IFE ampliado al 100% del registro social de hogares y mayor deuda pública: gobierno socializa nueva propuesta en el marco de agenda de mínimos comunes

En medio del diálogo iniciado entre el gobierno y el Congreso para la búsqueda de “una agenda de mínimos comunes”, el Ejecutivo elaboró una propuesta -que ya está circulando en la oposición- que plantea aumentar la cobertura del IFE ampliado al 100% del Registro Social de Hogares y otra serie de medidas que para su financiamiento requerirán solicitar el aumento de la deuda pública.

El documento de 3 páginas, al que tuvo acceso La Tercera, sobre “medidas extraordinarias de apoyo a las familias y pymes en un contexto institucional para enfrentar la pandemia provocada por el Covid-19″, propone inyectar recursos a las pymes y aliviarlas de sus impuestos y gastos, y revisar materias tributarias para que quienes ganan más paguen más impuestos para financiar las ayudas.

Con esto se busca“profundizar las ayudas a las familias chilenas que tantos dolores han sufrido por la pandemia”.

A continuación el detalle de cada una e las propuestas:

Según detalla el documento, consiste en la creación de un programa especial Covid-19 de apoyo a las pymes, con una” inyección especial de recursos por $1.000 millones de dólares, para financiar subsidios a las pequeñas y medianas empresas”.

Su objetivo es generar un “mecanismo de apoyo expedito y flexible para que las pymes puedan financiar sus gastos básicos de funcionamiento, como remuneraciones de sus trabajadores, arriendo y servicios básicos, entre otros”.

Junto con ello, “y para eliminar barreras de entrada, se permitirá que los empleadores con cotizaciones previsionales adeudadas producto de la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, puedan percibir recursos públicos de este tipo de programas de fomento productivo”.

Adicionalmente, y con el fin de incentivar los apoyos entregados para promover el empleo tanto en las pymes como en las empresas en general, se fortalecerán los subsidios Regresa, Contrata, Protege y Empléate, implementados a través del Sence, por medio de modificaciones al programa vigente para que permitan un mayor uso y extensión.

En esta línea, se propone “eliminar el pago de concesiones de Parques Nacionales y borde costero y eximir de pagos de rentas y tarifas de concesiones marítimas cuya actividad se relacione con escuelas de deportes náuticos y/o arriendo de equipos náuticos, mercado, feria, kiosko, restaurante, fuente de soda, cocinería, discoteca, hostal, resort, hotel, camping, recinto turístico, arriendo de cabañas u otra Infraestructura (atracadero, muelle, rampla, etc”.

También propone la “postergación del pago de patentes mineras que se encuentran para remate”. De acuerdo a la ley, establece el documento, “es posible autorizar por Decreto Supremo a la Tesorería General de la República para suspender los procedimientos judiciales que se hayan iniciado por desamparo de las pertenencias mineras en las zonas declaradas de catástrofe”.

Con el fin de alivianar la carga para las pequeñas y medianas empresas del país, se implementarán medidas por vía administrativa y legal para contribuir a su apoyo en el contexto de la pandemia como postergación del IVA y y un proyecto de ley de alivio tributario.

Respecto al primer punto, la propuesta establece que “se propondrá la postergación del pago del IVA para los meses de mayo, junio, julio y agosto para Pymes con caídas en venta de 20% o más, a través de la modificación al decreto vigente”.

Sobre el proyecto de ley de “alivio tributario a las pymes”, esto contempla una “disminución transitoria, hasta el 31 de diciembre del año 2021, de la tasa de interés penal, desde un 1,5% a un 0,5% mensual por cada mes o fracción de mes, por mora en el pago de todo tipo de impuestos y contribuciones”.

También establece que las pymes que “mantengan un saldo acumulado de IVA crédito fiscal a abril de 2021, y que presenten una disminución de sus ingresos de al menos un 20% producto de la crisis sanitaria, se propone un reembolso de dicho remanente, soportado en la adquisición de bienes o utilización de servicios entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021″.

Por último, las pequeñas y medianas empresas acogidas al régimen pro pyme general, que hayan tenido un resultado de pérdida tributaria en la operación renta 2021, “podrán solicitar la devolución del impuesto de primera categoría que hubiesen pagado el año 2020, imputando dicha pérdida hasta el monto de la renta líquida imponible del año anterior”.

El documento consigna que se incorporará a través de un proyecto de ley una modificación que permita aumentar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), del actual 80% llegando al 100% del Registro Social de Hogares.

Lo anterior, “significa pasar de aproximadamente 13 millones de beneficiarios a más 14 millones y medio, y respecto del costo fiscal, incrementarlo de $1.830 millones de dólares a más de $2.050 mensuales. Esto implica un costo fiscal, hasta junio, de casi $6.000 millones de dólares”.

Producto de la pandemia, “el sector salud ha requerido de recursos adicionales para enfrentar la crisis, así como el proceso de vacunación”, detalla la propuesta del Ejecutivo.

Para continuar dichas labores, “se reforzarán el financiamiento del sector salud, inyectando recursos para la atención primaria y los servicios de salud. Además, se revisarán los mecanismos y recursos para la reducción de listas de espera de enfermedades no Covid”.

Para el financiamiento de este nuevo paquete de medidas de apoyo para las familias, trabajadores y pymes, “se requerirá contar con recursos adicionales, por tanto, será necesario evaluar la necesidad de solicitar una nueva autorización de deuda pública ante el Congreso Nacional”, sostiene el documento del Ejecutivo.