Las batallas que vienen por "la idea de legislar"

Un macizo triunfo se anotó el gobierno la semana pasada cuando logró -con votos de la DC- aprobar la idea de legislar de la reforma tributaria. El hito marcó un precedente cuyas consecuencias aún no están del todo claras, pero que, a primera vista, permite proyectar los escenarios que tendrá que enfrentar el Ejecutivo en otros proyectos emblemáticos para su gestión.

Así, tras ocho meses del ingreso del mensaje inicial, La Moneda optó por negociar con la directiva de la falange un acuerdo para contar con el voto decisivo de sus diputados en la Comisión de Hacienda y destrabar de esa forma su votación en general. El escenario contrario habría sido considerado como una dura derrota para el gobierno, sobre todo en vista de que varios de sus ministros y el propio Presidente Piñera se jugaron por salvar la iniciativa en esa instancia.

Ese primer respiro para La Moneda, en todo caso, fue solo un momento. En las próximas semanas el Ejecutivo tendrá que sortear la votación en general de al menos cuatro proyectos de ley relevantes -la ampliación del control preventivo de identidad, cuidados paliativos y las dos iniciativas de Admisión Justa- y una de las principales reformas comprometidas en el programa del Mandatario: la reforma previsional.

Si bien se ha puesto en duda la relevancia que puede tener la aprobación o rechazo de la idea de legislar, es decir, de que el Congreso se abra a debatir y tramitar una determinada iniciativa, en la oposición han llegado a la convicción de que cualquier negociación con el gobierno -sobre todo, en el caso de las grandes reformas- debe darse previo a su aprobación en general. Y esa ha sido la estrategia que ya ha adoptado el sector para hacer frente tanto a la reforma tributaria como a la previsional.

El argumento de la oposición, que ha sido exteriorizado por varios de sus dirigentes, como el senador PPD Felipe Harboe y el vicepresidente del PS, Camilo Escalona, apunta a que, de lo contrario, el gobierno -al no tener mayoría en el Parlamento- pueda recurrir al veto presidencial para modificar los puntos incorporados por ese sector durante la discusión particular de los proyectos. Ese diagnóstico se dio justamente luego de que el año pasado el gobierno utilizara ese recurso para modificar lo aprobado por el Congreso en materia de salario mínimo.

La repetición de ese escenario, sin embargo, ha sido descartada por el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, como un mecanismo viable, al menos, en materia tributaria.

En La Moneda, en todo caso, afirman que la estrategia para enfrentar la tramitación de cada una de las normativas se analizará en su mérito, pero agregan que se mantendrá la idea de negociar con los parlamentarios que están "más dispuestos" al diálogo y que, en ese sentido, continuarán apostando a los votos de la DC.

Tras la aprobación de la reforma tributaria, la posibilidad de que la DC vuelva a desmarcarse del resto de la oposición en otros debates legislativos se instaló con fuerza en la centroizquierda. Esto, porque pese a la coordinación que logró el sector en materia tributaria, la falange de todas formas accedió a cuadrarse con el gobierno a última hora.

Por lo mismo, el temor de que los esfuerzos que se han hecho para enfrentar de forma unitaria la votación de la idea de legislar en la reforma previsional, que se encuentra en su primer trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara, inquieta a varios sectores de la oposición.

Sin embargo, advierten que la composición de dicha instancia podría dificultar que se replique el escenario tributario. Esto, porque el único diputado de la DC que está en la comisión y que, de hecho, la preside, es Raúl Soto, quien ha sido uno de los principales críticos a la decisión de la directiva de su partido de aprobar en general el proyecto tributario. Incluso, ha dicho que se encuentra en un "estado de reflexión" respecto de su continuidad en la falange.

En ese contexto, Soto reiteró que los parlamentarios de oposición de la instancia están por no aprobar la idea de legislar la reforma previsional tal como está, y advirtió que no está "dispuesto a asumir los costos políticos de un nuevo desmarque de la DC en otro proyecto emblemático del gobierno".

"Puedo dar garantías de que lo ocurrido en tributaria no ocurrirá con la reforma previsional. Voy a buscar siempre priorizar la unidad y la coordinación de la oposición en esta materia", agregó.

Un elemento que en el gobierno, admiten, configura un escenario más complejo es la salida de quien hasta marzo era integrante de la Comisión de Trabajo, el diputado del ala más moderada de la DC, Miguel Ángel Calisto, quien asumirá la presidencia de la Comisión de Seguridad.

Si bien el gobierno, que tiene minoría en esa instancia, tendría que convencer a solo un diputado opositor para sortear la idea de legislar, el perfil del único DC le da menos margen. Pero pese al difícil panorama, en el Ejecutivo están optimistas. Aseguran que en este proyecto en particular, el respaldo de la ciudadanía es amplio y, por lo tanto, la estrategia de que los "costos políticos" los asuma la oposición ante la opinión pública, dicen, "es más fácil de aplicar". "Acá asumirán ellos los costos políticos si no apoyan la reforma", repiten como mantra en Palacio.

