Gobierno anuncia que presentará querellas en casos de homicidios o lesiones graves cometidos contra la comunidad LGBTIQA+

Este 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+, en ese marco, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y la ministra del Interior, Izkia Siches, anunciaron este martes desde el Palacio de La Moneda, la firma de un convenio entre ambas carteras que permitirá querellarse en casos de delitos de alta connotación pública, por homicidios o lesiones graves, en contra de víctimas de diversidades sexuales.

En detalle, la medida quedará a cargo de la división jurídica del Ministerio del Interior y de las delegaciones presidenciales. Por lo tanto, según explican a través de un comunicado, el Estado se hará parte como querellante en causas en las que se hayan cometido delitos de homicidio y lesiones graves que sean motivados por crímenes de odio a la población de disidencias, y que hayan alterado el orden y seguridad pública.

Es importante considerar que actualmente el Ministerio de la Mujer solo tiene la facultad de querellarse a través del Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg) en las siguientes circunstancias: Femicidios -consumados, frustrados o tentados- hacia las mujeres y mujeres trans que sean víctimas de este tipo de delitos.

Quedando fuera poder representar a sectores de mujeres y hombres de disidencias.

En la instancia, Orellana señaló que “estamos dando un paso a que el Estado activamente persiga a quienes cometen actos de agresiones, o violencia homofóbica, lesbofóbica y transfóbica y esperamos poder seguir profundizando ese mandato a través de la creación de institucionalidad que acoja a la población de la diversidad y la disidencia”.

Por su parte, Siches, sostuvo en la misma línea que “queremos defender y proteger a las personas pertenecientes a la diversidad y a las distintas disidencias de nuestro país. Es por ello que el día de hoy empezamos un trabajo conjunto para presentar querellas y hacernos parte activamente de todos aquellos delitos de alta connotación pública, que han golpeado tantas veces a las personas de las disidencias y las diversidades y han quedado invisibilizadas por parte de los distintos organismos del Estado”.

Así también, horas más tarde, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también se refirió al anuncio: “Lamentablemente Chile sigue experimentando distintos tipos de crímenes, de odio, y particularmente en los sectores más vulnerables siguen siendo las mujeres, la comunidad LGBTIQA+ y también niños, niñas y adolescentes”.

Por lo que destacó “hoy día se hizo un anuncio entre la ministra de La Mujer y ministra del Interior para tener un plan de litigación estratégica, es decir, que no solamente el ministerio de La Mujer hacerse parte a través de del Sernameg con querellas en caso de crímenes que afecten o delitos que afectan a mujeres trans y mujeres en general, sino que el Ministerio del Interior con aquellos delitos que son de alta connotación social”.

La directora Fundación Iguales, Isabela Amor, abordó también la propuesta y explicó que “celebramos todas las iniciativas que propendan a proteger a las personas de la diversidad sexual y de género, y siempre vamos a estar a favor de la restitución del imperio del derecho”.

“Sin embargo, nos preocupa que se reconozca esta necesidad de apoyar al Ministerio Público en la protección de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género. Aquí lo que estamos pidiendo desde la sociedad civil es una institucionalidad para prevenir, no nos sirve tener litigación estratégica una vez que los delitos de connotación violenta han sucedido, aquí lo que necesitamos es que no ocurran, para eso necesitamos una institucionalidad que prevenga”, añadió Amor.

Anteriormente, el sábado se llevo a cabo la marcha XXII del orgullo en el centro de Santiago que tuvo la participación del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, el senador socialista, Álvaro Elizalde y del vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez.

Dentro de las demandas, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) explicó que solicitan una reforma a la Ley Zamudio y derogación del artículo 365 del Código Penal, que según señaló el activista de la agrupación, Felipe Castillo, “estigmatiza y discrimina a jóvenes homosexuales, pues fija 18 años nuestra edad de consentimiento sexual, en circunstancias que para heterosexuales es de 14 años”.

En concreto, sobre la Ley Zamudio, la titular de la Mujer dijo que “actualmente ya es hora de revisar cuál ha sido el resultado de la aplicación de esa ley y eso es algo que está llevando a cabo la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia”.