La trastienda del pacto para una nueva Constitución

Una conversación telefónica sostuvo ayer, cerca de las 16.40, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. A esa hora, en la sede del Congreso en Santiago se habían realizado y se continuaban produciendo numerosas reuniones entre dirigentes y legisladores de oficialismo y de oposición para lograr un acuerdo para una nueva Constitución, un tema con el que el gobierno y el Parlamento buscan ir saliendo de la crisis social y política que ya se ha extendido por casi un mes.

En el diálogo, Quintana le dio a conocer al jefe de gabinete del Presidente Sebastián Piñera la fórmula en la que se estaba avanzando entre Chile Vamos, el Frente Amplio y la ex Concertación, ya que el PC no participó de las conversaciones.

La llamada marcó un punto de inflexión respecto a la dura mañana de negociaciones, aunque las tratativas siguieron durante toda la jornada hasta pasadas las 2 de la madrugada, cuando se oficializó el acuerdo. Se trata de un inédito pacto transversal que se produjo en el día número 28 desde el estallido social, que comenzó por el alza en la tarifa del Metro y que se extendió a otras demandas.

Con la presencia de representantes de todos los partidos que participaron en las tratativas, en la sala de lecturas del Congreso, el encargado de verbalizar el acuerdo fue Quintana. La fórmula consiste en, primero, un plebiscito con dos preguntas: una que plantea si quiere o no una nueva Constitución; y otra sobre el mecanismo. Y se establecen dos alternativas: una "convención constitucional" compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para esa labor; o una "convención mixta constitucional", que incluye un 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos electos.

La idea es realizar el plebiscito en abril del próximo año (con voto voluntario) y que cualquier acuerdo al que llegue la instancia para elaborar la nueva Constitución requerirá el apoyo de 2/3 de sus miembros.

Los términos pactados consideran también que los miembros a elegir serían escogidos junto a los comicios municipales y de gobernadores, es decir, en octubre de 2020, manteniendo el voto voluntario. Y una vez cumplida esa etapa, se da un plazo de hasta nueve meses para redactar el nuevo texto constitucional, prorrogable una sola vez por tres meses.

La cantidad de integrantes será definido por una comisión técnica, designada por los partidos de manera "paritaria entre la oposición y el oficialismo".

Posteriormente, se realizará un referéndum ratificatorio para aprobar o rechazar esa nueva Constitución. Para esto último, se resolvió establecer voto obligatorio. Y está contemplado para 60 días después que el órgano constituyente entregue el texto constitucional. La idea, además, es que no coincida con la elección presidencial y parlamentaria de 2021.

A la fórmula se llegó tras dos jornadas de frenéticas conversaciones en el Congreso. El miércoles, los timoneles de la ex Concertación habían propuesto a Chile Vamos, pasadas las 22.00, una convención constituyente como fórmula intermedia entre el Congreso constituyente -que había promovido el gobierno- y la asamblea constituyente, que era demandada por la oposición. La fórmula que pusieron sobre la mesa apuntaba a que esa instancia tuviera un 80% de representantes de la ciudadanía y un 20% de legisladores. También planteaban que funcionara con un quórum de 3/5 (para aprobar los acuerdos en torno al contenido de la Constitución) y que tuviera la facultad de modificar completamente la Carta Magna.

Y ayer, Chile Vamos respondió con dos propuestas, tras una reunión en la que, además, estuvieron en contacto telefónico con Piñera. La primera: que la convención esté conformada en un 50% por parlamentarios y 50% por ciudadanos. La segunda, que estuviera integrada en un 40% por legisladores, en un 40% por ciudadanos electos para esa labor y el otro 20% por delegados constituyentes que actuaran como expertos en la materia. La clave, eso sí, es que en esa contrapropuesta del oficialismo se dejaba fuera un plebiscito de entrada, que era algo que impulsó RN en las horas previas. Esa decisión final del bloque provocó críticas de la centroizquierda, sector que acusó un "retroceso" en los diálogos y calificaron el planteamiento como "antidemocrático". En todo caso, fuentes oficialistas dicen que eso se hizo como estrategia para, después, terminar cediendo, reincorporando el plebiscito y pidiendo, a cambio, que la oposición también cediera en otros aspectos.

