Galli defiende Ley de Migraciones y rechaza requerimiento presentado ante el TC por sector de la oposición: “Hay otros que al parecer quieren abolir las fronteras”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, rechazó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional presentado ayer por un grupo de parlamentarios de oposición, organizaciones sociales y abogados constitucionalistas tras la aprobación de la Ley de Migraciones a principios de diciembre.

Cabe recordar que la iniciativa contempla, entre los principales cambios, la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la obligación de que personas deban postular a las respectivas visas en los consulados de Chile. Además establece que las personas que ingresaron antes de su promulgación tendrán seis meses para abandonar Chile y solicitar la visa en los consulados, donde deberán hacer el trámite completo (no pueden pedir visa en Chile).

El día que el proyecto fue despachado del Congreso, los parlamentarios de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre y Catalina Pérez anunciaron reserva de constitucionalidad.

Consultado por el requerimiento, el subsecretario defendió la ley y aseguró que “para tener una migración regular, ordenada y segura es necesaria esta regulación. Hay otros que, al parecer, quieren abolir las fronteras y permitir la entrada de las personas sin ningún control”.

Galli también cuestionó que los legisladores recurrieran al TC y comentó que con esto buscan “imponer aquellos puntos en que ellos no estuvieron de acuerdo y perdieron las votaciones en el Congreso”.

Según relataron ayer los parlamentarios de oposición y representantes de organizaciones de migrantes, en total son 13 los artículos los que se busca impugnar. Entre ellos destacan la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues no habría “una protección a la niñez cuando esta acompaña a una persona que es retornada o es expulsada y, además, desconoce la competencia que tienen los tribunales de familia para adoptar las medidas de protección que correspondan”.

Además, indicaron, “se crea el Servicio Nacional de Migraciones, sin embargo, mantiene la potestad al Subsecretario del Interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida, sino meramente por razones de seguridad interior o exterior las que calificaría él mismo, por sí y ante sí”.

En este sentido, Galli advirtió que en caso de impugnarse la norma que, por ejemplo, exige un visado a personas que provengan de determinados países, esto impediría “un adecuado orden y control en el ingreso a nuestro país”.

Además, aseguró que con este requerimiento se busca eliminar facultades de la PDI para impedir el ingreso de personas que fueron previamente expulsadas “obligándonos a recibirlos para recién ahí iniciar un proceso de expulsión”, dijo.