De hecho, la apuesta del gobierno es ambiciosa y buscan que el proyecto sea despachado del Congreso y se transforme en ley durante este año. "Me voy a jugar personalmente (...) para que esta reforma sea ley este año", dijo el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, hoy en entrevista con La Tercera.

En línea con el anuncio de Monckeberg, en el Ejecutivo afirman que esperan que dentro de estas semanas se inicie con fuerza el despliegue comunicacional para instalar los beneficios de la reforma a las pensiones.

De igual manera, las mismas fuentes dicen que para "presionar" a la centroizquierda a votar y conseguir que se apruebe la idea de legislar, no renovarán la urgencia simple con la que se encuentra el proyecto y que vence la semana del 10 de mayo.

En línea con lo que transmiten en La Moneda, el diputado Soto subraya que él tiene toda la voluntad de seguir sesionando tres veces por semana para lograr votar en general la reforma las primeras semanas del próximo mes. Y admite que en el caso del proyecto de pensiones, al ser "prioritario para la ciudadanía", las "posibilidades ciertas de rechazar la idea de legislar son más limitadas".

Otro de los proyectos que el gobierno busca aprobar en su idea de legislar "lo antes posible" y cuya tramitación prevé compleja, es la iniciativa que busca ampliar el control preventivo de identidad.

El proyecto que lidera el titular del Interior, Andrés Chadwick, y que se encuentra en la Comisión de Seguridad de la Cámara, comenzará a ser revisado por la instancia la última semana legislativa de abril.

La iniciativa cuenta con un amplio rechazo de la oposición, principalmente, porque busca ampliar el control preventivo desde los 14 años de edad, medida que, incluso, aún no convence a todo Chile Vamos.

En esa línea, si bien en el Ejecutivo destacan la nueva presidencia del diputado Calisto (DC), reconocen que no será fácil enfrentar la resistencia a la aprobación en general del proyecto.

De hecho, el parlamentario DC aseguró a este medio que "no tengo mi voto decidido. Pero me parece poco correcto señalar a priori un rechazo".

Y agregó: "Si los proyectos son buenos, por supuesto, que nos vamos a abrir a la idea de legislar. Esa es la posición de la DC, no estamos en una actitud de trincheras".

Pero más allá de la postura de Calisto, fuentes del sector aseguran que ya habría un acuerdo transversal para rechazar la idea de legislar del proyecto del gobierno.

Tan complejo vieron en el gobierno el escenario que se dio en la Comisión de Educación de la Cámara en torno al proyecto de Admisión Justa, que optaron por dividir el mensaje inicial en dos proyectos distintos e ingresar la parte más controvertida al Senado y el resto a la Cámara.

Las iniciativas apuntan, por un lado, a restituir la posibilidad de que los liceos de alta exigencia puedan seleccionar por mérito académico a sus estudiantes y, por otro, modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), abriendo la posibilidad de que los establecimientos educacionales puedan seleccionar un 30% de su matrícula en razón de su proyecto educativo, revirtiendo la Ley de Inclusión aprobada por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

La división del proyecto fue interpretada por la oposición como una fórmula de descomprimir el escenario que se abrió luego de que la ministra iniciara una gira nacional promoviendo la iniciativa del Ejecutivo, despliegue que incluso fue llevado a la Contraloría por el PS.

En ese contexto, y cuando tanto en el Senado como en la Cámara la oposición se ha mostrado cuadrada para rechazar la necesidad de legislar en esa materia, desde el Ejecutivo admiten que su avance será complejo.

A lo anterior, dicen en La Moneda, se suma el hecho de que en ambas cámaras las comisiones de Educación serán lideradas por el Frente Amplio.

En ese contexto, desde el Mineduc han desplegado una estrategia de diálogo con la oposición. De hecho, la ministra Marcela Cubillos busca reunirse con los parlamentarios del sector en los próximos días.

En el Ejecutivo, además, esperan aprobar, en segundo trámite, la idea de legislar del proyecto de migraciones, que se encuentra sin movimiento en la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por Juan Pablo Letelier (PS) y la del proyecto que reforma la Ley Antiterrorista, donde Interior está evaluando dividir el proyecto para agilizar su tramitación.

Para más adelante, en tanto, se prevén al menos dos nuevas batallas, cuando ingresen dos reformas claves para el gobierno, el corazón de modernización laboral y la nueva ley de isapres. En ambos casos, aún se desconoce cuál será la cámara que elegirá el Ejecutivo para viabilizar su tramitación (ver recuadro).

En el gobierno y en el oficialismo son conscientes de que la tramitación de las grandes reformas es un test fundamental. Pero, asimismo, conscientes del complejo escenario que enfrentan en el Congreso, insisten en que no toda la acción del Ejecutivo debe plasmarse en proyectos de ley, y que también hay que echar mano a la vía administrativa.