La arremetida de Jiles en el Tricel para zafar de multa de $ 1 millón

“Esta parte estima que la sanción impuesta resulta improcedente, toda vez que no soy responsable de los cargos que se me imputan”. Con esas palabras inicia el escrito que la diputada Pamela Jiles (PH) ingresó el lunes de la semana pasada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

¿La razón? Evitar la multa, por 20 UTM ($1.097.560), que el 31 de enero le impuso el Servicio Electoral (Servel) luego de que se le abriera un proceso administrativo sancionatorio en su contra.

La historia se remonta a las megaelecciones del 15 y 16 de mayo en que la diputada, luego de sufragar en el Centro Educacional de La Pintana, hizo un llamado a sufragar por su pareja, Pablo Maltés, quien entonces iba de candidato a gobernador por la Región Metropolitana (RM).

“¿Está en directo?, ¿Están en vivo?, ¡Estoy esperando a la colega que me diga si está en vivo!”, partió diciendo Jiles ante la prensa y las cámaras de televisión agolpadas a su alrededor, para luego agregar: “vengo a votar por ‘el abuelo’ Pablo Maltés, el abuelo gobernador, lo que significa votar contra el asesino..., asesino igual que Pinochet (...) Tenemos que votar por Pablo Maltés porque eso significa votar por la abuela Pamela Jiles”.

Rápidamente la situación provocó la advertencia del Servel, debido al incumplimiento de la normativa establecida en la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y escrutinios, que prohíbe, en su artículo 31, hacer propaganda electoral (entendida como “todo evento o manifestación pública”) durante el día de la elección.

Fue así que el Servel abrió un proceso administrativo sancionatorio en contra de Jiles, el cual concluyó el 31 de enero. “Dispónese la aplicación de multa a doña Pamela Jiles Moreno a beneficio de la Ilustre Municipalidad de la Pintana, de 20 UTM, por haber infringido lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 31 de la ley N° 18.700 (...) referido a efectuar propaganda electoral fuera del plazo legalmente establecido”. Cabe destacar que esa multa fue la más baja, considerando que las sanciones, según la misma ley, van desde las 20 UTM a las 200 UTM ($10.975.600).

La resolución ya fue notificada a Jiles, quien mediante un escrito de cinco páginas interpuso después un recurso de reclamación en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que es el órgano donde se puede apelar a estas resoluciones.

Dentro de los fundamentos, la diputada humanista -que alcanzó la reelección en la Cámara en los comicios de noviembre- recalcó que “esta parte estima y le asiste la convicción de que los hechos que motivan la resolución recurrida no constituyen propaganda electoral”.

Como argumento, mencionó que su llamado a votar por Jiles “se enmarcan en el ejercicio de mi derecho fundamental a la libertad de expresión y no con fines propagandísticos”, que fueron declaraciones hechas “a título personal”, “no existiendo solicitud de voto masivo de ninguna forma”.

Agregó que “aquello de preguntar si los medios de prensa se encontraban en vivo, no fue en ningún caso buscando realizar algún impacto mayor o buscar orientar o influir en el electorado en favor de don Pablo Maltés, cuestión que a esa altura resultaba absurda, fue porque en mi calidad de periodista empatizo con el trabajo que realiza la prensa y sobre todo con los reporteros y reporteras que están en terreno, de esa manera todos y todas podían lograr su cometido laboral”.

Además, Jiles sostuvo que “si los medios de comunicación repitieron en reiteradas oportunidades mis declaraciones y si éstas a juicio del señor Subdirector constituyen propaganda electoral, entonces, él mismo debió considerar formular cargos a todos los medios de comunicación que reprodujeron mis declaraciones”.

Como último punto, la parlamentaria recordó que Maltés no resultó electo, ya que obtuvo el quinto lugar con 274.639 votos (10,66%), detrás de Karina Oliva y Claudio Orrego que pasaron a la segunda vuelta. “Además de haber sido una sola declaración que no le otorgó al candidato Pablo Maltés una condición favorable respecto del resto de sus contrincantes, de hecho, no supuso un desbalance evidente en la intención de voto por parte de los electores por lo que incluso aplicando el principio de proporcionalidad que debe informar a todo procedimiento administrativo sancionatorio, no corresponde aplicar ninguna sanción, debiendo ser absuelta de las imputaciones”.

En la causa ante el Tricel figura el expediente del proceso administrativo sancionatorio y todos los pasos que el Servel tuvo que dar para finalmente aplicar la sanción en contra de Jiles. Fue así que el 28 de mayo el Servicio Electoral designó como fiscal instructor a la funcionaria Daniela Castillo Norambuena.

La profesional más tarde hizo un reporte en el que dio cuenta de los hechos y, además, se reveló que la manifestación de Jiles motivó un total de 2.821 denuncias ciudadanas en su contra.

Luego de ello vinieron los descargos de la legisladora, quien dentro de su argumentación afirmó que el Servel en casos anteriores zanjó el asunto de forma diferente.

Más tarde vino el proceso de declaración de testigos donde Jiles citó al propio Maltés para que hablara de la denuncia y si consentía que la diputada hubiese llamado a votar por él. “Consentí y consiento porque lo que ocurrió es que en el trayecto hacia el local de votación fuimos conversando y uno de los temas de conversación fue uno que plantee yo, que es que me parecía procedente que yo votara no por mí, sino por otro candidato”, contó Maltés, para luego agregar: “ya que recuerdo en el colegio que era reprochable que uno votara por uno mismo, sino que lo correcto es que se debiese votar por otro (...) Esto es simple, una conversación tal cual, y la Pamela no estaba de acuerdo, creo que ese es el origen de la situación posterior (...) Creo que la finalidad fue decir que ella y yo teníamos que votar por mí y que no había conflicto ético al respecto”.