El esquema definitivo, finalmente, sufrió varias modificaciones respecto a esas últimas propuestas, ya que, en RN, el timonel Mario Desbordes estaba disponible a ceder para que existiera, incluso, un 100% de personas electas, a lo que se resistía la UDI.

El giro se produjo en varias conversaciones, pero principalmente en una que tuvo el senador Juan Antonio Coloma (UDI) con el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) alrededor de las 15.00. Ambos comenzaron a explorar la fórmula que, finalmente, se estampó en el acuerdo.

Luego, Boric conversaría ese esquema con parlamentarios de oposición, entre ellos, los senadores del PPD Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber; mientras, Coloma hacía lo mismo con los de su sector. Minutos después, Boric, Harboe y Lagos Weber se reunieron con los dirigentes UDI: además de Coloma, la timonel Jacqueline van Rysselberghe y el jefe de bancada, Javier Macaya, entre otros. Tras ese encuentro, los parlamentarios de oposición conversaron con el presidente de RN y, luego, se dirigieron a la oficina del senador Andrés Allamand para sostener una reunión con un grupo de legisladores de ese partido.

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Todo el día parlamentarios y dirigentes partidarios se reunieron en la sede del Senado en Santiago.[/caption]

Harboe, en tanto, abordó después la fórmula con el resto de la oposición: primero, con los otros senadores PPD y el timonel de esa colectividad, Heraldo Muñoz, cita a la que llegaría Boric. El diputado del Frente Amplio, además, había abordado el tema con Jaime Bellolio, el primero de la UDI que se había abierto públicamente a un plebiscito de entrada.

A esa reunión también llegó Desbordes, quien estuvo de acuerdo con la idea, pero planteó -según los asistentes- que a la instancia con 100% de ciudadanos electos no se le denominara asamblea constituyente, pese a que, en la práctica, lo es.

Ya a las 16.30, después de esos diálogos, Chile Vamos tuvo otra reunión, casi a la misma hora en que el senador Quintana le comunicaba el principio de acuerdo al ministro Blumel. Casi una hora y media después, el bloque oficialista volvería a encerrarse en una oficina. Entre otros, asistieron por RN Desbordes; Allamand; los diputados Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez; y el senador Francisco Chahuán; por la UDI, Van Rysselberghe; Coloma; Bellolio y la senadora Ena von Baer; y por Evópoli, el timonel Hernán Larraín Matte, el senador Felipe Kast y los diputados Luciano Cruz-Coke y Francisco Undurraga.

Más tarde, pasadas las 19.00, la oposición y Chile Vamos intercambiaron borradores del acuerdo para ir afinando los detalles finales. Así, cuando eran cerca de las 20.00 se comenzó a preparar la sala de lectura en el Congreso para dar a conocer oficialmente el acuerdo, mientras Chile Vamos se reunían nuevamente en la oficina del senador Coloma para afinar detalles, y la oposición sostenía un encuentro en el comedor de la presidencia del Senado.

A ese último encuentro de la centroizquierda se sumaría el oficialismo. Y si bien a esas alturas eran varios los dirigentes, de distintos partidos, que estaban de acuerdo con la fórmula, surgieron una serie de trabas que pusieron en riesgo el acuerdo.

Mientras desde algunos sectores de Chile Vamos comenzaron a impulsar la idea de consultar en un plebiscito por tres mecanismos -y no dos-, también hubo diferencias sobre las inhabilidades para los parlamentarios que participarían de una convención y sobre el quórum para acordar el contenido de la Constitución.

Pese a que había un relativo consenso en fijar ese umbral en 2/3 de los miembros de la instancia que se estableciera para elaborar el texto constitucional, las principales discrepancias surgieron en torno a qué hacer si no se lograba ese quórum en ciertas materias.

