patrocinios obtenidos, cuestión que se modificó para presentarlas por “orden de llegada”.

La modificación generó suspicacias en la centroderecha, dado que tres de las cinco iniciativas con mayor cantidad de firmas coincidían con ideas promovidas por su sector: libertad de conciencia y religiosa; propiedad de los ahorros previsionales, y derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos y libertad de enseñanza.

Por eso, los convencionales UDI Arturo Zúñiga y Felipe Mena ingresaron este martes un oficio para que la comisión respectiva entregue por escrito las razones que motivaron el cambio.

Mena explica que “son pocas las iniciativas populares que han pasado los cinco mil patrocinios, después de semanas en la plataforma. Eso deja en evidencia que tenemos un problema con llegar a la ciudadanía. Existe escaso conocimiento de lo que son las iniciativas populares de norma y de qué significa firmarlas”. En esa línea, añade que “tenemos dos formas de enfrentarlo: bajando el número de firmas y lo otro, y muy importante, es que los convencionales tomen más protagonismo y hagan llamados a la ciudadanía a participar”.

Una mirada similar expone el convencional Baradit, quien es crítico respecto de la adecuada difusión que ha tenido el mecanismo, y precisa: “Quizá el factor que no vimos al inicio es que no tendríamos acceso a los medios para promover la participación, que no habría colaboración del gobierno en la difusión de los mecanismos y que estaríamos entregados solo a las capacidades de los constituyentes”.

“La evaluación que hacemos es muy buena. La gran cantidad de IPN ingresadas demuestra ansias de participación. Solo tenemos que conectarlas mejor con la audiencia que patrocina y no hemos contado con todos los medios que hubiésemos querido”, concluye.

En el mismo sentido, la encargada de Participación Popular en la mesa directiva, Elisa Giustinianovich, destaca el convenio de colaboración que establecieron con una treintena de municipios para llevar adelante los cabildos comunales, proceso en que -asegura- también podrá difundir la participación a través de IPN.