El inicio del fin del caso SQM

Fue en enero de 2015 cuando el Servicio de Impuestos Internos incluyó en una querella contra el exsubsecretario Pablo Wagner -vinculado al caso Penta- una boleta emitida por su cuñada, Carolina de la Cerda, a la minera Soquimich. El hito es reconocido por quienes han intervenido en el caso SQM como la apertura de una caja de Pandora sobre el financiamiento ilegal a la política, que siguió días después con la aparición, en la carpeta investigativa, de boletas del hijo del diputado DC Roberto León y una asesora del entonces senador socialista Fulvio Rossi.

A tres años y medio de esa querella, que dio inicio a una arista que conmocionó al país por el amplio espectro de figuras políticos investigadas, el caso SQM está llegando a su fin.

Así lo anunció el propio fiscal a cargo, Pablo Gómez, al señalar ayer que la próxima semana no solicitará un aumento de plazo, por lo que su equipo estaría en condiciones de notificar el cierre de la investigación.

El próximo martes 26, de hecho, se llevará a cabo una audiencia donde se discutirá el plazo de la indagatoria, y según el pronóstico del Ministerio Público, tras esa discusión los fiscales notificarán el cierre de esa etapa del proceso, para que dentro de un lapso de diez días se presente la acusación.

"Estamos en condiciones de presentar la acusación en el plazo de diez días", dijo Gómez, situándose en que el juez de garantía selle este martes el fin de la investigación.

Entre las definiciones previas a la presentación de la acusación, el Ministerio Público notificó ayer al tribunal que agruparía en una sola causa a todos los imputados formalizados en la investigación.

Hasta ahora existían tres aristas, donde se incluía a imputados formalizados y desformalizados. Según explicó el Ministerio Público ayer, su idea es juntar en solo un grupo a todos quienes formarán parte de la acusación final y que posiblemente enfrenten un juicio oral.

"La idea es poder hacer una sola acusación, de tal manera de hacer un solo juicio oral", dijo Gómez.

Así, en la causa que está presta a llegar a su etapa acusatoria aparecen 17 personas formalizadas, entre las cuales destaca el exgerente de SQM Patricio Contesse y cinco reconocidas figuras políticas: el exsenador de la UDI Pablo Longueira, el exsenador Fulvio Rossi, el senador Jorge Pizarro, el exabanderado presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami, y el exembajador DC Marcelo Rozas.

También figuran cuatro familiares de políticos: el hijo del diputado DC Roberto León, Roberto León Araya; el hijo del senador Pizarro, Sebastián Pizarro; la esposa del exembajador Rozas, Michelle Raymond y su hijo Daniel Rozas. Otros cinco formalizados corresponden a excolaboradores de políticos: el exasesor de ME-O, Cristián Warner; la exasesora de Rossi, Mariela Molina; la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres, el extesorero del PPD Luis Matte, y la exjefa de gabinete de Longueira Carmen Luz Vadivielso.

En la lista también figuran casos no ligados a una arista política de los pagos de SQM: Eva Mujica, José Ruffin y Gabriel Santander. Los fiscales agregaron ayer que hasta ahora solo con un imputado formalizado, Alberto Tobar, se ha acordado un procedimiento abreviado con él.

Con todo, distintas fuentes explican que el fin del caso está comenzando y su desenlace aún es incierto, por lo que aún hay espacio para negociaciones de salidas alternativas a un juicio oral. En este escenario, no se descarta que se retomen las conversaciones entre la fiscalía y la defensa de Contesse.

El futuro de Contesse

Ayer Gómez y su equipo de fiscales compuesto por Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione reformalizaron al exgerente general de la minera, con quien han sostenido un tenso desenlace con el exejecutivo, quien, tras declarar tres veces en enero de este año, suspendió un cuarto testimonio. Sin últimos acercamientos con miras a concretar un procedimiento abreviado que se había negociado entre su defensa y la fiscalía, conocedores de las tratativas dicen, sin embargo, que todavía habría espacio para restablecer los contactos. Esto, porque una vez cerrada la causa, la defensa de Contesse podría solicitar su reapertura, y de conseguir más plazo de investigación, incluso podría concretar en ese lapso su declaración pendiente.

Entregar un nuevo testimonio significa para Contesse la posibilidad de obtener una atenuante clave -bajo el concepto de colaboración sustancial-, que posiblemente sustentaría la remisión de su pena. Pero el problema entre Contesse y la fiscalía es casi insalvable, porque -según fuentes informadas- el Ministerio Público exige al imputado incluir en su relato sobre información sobre platas políticas que Contesse no estaría dispuesto a ahondar, luego de haber apuntado, en su última declaración, a Marco Enríquez-Ominami como uno de los políticos que personalmente le solicitaron aportes. Así, estaría pendiente su versión, por ejemplo, respecto de los pagos que la minera efectuó a cercanos de Pablo Longueira.