“Vamos a hacer las sesiones en los municipios, y las sesiones centrales las dejamos a cargo de la gobernación. Incluso está propuesta una sesión en el teatro (…). Sabemos que hay una situación conflictiva; necesitamos cuidar a la Convención y a nosotros”.

Con esas palabras, y al omitir a la Universidad de Concepción, Elisa Loncón ponía en duda el pasado 27 de octubre a la casa de estudios penquista como sede para la realización de las sesiones de la Convención Constitucional que preside, en el contexto de la primera salida en pleno a regiones del órgano constituyente, programada para la semana del 22 de noviembre.

Pero ¿a qué situación conflictiva hacía referencia Loncón? La historia es así: entre febrero y marzo de 2020 -poco más de tres meses después del estallido social- la UdeC sufrió una serie de desórdenes y daños al interior de su campus, ante lo cual la Corporación Universidad de Concepción presentó ante el Juzgado de Garantía de Concepción una serie de querellas criminales por los delitos de daños ocasionados en monumentos nacionales y robo en sitio no destinado a la habitación e incendio, contra todos quienes resultasen culpables de los hechos y con daños avaluados en más de 80 millones de pesos.

De acuerdo a la querella inicial, todo comenzó el 7 de febrero, cerca de las 19 horas, cuando una masa de sujetos ingresó al recinto educativo, “siendo atacados los guardias de seguridad, fracturando los individuos las ventanas de la totalidad de la garita, para luego incendiarla”.

Además, dice el texto, la turba incendió “de manera simultánea dos camionetas de la Facultad de Ciencias Naturales” y quebró 49 vidrios de ese edificio. Siempre acorde a la querella, el grupo despedazó también la barrera ubicada frente a la Laguna de los Patos y arrancó todas las señaléticas de dicho sector, incendiando un contenedor de reciclaje, quebrando además 15 ventanas de la Facultad de Ciencias Químicas, 15 de Ingeniería de Sistemas, siete de Biomédica, una de la Biblioteca Central, destrozando, además, la totalidad del cerco del perímetro al monumento homenaje de los 100 años de la universidad.

Una segunda querella señala que el 10 de febrero, a las 18.50 horas, otra vez un grupo de individuos ingresó a la UdeC, “accediendo simultáneamente al casino de este edificio, para lo cual quebraron una ventana (…), procediendo una vez al interior a sustraer diversas especies, entre las cuales se encontraban vestimentas y una caja registradora”. Además, acorde al escrito, los individuos destruyeron un carro de la brigada de incendios, incendiaron un carro de transporte de agua de la Facultad de Ciencias Naturales, fracturaron 10 señaléticas, destruyeron el muro de piedra laja, arrancaron un escaño de madera desde su base y destruyeron un basurero metálico, dentro de otras cosas.

Tras meses de investigación, la PDI logró detener a 12 jóvenes por cerca de 80 delitos cometidos en ese contexto. Entre los detenidos había delincuentes habituales y ninguno estaba vinculado a la universidad ni como estudiante ni como trabajador. Algunos de ellos quedaron con medidas cautelares que han ido modificándose en el tiempo, como arrestos domiciliarios nocturnos, firmas quincenales o la prohibición de salir del país y acercarse a la universidad.

Pero hay otro detalle no menor que le aporta más antecedentes a la historia que ha puesto a la UdeC bajo la lupa: quien ha representado a la casa de estudios es el abogado Andrés Norberto Cruz Carrasco, hoy constituyente por el distrito 20, quien llegó ahí como candidato independiente en el cupo del Partido Socialista.

“Yo fui quien presentó la querella y quien representó a la universidad, pero ya no puedo seguir siendo por mi trabajo en la Convención. De hecho, no me involucré en este debate interno, traté de ser cauteloso, ni siquiera intervine cuando se trató este tema, para evitar agudizar la discusión; que los argumentos los dieran otros”, dice el propio Cruz.

Su opinión, eso sí, es clara respecto del debate que se generó en torno a si sesionar o no en la UdeC: “Fue lamentable que se haya levantado esto, tomando en cuenta que los hechos por los cuales la universidad presentó la querella ocurrieron en febrero de 2020, muy posterior al estallido y al acuerdo para instalar la Convención. No tiene ninguna relación lo uno con lo otro y es falso que las querellas hayan sido contra estudiantes”. Y añade: “Detrás de esto hay un eslogan, simplemente una medida de chantaje en contra de la universidad y que no se puede tolerar”.

Por estos días los imputados están siendo notificados de que la audiencia se llevará a cabo el 23 de noviembre. Y como los procesos penales siguen vigentes, nueve convencionales del PC y la ex Lista del Pueblo (Bastián Labbé, Elisa Giustinianovich, Alondra Carrillo, Manuela Royo, Carolina Vilches, Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloria Alvarado y Vanessa Hope) pidieron, a través de una carta no utilizar las dependencias de la UdeC para la salida de noviembre. Según ellos, la acción del plantel universitario sería contraria a la declaración que la Convención suscribió en julio y que exigía la liberación de las presas y presos políticos del estallido social.

