Gobierno responde a diputados RN que piden a Contraloría dictamen sobre legalidad de regularización acotada

La tarde de este lunes, el gobierno salió a responder la arremetida de los diputados de Renovación Nacional (RN), José Miguel Casto y Andrés Longton, quienes acudieron en esta jornada hasta la Contraloría General de la República para solicitar a la contralora, Dorothy Pérez, que elabore un dictamen acerca de la legalidad de los requisitos que plantea el gobierno para el proceso de regularización acotada de migrantes.

Longton apuntó al respecto que “la Ley de Migración establece claramente que el ingresar por plazos clandestinos es una ilegalidad que tiene una sanción establecida en la ley. Por lo tanto, eso no puede ser pasado por alto por el gobierno. En segundo lugar, piden arraigo laboral y resulta que quien ingresa de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar porque eso tiene una sanción específica para los empleadores”.

“Esperamos que la Contraloría se pronuncie respecto a este proceso de regularización masivo y esperemos que le ponga freno por el bienestar de todos los chilenos”, expresó.

La iniciativa está directamente relacionada con el empadronamiento previo que realizó el Ejecutivo -al que se acogieron más de 180.000 extranjeros-, ya que serían esas personas que acudieron de manera voluntaria los que podrían acceder al beneficio.

Sobre esta nueva acción de la oposición, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió: “Yo me preguntaría, ¿cómo puede ser ilegal algo que es simplemente un estudio y que no se ha efectuado? No es un acto administrativo todavía. Entonces, creo que la pregunta, es que realmente la inquietud surge a los propios parlamentarios que presentan este recurso a la Contraloría, más allá de la legitimidad de su acción, es que no puede ser ilegal algo que no se ha efectuado y que solamente está en etapa de estudio”.

En segundo lugar, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que “hay distintas herramientas que existen y que se han ejecutado que tienen objetivos totalmente distintos. Uno es el empadronamiento biométrico, que como lo dijimos, es algo que se hace frente a la PDI, por razones principalmente de seguridad, para identificar a quienes en Chile no habían sido identificados y no había forma de identificarlos, con identificación de rostro, de huella dactilar, y saber quiénes son y qué posibles antecedentes puedan tener”.

“A partir de ese universo de personas con empadronamiento biométrico, que fue un ejercicio voluntario de carácter, no sé si policial, pero ante la PDI, es que se va a hacer recién un estudio de regularización, no garantiza regularización, y que ese estudio tiene ciertos criterios, pero todavía no se ha efectuado absolutamente nada, porque como lo hemos dicho, está en etapa de estudio. Y evidentemente, a menos que los diputados consideren que un estudio es ilegal, es otra cosa, pero algo que surge como inquietud, a preguntarle a los propios parlamentarios cómo puede ser declarado ilegal un estudio”, insistió.