Fue en este aspecto en el que se entramparon en mayor medida las conversaciones para viabilizar un anuncio, que, antes de que surgieran esos escollos, se veía inminente para alrededor de las 20.00. A esa hora, el Presidente Piñera se reunía con los ministros del comité político en La Moneda, con quienes abordó el avance de las tratativas y comentó que una de las trabas era el plebiscito inicial. Todos los presentes -dicen fuentes del Ejecutivo- estaban de acuerdo en que se incluyera una consulta sobre qué mecanismo se debe usar, pese a que en las horas previas el gobierno quería intentar que se lograra un acuerdo sobre cuál sería la instancia y que no se incluyera eso en el plebiscito. Eso, sin embargo, fue inviable.

Pero, además, desde La Moneda señalaban que la traba sobre los casos en que no se lograra quórum era clave, considerando que ya estaba establecido en el preacuerdo que el proceso partiría con lo que denominaron como "hoja en blanco", es decir, elaborando la Constitución desde cero. Así, cuando ya eran más de las 21.00 -hora en la que Piñera se retiró de La Moneda- las conversaciones continuaban en la sede del Congreso en Santiago en torno a ese punto. La preocupación apuntaba a qué pasaría si no se acuerdan ciertos temas con el quórum de 2/3: si, entonces, se desechan y se deja un vacío o si, por el contrario, en esos casos se determina mantener lo establecido en la actual Constitución.

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Cada bloque discutió en los pasillos los avances de la negociación.[/caption]

La alternativa que proponían desde el oficialismo era que quedara establecido lo que existe hoy en la Carta Fundamental, ya sea automáticamente o que esos puntos que se mantendrían inalterables también tuvieran que ser aprobados por 2/3. Y como eso sería inviable en la práctica, ese diseño se planteó como una forma de, ante el riesgo de que queden vacíos, obligar a que se llegue a un acuerdo en todas las materias: ya sea para elaborar una nueva redacción, para mantener lo que existe hoy o para encontrar una salida intermedia.

El objetivo es evitar problemas: por ejemplo, que quedaran sin regulación los tribunales de justicia, el Banco Central o ciertos derechos sociales. Ese y otros casos fueron parte de numerosos diálogos que ocurrieron entrada la noche, por ejemplo, entre el senador Coloma, el abogado constitucionalista Fernando Atria (ex PS) y el senador socialista Alfonso de Urresti. Este último, además, conversó después el tema con Desbordes, Harboe, Boric y el diputado Matías Walker (DC).

En la oposición calificaban el planteamiento de Chile Vamos como "impresentable" y como una "trampa", lo que fue parte de varios ásperos diálogos entre legisladores de ambos sectores. Algunos dirigentes de centroizquierda, como el timonel radical, Carlos Maldonado, planteaban que los vacíos que quedaran se pueden legislar posteriormente, pero que no podían aceptar la alternativa de mantener elementos de la actual Constitución.

En paralelo, en La Moneda ya se había preparado el Salón Azul para que Blumel diera una conferencia en caso que se sellara un acuerdo, pero con las trabas de las últimas horas crecía la inquietud en Palacio y los ministros Blumel y Felipe Ward contactaban a dirigentes para monitorear las negociaciones, que continuaron con una propuesta de última hora. Esta fue transmitida por Harboe -mandatado por la oposición- al oficialismo. Y se basa en una fórmula del abogado constitucionalista Francisco Zúñiga: que la discusión sobre la nueva Carta Fundamental se realice desde lo general a lo particular, es decir, fijando primero acuerdos por 2/3 sobre lineamientos macros y, posteriormente, avanzando en aspectos específicos, que también requerirán ese quórum. Con ese diseño, lo que se busca es minimizar las posibilidades de disenso en aspectos clave, apostando a evitar que queden vacíos en la Constitución. En todo caso, al final se acordó que la propia convención determinará ese tipo de procedimiento.

Otra duda que se despejó en la noche fue sobre las inhabilidades e incompatibilidades, es decir, qué pasa si un parlamentario es electo para la instancia que elabore la Constitución: en definitiva, se resolvió que los parlamentarios u otras autoridades que quieran postular al órgano constituyente que se determine cesarán en sus cargos al momento de declarar esa postulación. Y, además, quedarán inhabilitados por un año para competir en elecciones, por lo que, en el caso de los legisladores, quedarían fuera de los comicios de 2021.