Sin embargo, un grupo de siete convencionales primero y otro de 31 después fue en la dirección opuesta, al pedirle a Loncón que sí considerara a la casa de estudios. “Es un campus que no solo desde el punto de vista material es una riqueza patrimonial. Realmente la riqueza de la universidad también está dada por su comunidad. Me parece que un desacuerdo, que no estoy diciendo que no pueda existir, respecto de una gestión reciente de hechos ocurridos dentro de la universidad, no puede obstaculizar que la Convención sesione en un plenario dentro de la universidad”, dijo en ese momento Amaya Alvez, profesora de la UdeC, representante del distrito 20 y quien lideró el oficio de los 31 a la mesa directiva.

Cinco días antes de las declaraciones en que Loncón ponía en duda a la UdeC, la propia presidenta de la Convención y su vicepresidente, Jaime Bassa, se habían reunido con Carlos Saavedra, rector de la casa de estudios. En la cita habían ratificado un convenio que implicaba tres áreas de colaboración, siendo una de ellas la disponibilidad de los tres campus en el Biobío, además de su Unidad Santiago, para la realización de actividades. Hasta ahí, que el pleno sesionara en las dependencias de la universidad se daba por descontado. Luego vino lo ya descrito.

“Como universidad pública comprometida con el devenir de nuestro país, lo que hicimos en conjunto con el gobierno regional fue indicar que poníamos a disposición de la Convención la infraestructura y capacidades humanas para apoyar la primera salida a regiones”, dice primeramente el propio rector Saavedra. Sin embargo, aclara, “es resorte de la Convención tener una decisión libre y autónoma sobre en qué lugares sesionará”.

Eso sí, también defiende el accionar de la institución que lidera. “La universidad tiene todo el derecho de buscar los mecanismos que resguarden la seguridad de las personas, su infraestructura y su historia”. Por eso, agrega, “bajo ninguna circunstancia puedo imaginar que la UdeC cambiara sus decisiones para que la Convención pudiese sesionar acá (...). No vamos a aceptar presiones indebidas, especialmente cuando estas se fundan en hechos que no se condicen con la verdad”.

¿Cuál es esa verdad que defiende? “Estas actividades fueron fuera de todo contexto del estallido social, no responden a ningún otro propósito más que dañar el patrimonio y afectar la seguridad de las personas, en periodo de vacaciones. Nos parece extremadamente grave, por lo que la universidad ha adoptado la decisión de que cualquier solución sea por vías legales”, señala el rector.

En ese sentido, Saavedra, quien recalca que su universidad facilitó una oficina “para apoyo de las víctimas de atropellos a los derechos humanos durante el estallido”, cuenta que a raíz de todo lo que ha envuelto a su casa de estudios en los últimos días sostuvo una conversación con la directiva de la Convención. “Me llamó Jaime Bassa para hablar de esto y me clarificó que bajo ninguna circunstancia él o alguien de la mesa quería generar presiones a la universidad”, revela. Y añade: “Sí hablamos de que la Convención tenía autonomía para tomar decisiones, así como también la universidad para el resguardo y cuidado del patrimonio y las personas”.

En medio de la polémica, esta semana la Convención debe ratificar la propuesta para su primera salida a regiones. Respecto en específico de la casa de estudios, ésta albergaría un foro constituyente, pero no una sesión del pleno. “Se va a convocar a los convencionales del distrito para que participen de una mesa de trabajo y se perfile en específico lo que se va a hacer en el caso particular de la Universidad de Concepción”, dijo al respecto Loncón la semana pasada.

Por lo mismo, el rector Saavedra desdramatiza: “Si la Convención decide que alguna actividad se va a hacer en nuestra universidad, por supuesto que acompañaremos como corresponde. La cantidad de actividades son acotadas y tienen que tomar decisiones con espacios que se consideren y otros que no”. Y cierra: “Si podemos acompañar, lo haremos con la misma convicción que si desarrolláramos algunas sesión plenaria, porque todas las actividades son de relevancia”.

Algunos convencionales también se hacen parte del debate. Una de ellas es Paola Grandón, representante del distrito 17 por la lista Apruebo Dignidad. “Pienso que sería un grave error vetar a la Universidad de Concepción y así lo entendió la mesa directiva en un acuerdo que nos fue comunicado hoy”. El acuerdo que menciona es justamente la realización del foro constituyente.

“Si bien existe una querella interpuesta por el rector, las universidades las construyen no solo sus autoridades, sino que también sus alumnos, exalumnos y funcionarios. Durante el estallido social, la Universidad de Concepción prestó apoyo jurídico y psicológico a las víctimas y colaboró con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, añade la constituyente, quien cierra que la UdeC “es una institución seria, ejemplo de descentralización en nuestro país, que ha probado estar comprometida con los derechos humanos y el proceso constituyente”.

Asimismo, Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, señala que “para la Convención Constitucional es un deber sesionar en los territorios del país y lo hará con el apoyo y respaldo de los habitantes de esos territorios. Si en alguno de ellos hay alguna pizca de objeción, hay que revisar si se sesionará en ese territorio o se sesionará, pero sin generar dificultades a los convencionales”.

Así, añade que en lo particular, la Universidad de Concepción “reúne todos los méritos para sesionar en su sede, pero hay objeción estudiantil debido a querellas presentadas por su rectoría en contra de personas que habrían ocupado el recinto durante el estallido social, cometiendo eventuales delitos”. Por eso, añade, “la justeza de la demanda estudiantil no la voy a cuestionar, por ello me parece indispensable el diálogo, para que en la eventualidad de que se sesione en el recinto de la universidad se haga con tranquilidad y armonía, con respeto a todos los integrantes de la Convención”.