La hora final de Contesse

El 1 de mayo pasado, Patricio Contesse González abandonó Upeo, el campo donde pasó los últimos meses con reclusión nocturna en la Región del Maule, y retornó a su casa en Lo Barnechea a cumplir la misma medida cautelar.

Su regreso se da en un momento clave del caso SQM, que ya cumple tres años de investigación. La próxima semana se determinaría si finalmente Contesse González optará por un procedimiento abreviado o enfrentará un juicio oral por el financiamiento irregular de la política a través de la empresa Soquimich.

A Contesse González se le imputan delitos tributarios por la entrega de fondos a políticos mediante boletas y facturas ideológicamente falsas, y soborno por la llamada arista "Royalty", donde se le acusa de haber gestionado cambios a la ley sobre impuesto minero con el exsenador y exministro Pablo Longueira.

Para el primer grupo de ilícitos (todos en carácter de consumados y reiterados), la posibilidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía para arribar a una condena a través de un procedimiento abreviado es altamente probable. Aquí no se contempla cárcel sino libertad vigilada.

Es en el segundo delito, el cohecho, donde radica el conflicto.

La negociación debe zanjarla el fiscal Pablo Gómez, a cargo del caso -quien acaba de retornar de vacaciones- y el abogado Samuel Donoso, quien representa a Contesse.

Ambos han sostenido una serie de reuniones en las últimas semanas sin conseguir, aún, cerrar un acuerdo. Según fuentes de la investigación, el gran escollo en cuanto a la imputación de soborno está en dos preposiciones y una palabra: por y para, y favorecer. Y lejos de ser un problema gramatical, esas definiciones se han tornado en el centro del asunto jurídico.

El Ministerio Público ha insistido en que en la arista "Royalty" del caso, cuyo plazo de investigación vence el próximo 30 de mayo, el exgerente de Soquimich debe reconocer que la serie de recursos entregados desde 2007 a 2013 a cercanos al exsenador -y que suman más de $ 720 millones, incluyendo las donaciones a Chile Justo y Fundación Web- tuvieron como objetivo el conseguir de Longueira ciertos favores.

En lo específico, se le imputa que la sugerencia sobre la Ley de Royalty por el terremoto de 2010, en que Contesse González envía un articulado que quedó en la ley y la sugerencia sobre una modificación al Código de Aguas, que no prosperó, son pruebas de que el ingeniero forestal estaría cometiendo soborno. Es decir, entregó dinero a un funcionario público para tener acceso a este y requerir actuaciones específicas.

Desde el entorno de Contesse señalan que éste reconocería que efectivamente dio dinero a cercanos a Longueira, pero que lo hizo con el mismo fin que ha admitido en sus tres declaraciones: ayudar a la actividad política. Desde allí, sostienen, no se moverá. Gómez, aclaran, puede darle su propia interpretación a qué significa aquello e imputar soborno abierto. Esto implica que un juez defina si lo hubo o no. En cualquier escenario, Contesse no accederá a admitir algo así.

De cómo se resuelva la disputa depende que Contesse González concrete su último testimonio comprometido con la fiscalía y, además, el alcance de este.

El exgerente de SQM aún no aclara otros "aportes" significativos a, por ejemplo, Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli, quien trabajó en la campaña de Michelle Bachelet. Tampoco se ha referido a los pagos de cuatro proveedores que prestaron servicios a la campaña de Sebastián Piñera en 2009 y que fueron rectificados. Aquí, por ejemplo, la periodista María Inés Alliende Barbera, de la Productora Pandemia Producciones, declaró que "las facturas dan cuenta de servicios que prestamos a Piñera para su campaña y para el cambio de mando". Estos papeles están prescritos, pero la relevancia política de lo que puede testificar Contesse es una consideración que maneja su defensa.

La determinación de Contesse ha sido, hasta ahora, sincerar qué ocurrió en el caso de Marco Enríquez-Ominami, de quien dijo que conocía el "mecanismo" para allegar fondos a su campaña. No ha hecho lo mismo respecto de otros personeros, con quien ha usado su derecho a guardar silencio. En otros casos ha sostenido que no recuerda los detalles de las donaciones al margen de la ley. Pero todo ello, aseguran cercanos a Contesse, podría cambiar.

En cualquier escenario, juicio oral o procedimiento abreviado, plantean allegados al ex gerente general, este no debería arriesgar cumplimiento de pena efectiva. Para su sanción, que podría incluir una multa, debería considerarse además lo ya pagado por SQM. La empresa, por la arista Royalty, tuvo una suspensión condicional del procedimiento en su contra, que implicó el pago de $ 2.550 millones: $ 900 millones al Estado y $ 1.650 millones a fundaciones de beneficencia. Y en su condena, a Contesse además se le deben descontar los días que ha pasado privado de libertad: exactamente tres años.