La carta de bancadas de Chile Vamos a Cariola en la que apuntan contra La Moneda por acciones en comisión de caso Monsalve

Los jefes de las bancadas de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli enviaron este viernes una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), en la que manifiestan su preocupación por acciones del gobierno en el marco del trabajo de la comisión especial investigadora encargada de indagar en actos de autoridades y policías por la denuncia en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En la misiva, se refieren a las ausencias de funcionarios de Interior citados a la instancia de la Corporación y también al comportamiento del ministro Álvaro Elizalde en la pasada sesión en que acompañó a la vocera Camila Vallejo.

Las bajas a las que se refieren apuntan a Alejandro Aguín, de la División de Gestión y Modernización de la Subsecretaría de Interior; Camilo Araneda, Jefe de la Unidad de Gestión de Conflictos de la División de Gobierno Interior, Ilse Sepúlveda, periodista de Ciberseguridad del Ministerio del Interior y Gustavo Herrera, excoordinador y control de gestión del gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Aguín, Herrera y Sepúlveda se excusaron por motivos de salud, mientras que Araneda por estar en servicio en la Región de los Ríos, señalando que dicha visita estaba agendada con anterioridad. Los cuatro habían sido citados para la sesión de este martes, pero debido a sus ausencias se activó un plan B, y concurrieron por segunda vez Pía Mundaca Ovalle y Carlos Durán Migliardi, jefes de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá y del Presidente Gabriel Boric, respectivamente.

“El gobierno ha llevado adelante una serie de desvinculaciones y ha dispuesto de comisiones de servicio con el objeto que funcionarios que tuvieron conocimiento directo de los hechos y que accedieron el testimonio de los involucrados, no puedan ser objeto de citación o se excusen de comparecer a las citaciones emanadas de la referida comisión especial investigadora. Resulta necesario recordar que las citaciones han sido despachadas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, más precisamente de sus artículos 52 y 54 respectivamente”, dice el texto.

“La sesión dispuesta para el día de ayer martes 17 de diciembre debió ser reformulada ya que todos los funcionarios citados argumentaron problemas de salud o incluso cometidos funcionarios, evadiendo con ello su comparecencia a la referida comisión investigadora. Parece no existir conocimiento por parte de los funcionarios gubernamentales, y de sus respectivas jefaturas, de la obligación legal y constitucional que tienen de comparecer a las citaciones de las comisiones especiales investigadoras y de la irrelevancia que tiene para esta instancia de fiscalización cometidos funcionarios u otros compromisos que deben ser evidentemente postergados frente al emplazamiento que hace la Cámara de Diputados a través de sus comisiones especiales investigadoras”, agregan.

En esa misma línea, señalan que “parece ya una fórmula consolidada en el presente gobierno la desvinculación de funcionarios que pueden entregar antecedentes relevantes a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, los que luego son reubicados en otros organismos u órganos de la Administración transcurrido un tiempo. De esta forma, se busca minimizar el rol fiscalizador de esta Cámara de Diputados en una fórmula tramposa que impide alcanzar la verdad, tal como ha ocurrido en la concesión de indultos por parte del Presidente de la República a fines del año 2023 o en el proceso que rodea la denuncia de violación y la salida del gobierno del exsubsecretario Manuel Monsalve”.

La carta también apunta contra el Elizalde a raíz de los sucedido en la sesión de este lunes, en que la portavoz del Ejecutivo respondió las preguntas de los parlamentarios.

Es que mientras Vallejo respondía una pregunta de la diputada Carla Morales (Ind.-RN), el titular de la Segpres apagó el micrófono de Vallejo para permitir la intervención de la diputada Daniella Cicardini (PS). El hecho derivó en que el presidente de la comisión, Miguel Mellado (RN), le pidió a Elizalde que no interviniera, señalándole: “Usted no tiene velas en este entierro”.

“Queremos manifestar nuestro más profundo malestar por la actitud adoptada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don Álvaro Elizalde, quien sin citación ni invitación alguna frecuenta las sesiones de la Comisión Especial Investigadora N°62 y particularmente en la sesión celebrada el día lunes en la sede del Congreso Nacional de Santiago, se permitió interferir en las preguntas y en la actividad de la referida instancia fiscalizadora, apagando el micrófono de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, en momentos en que ésta se disponía a responder las consultas de los diputados”, reclaman.

En concreto, señalan que “la acción imprudente y alejada de los marcos democráticos, buscaba entregarle la palabra a una diputada oficialista y evitar que la ministra Vallejo respondiera la consulta formulada por la diputada Carla Morales, lo que a nuestro juicio importa un atentado flagrante a la independencia y la autonomía de esta Cámara de Diputados respecto del gobierno y merece una reacción proporcional por parte de esta Corporación”.

Ante esto, requieren a Cariola que se haga presente al Presidente Gabriel Boric “la necesidad de poner término a acciones como las señaladas precedentemente, que ponen en peligro la independencia y la autonomía del Congreso Nacional. Más allá de la pertenencia de los miembros de la Mesa al bloque oficialista, creemos que la Cámara debe responder de manera corporativa frente a cualquier intento por socavar las herramientas fiscalizadoras que tiene particularmente esta Cámara de Diputados de conformidad con el artículo 52 N° 1 de nuestra Carta Fundamental”.

Y apuntan que las excusas esgrimidas por los funcionarios de Interior y conductas como la del ministro Elizalde, enlace con este Poder del Estado, “resultan inadmisibles y demandan por parte de este órgano legislador un pronunciamiento corporativo, en tanto se busca anular competencias que son entregadas por la Constitución en el afán de preservar el sistema de pesos y contrapesos que son fundamentales para la integridad del Estado democrático”.

En ese sentido, piden salvaguardar “la independencia y la integridad de las competencias constitucionales y legales de esta Cámara, haciendo presente lo expuesto precedentemente a S.E. el Presidente de la República, comprendiendo la relevancia que ello tiene para nuestro régimen democrático”.