Gobernador de Antofagasta en comisión investigadora por líos de platas: “Se ha levantado un manto de dudas respecto a todos los gores”

Este lunes sesionó otra vez la comisión investigadora de la Cámara Baja, que preside el diputado de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro y tiene por objetivo indagar y recabar antecedentes sobre los eventuales traspasos irregulares de recursos desde reparticiones públicas a fundaciones, en específico desde el programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda (Minvu).

A la instancia fueron citados, para que expusieran de manera telemática, los gobernadores de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés; de La Araucanía, Luciano Rivas Stepke; y de Aysén, Andrea Macías Palma. Díaz estuvo conectado con su equipo desde el norte y sus colegas se excusaron de sumarse a la sesión.

La semana pasada, el Gobierno Regional de Antofagasta informó que terminó el contrato que mantenía con la fundación Procultura, institución liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, exigiendo además la restitución de $373 millones debido a que se constataron retrasos significativos en la ejecución de un proyecto para la recuperación de fachadas en la zona de conservación histórica de la región.

Ante los legisladores, el gobernador explicó el funcionamiento general del Gobierno Regional y su relación con fundaciones.

“Yo no vengo acá a defenderme. Cuando uno se defiende es porque tiene una acusación. Yo soy presidente de todos los gobernadores, soy presidente de la Agorechi (Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile) y lo que estoy tratando de hacer es explicar cómo funcionan en general instituciones de los gobiernos regionales”, sostuvo Díaz.

La autoridad lamentó que a partir del llamado caso Lencería, en Biobío, vinculado a la excandidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, y el caso de la Corporación Kimün, en Los Lagos, del fallido candidato presidencial de La Lista del Pueblo Diego Ancalao, “se ha levantado un manto de dudas respecto a todos los gobiernos regionales”.

“Se ha levantado un manto de dudadas respecto a cómo todos los gobiernos regionales habrían creado una supuesta forma de usar recursos del fisco para beneficiar a algunas fundaciones y también se ha cometido un daño público a muchas fundaciones que no han actuado como en esos dos casos en particular”, aseguró la autoridad antofagastina.

“Nosotros no somos unidades ejecutoras”, explicó Díaz, para justificar los convenios de los gobiernos regionales con fundaciones. Pese a ello, indicó que hay una autocrítica que pueden hacer respecto a “debilidades estructurales” que enfrentan y aseguró que han “establecido criterios de mejora”.

Consultado por los funcionarios que trabajan en las unidades de control, el gobernador indicó que “los gobiernos regionales tienen muy poca capacidad de fiscalizar todos los proyectos con los que firman convenio”.

“La verdad es que la cantidad de funcionarios para esa unidad de control no está respaldada por la Ley de Presupuesto de cada año”, lamentó la autoridad, advirtiendo que “hay una insuficiencia en la capacidad de hacer seguimiento y hacer control de todos los procesos”.