Interponen nuevas denuncias ante Contraloría: piden investigar a las ministras Vega, Vallejo, Yarza y otras autoridades por presuntas faltas a la probidad

Dos nuevas denuncias ante la Contraloría General de la República se conocieron este sábado, las cuales fueron interpuestas el pasado jueves por el mismo abogado que solicitó al ente fiscalizador investigar al Presidente Gabriel Boric por presuntas faltas a la prescindencia de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

En esta ocasión, el jurista de Renovación Nacional (RN), Marcelo Brunet Bruce, solicitó indagar ciertos actos presuntamente perpetrados por la ministra Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; las titulares de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, y de Salud, María Begoña Yarza; la subsecretaria General de Gobierno, Valeska Naranjo, y el seremi de Salud de la Región del Biobío, Eduardo Barra, por haber incurrido en supuestas faltas a la probidad administrativa.

En la primera acción legal, se detalla que el pasado el día miércoles 10 de agosto las secretarias de Estado, junto con la subsecretaria Naranjo, durante sus jornadas de trabajo como servidoras públicas, se encargaron de realizar una actividad “de gran difusión pública”, destinada a la entrega de textos constitucionales.

Cabe recordar que en dicha jornada se instaló un kiosko en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, en el marco de la campaña “Chile Vota Informado”, para entregar de manera gratuita cientos de ejemplares de la propuesta constitucional. En ese contexto, la denuncia señala que las acciones que llevaron a cabo las referidas autoridades “exceden con creces las atribuciones y facultades que la ley confiere a las titulares de esos cargos ministeriales”.

“Como es posible advertir, las ministras Vega y Vallejo junto con la subsecretaria Naranjo han pasado por sobre el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, y en la ley Nº 18.575 y específicamente de los deberes de prescindencia contenidos en la señalada Ley Nº 19.884″, se extrae del documento.

Además, agrega que “lo obrado por las referidas autoridades, da cuenta de una actividad que las pone al margen de la ley, atenta contra los procesos electorales transparentes y viola las instrucciones impartidas por este órgano contralor en materia de prescindencia de las autoridades en los procesos electorales a las que deben sujetarse las autoridades que gobiernan el país en el momento que dichos procesos se realizan”.

El abogado advierte que esta actividad contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, “las conductas que esa disposición señala, de manera que quien infringe tales deberes puede ser sancionado incluso con la medida disciplinaria de destitución o de término de la relación laboral”.

A su vez, argumentó que la instalación de un kiosko en pleno centro de Santiago, atendido por dos ministras de Estado y una subsecretaria en horario laboral, para entregar textos constituiría una infracción a la regulación y un “atentado a la neutralidad que deben observar las autoridades, sobre todo cuando se trata de una elección tan importante como la que se celebrará el 4 de septiembre”.

En este caso, Brunet pide al contralor que se fiscalicen todos los cometidos, viáticos, horas extraordinarias del equipo de gabinete de las autoridades señaladas y sus asesores, además del respaldo de las contrataciones de bienes y servicios utilizadas para la realización de las actividades, la copia de las presentaciones, minutas, oficios, instrucciones y circulares que se hayan emitido por cualquiera de las carteras y reparticiones indicadas en relación al proceso constituyente.

En la segunda denuncia se solicitó investigar las declaraciones que fueron emitidas por el seremi de Salud de la Región del Biobío, Eduardo Barra Jofré, el pasado 28 de abril, cuando en una charla habría asegurado haber sido mandatado por el Presidente Gabriel Boric para impulsar la opción Apruebo.

En este contexto, se detalla que los dichos de la autoridad “son del todo graves ya que reconoce claramente haber sido mandatado por el Presidente de la República para realizar actividades en favor del texto a plebiscitar, situación nunca conocida respecto de la máxima autoridad del país, en orden a instruir a las autoridades de su confianza a desplegarse en campañas por opciones electorales afines al gobierno”.

Asimismo, en el escrito se establece una supuesta relación de este tipo de hechos con el aumento de las cifras de contagio por causa del Covid-19. “Hace pensar que las autoridades de gobierno, mandatadas por el Presidente Gabriel Boric Font estén desplegando actividades en favor de la opción Apruebo, en vez de estar trabajando por controlar la pandemia que actualmente vivimos”.

“Lo declarado por el seremi de Salud, da cuenta de una actividad que lo pone al margen de la ley, atenta contra los procesos electorales transparentes y viola las instrucciones impartidas por este órgano contralor en materia de prescindencia de las autoridades en los procesos electorales a las que deben sujetarse las autoridades que gobiernan el país en el momento que dichos procesos se realizan”, prosigue.

En la misma línea se acusó que dichas declaraciones indicarían que no solo el seremi de Salud del Biobío, sino que “el Presidente de la República, ha hecho caso omiso de las instrucciones impartidas, de manera pública y notoria”, sin que hasta entonces se hayan adoptado medidas por parte de la Contraloría o se haya emitido algún pronunciamiento respecto a esta conducta.

Al igual que en el primer caso, se advirtió que lo anterior contraviene el principio de probidad administrativa, y se señala que puede ser sancionado incluso con la medida disciplinaria de destitución o de término de la relación laboral.

Por lo anterior se pidió no solamente investigar las conductas del referido funcionario, sino que del propio Presidente Boric, de la ministra de Salud, Begoña Yarza, y de todas las autoridades designadas o nombradas por el actual jefe de Estado en la cartera de Salud.

“De acuerdo con las declaraciones del Seremi Barra Jofré, esto habría sido un mandato de la máxima autoridad, por tanto, la investigación debe abarcar a los equipos de gabinete, y asesores de todas las autoridades señaladas, no sólo en cuanto al uso de recursos públicos, desempeñar labores que vulneren las instrucciones sobre prescindencia durante el horario laboral, sino que también los recursos fiscales”, se indica.

En este caso específico, la acción legal solicita que se fiscalicen todos los cometidos, viáticos, horas extraordinarias del equipo de gabinete de las autoridades señaladas y sus asesores; que se audite la bitácora de los automóviles asignados a las autoridades señaladas, el consumo de combustible, peajes, pagos de estacionamientos de los automóviles asignados.

Finalmente, en ambas denuncias se pidió que se instruya a funcionarios de la Contraloría constituirse presencialmente para practicar las inspecciones e investigaciones, tomar declaraciones para determinar la veracidad y validez de lo señalado.