Incautación de teléfonos, revisión de cuentas bancarias, mails y mensajería de RR.SS.: las acciones de la Fiscalía en la investigación por líos de platas

Diecinueve causas abiertas en 11 fiscalías regionales, que se encuentran indagando las eventuales irregularidades en convenios entre reparticiones públicas y 37 fundaciones.

Esas fueron las cifras que entregó este lunes el fiscal nacional, Ángel Valencia, en entrevista con Radio Duna, en el marco de las indagatorias por los líos de platas políticas.

“Hay investigaciones que son más sencillas y otras que son más complejas, estas son de las más complejas, porque involucran revisar cuentas corrientes bancarias, correos electrónicos, mensajería, incautación de teléfonos, revisión de mensajería de redes sociales, un conjunto de antecedentes que hacen que una situación como esta sea más lenta que investigar que otras”, detalló Valencia.

El persecutor recalcó que “hemos querido transmitir mediante acciones concretas a la ciudadanía que estamos actuando con la mayor celeridad posible y que le estamos asignando prioridad a estos hechos”.

Asimismo, Valencia apuntó que en estas indagatorias lo fundamental es establecer si los posibles delitos efectivamente ocurrieron.

“Parte del propósito de las investigaciones es precisamente poder establecer si los hechos que efectivamente ocurrieron o que vamos a poder probar son constitutivos de delitos, y en caso de ser constitutivos de delitos, de qué delitos, quiénes fueron las personas que participaron en ellos, y en esos casos cuáles con las penas que vamos a solicitar a los tribunales”, comentó.

Sobre los delitos que se podrían establecer tras las investigaciones, el fiscal nacional ya había advertido el pasado jueves que no quiere “caer en especulaciones”, puesto que las indagatorias están en pleno desarrollo.

Sin embargo, se aventuró a señalar que “probablemente vamos a poder estar hablando, eventualmente, de algún fraude al Fisco, de alguna malversación de tráfico de influencias, de negociaciones incompatibles, malversaciones de distinta naturaleza”.

Valencia también abordó las investigaciones por robos en reparticiones públicas, como los que afectaron al Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de las Culturas.

“La investigación de la Fiscalía Centro Norte afortunadamente ha tenido buenos resultados, en pocas horas se pudieron recuperar los computadores del Mideso (Ministerio de Desarrollo Social), se pudo detener a la persona que los había receptado, se pudo determinar la identidad de la persona que hizo las llamadas al ministerio, una persona privada de libertad, y junto con eso se pudo detener a la persona que habría hecho ingreso a la Subsecretaría de las Culturas y también al Mideso, que había sustraído dos computadores, y esa persona también está privada de libertad. Se recuperó la caja fuerte, vacía, como era esperable, y la investigación continúa para determinar la identidad de las otras tres personas que ingresaron con overoles”, enfatizó.

“Con esto lo que quiero decir es que hemos puesto mucho esfuerzo para poder aclarar estos hechos. Ahora, como lo he dicho en otras ocasiones, los robos son delitos comunes, pero no es común que ocurran tantos robos con estas características en el contexto de una investigación de esta naturaleza”, apuntó.

En esa misma línea, dijo que “es comprensible que la ciudadanía espere una explicación de aquello, y estamos realizando nuestros mejores esfuerzos, tanto es así que hay un foco investigativo en los robos de estos notebooks”.

Consultado sobre si existen sospechas de que los robos en dichas oficinas estén relacionados con los líos de platas, como se ha especulado desde algunos sectores, el fiscal nacional dijo que se debe investigar.

“No quisiera decir que hay una sospecha, pero lo que sí quisiera decir es que estamos trabajando para poder establecer si existe o no existe un hilo común entre estos robos”, sentenció.

Otro de los temas que tocó el fiscal nacional fue el caso de Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática, expareja de la diputada Catalina Pérez y representante legal de la fundación Democracia Viva cuando se firmaron los tres contratos -por 436 millones de pesos en trato directo- con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.

Andrade apareció públicamente por primera vez la semana pasada, en una entrevista de casi dos horas en el matinal de Chilevisión. Ahí afirmó que fue el Ministerio de Vivienda, y en particular el ahora exseremi Carlos Contreras, quien lo contactó para realizar los convenios con la fundación. Según Andrade, él habría comentado en su momento que no tenían “experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura”.

En perspectiva, aseguró ese día, “no debería haber accedido a eso, porque no teníamos necesariamente la expertise en la parte de construcción”. Luego dijo sentirse hoy “muy avergonzado de haber firmado esos convenios”.

“No soy yo el primero que afirma que es muy deshonesto asumir un encargo atribuyéndose una capacidad que uno no posee y recibir un dinero a cambio. Pero ese es un juicio ético, no es un juicio necesariamente jurídico”, dijo Valencia este lunes consultado por Andrade.

Luego, inquirido por la posibilidad de pasar de ese “juicio ético” a uno de carácter penal, Valencia señaló que necesita de ciertas circunstancias.

“Es posible pasar a la arista penal si se suman a ese hecho una serie de circunstancias que permitan agravarlo e incorporarlo dentro de todo este catálogo de situaciones muy graves, acciones muy graves, que escribe el Código Penal”, recalcó. Y agregó: “Lo relevante es si existía o no existía voluntad para cumplir ese contrato”.

Luego, para explicarlo de mejor manera dijo que lo haría en “abstracto”, “ya no refiriéndome al señor Andrade, sino que un caso general”.

“Cuáles son los hechos que se toman en consideración: se toma en consideración, por ejemplo, haya sido o no haya sido capaz una persona se cumplir un contrato, haya tenido o no haya tenido las competencias, si de verdad tenía el ánimo de cumplirlas, si quien me contrata sabía que yo nunca lo iba a cumplir y me contrata a sabiendas que nunca lo iba a cumplir o de que el cumplimiento iba a ser una simple parodia o que lo que se está vendiendo es significativamente más barato, más modesto, en relación con la suma total que me están pagando, ese ánimo defraudatorio es el criterio”, detalló.