Gobierno presenta querella por secuestro de exmilitar venezolano

Como lo había anunciado la semana pasada, el gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó una querella por el secuestro del teniente (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda.

La acción judicial fue ingresada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

En el documento de 11 páginas se detalla que la querella criminal es en contra de todos quienes resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos de secuestro, porte ilegal de arma de fuego y cualquier otro ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos investigados por el Ministerio Público.

Para la legitimación de la acción judicial se señala: “Cuando el o los hechos revistan caracteres de delito, considerados en su conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie”.

Y agrega: “Esto, en atención a que, como será argumentado a continuación, con ocasión de la comisión del delito de secuestro se ve evidentemente alterada, y de forma grave, la seguridad pública, generando un inevitable temor en la población de ser víctima de ese tipo de delitos”.

Así mismo, se señala que “resulta palmario que los hechos constitutivos del delito de secuestro, donde el comienzo de ejecución de los delitos fue en el domicilio de la víctima, con armas de fuego, constituyen un innegable atentado a la sensación de tranquilidad de un sector determinado de la población”.

En la querella, además, se solicita que se despache orden de investigar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, “con el objeto de que empadrone a los posibles testigos, solicite la entrega de registros audiovisuales, y en definitiva se realicen todas las diligencias necesarias conducentes al esclarecimiento de los hechos”.

También, que se oficie a la BIPE para que determine la relación de los hechos descritos con otras denuncias recibidas, “incluyendo en especial, pero no de manera exclusiva, relativas a delitos de secuestros, homicidios, tráfico de migrantes, trata de personas, amenazas condicionales y robo”.

Por otra parte, se pide que dicha unidad de la PDI confeccione un peritaje planímetro, que determine los lugares donde se verificaron los hechos “y que realice un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado los hechos denunciados”.

El secuestro del exmilitar venezolano, opositor al régimen de Nicolás Maduro, se produjo la madrugada del pasado miércoles. De acuerdo a información de la causa, cuatro individuos, simulando ser integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), ingresaron hasta un departamento ubicado en Calle El Molino, en la comuna de Independencia, capturando al refugiado político.

Los sujetos se movilizaron en todo momento con sus rostros cubiertos. Posteriormente, Carabineros verificó con la PDI que no se realizó ninguna diligencia policial en el lugar.

Según antecedentes policiales, Ojeda mantiene antecedentes penales, pero no órdenes vigentes.