Gobierno alista indicaciones y se abre a cambiar piso de financiamiento para FF.AA.

Por 35 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, la sala del Senado aprobó en general, el pasado 15 de enero, el proyecto -impulsado por el Ministerio de Defensa- que busca derogar la Ley Reservada del Cobre y crear un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas.

Pero el amplio respaldo opositor que se reflejó en esa votación no fue gratuito. Antes, durante la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Hacienda de esa corporación, el titular de la cartera, Alberto Espina, había asumido un compromiso claro con los senadores de la ex Nueva Mayoría para conformar una mesa técnica con miras a "perfeccionar" el texto, el que ya había sido ampliamente cuestionado por ese sector desde su ingreso en agosto de 2018.

Así, se conformó a inicios de enero un grupo de trabajo integrado por los subsecretarios de Defensa, Cristián de la Maza, y de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli; el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Pablo Urquízar, y José Pablo Gómez, por la Dipres. Y por parte de la oposición se sumaron asesores legislativos de los senadores Jorge Pizarro (DC), Juan Pablo Letelier (PS), Alejandro Guillier (Ind.) y Ricardo Lagos Weber (PPD), entre otros.

Es en esa instancia que el Ejecutivo ha dado varias luces sobre qué puntos estaría dispuesto a ceder en la materia, lo que se verá reflejado a más tardar el 25 de marzo en un paquete de indicaciones que el gobierno enviará al Congreso y que esperan -dicen en Defensa- sea lo más consensuado posible con la oposición.

Uno de esos puntos, que ha sido calificado por la centroizquierda como un elemento intransable, es la modificación de los pisos mínimos que estableció el gobierno en su propuesta respecto de los recursos que se le asignarán a las FF.AA., a lo que el Ejecutivo está dispuesto a introducirle cambios.

Así lo confirma a La Tercera el subsecretario Galli. "Nosotros estamos muy abiertos a otros mecanismos que permitan un financiamiento estable de largo plazo para la defensa", dijo.

En el texto impulsado por el Ejecutivo se establece que la Ley de Presupuestos deberá asignar "como mínimo para los demás gastos en las actividades generales de las Fuerzas Armadas" un aporte "no inferior al asignado en la Ley de Presupuestos aprobada y ejecutada para el año 1989". Ese piso es el que no comparten en la oposición, desde donde han planteado que si bien apoyan la idea de establecer un mecanismo que dé estabilidad en términos de asignación de recursos, sostienen que estos deben ser calculados a partir de un promedio de los montos recibidos en los últimos cinco años, y no basados en 1989.

Asimismo, según dicen fuentes del grupo de trabajo, el gobierno se ha mostrado llano a modificar el piso mínimo establecido para el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, el que según el texto original "no podrá ser inferior al 70%" del monto promedio de los gastos efectuados en operación, sostenimiento e inversión en material bélico en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2017.

Otro de los nudos que han marcado la discusión y que el Ejecutivo -dicen fuentes de la instancia- se ha mostrado abierto a perfeccionar es el organismo que manejará los recursos del Fondo Plurianual. En la oposición han advertido que debe ser un consejo directivo técnico especializado, mientras que el Ejecutivo propuso inicialmente un órgano técnico colegiado. Además, en la centroizquierda advierten que la administración financiera del fondo debe quedar en manos del Banco Central. "Todo lo que es inversión en el mercado de capitales va a seguir radicado, al igual que hoy, en el Banco Central, porque así el Ministerio de Hacienda lo determina", agrega Galli.

Según una minuta de Defensa, los principales "aspectos básicos consensuados" hasta ahora son que, además de un financiamiento vía Ley de Presupuesto, las FF.AA. puedan disponer de recursos extrapresupuestarios para contingencias; que la normativa tenga mecanismos de estabilidad de inversión en materia de defensa; la derogación de la ley del cobre y el establecimiento de estándares mínimos de control civil y democrático en el gasto de los recursos para evitar niveles de corrupción.

Con todo, desde la ex Nueva Mayoría advierten que la negociación termina el 25 de marzo y que seguirán empujando que la ley detalle la creación de una Política Nacional de Defensa y una institucionalidad clara y con un pleno control civil sobre el uso de los recursos, además de fijar una rendición de cuentas de su uso ante el Congreso y la Contraloría.

En el gobierno, en tanto, están interesados en lograr un acuerdo transversal en la materia para poder aprobar la iniciativa el primer semestre y lograr que la normativa entre en régimen a principios de 2020.