Las tres fiscales que comandan la fase final del caso SQM

En las últimas semanas, las tres fiscales a cargo del caso SQM, Claudia Perivancich, Paola Castiglione y Carmen Gloria Segura, activaron una intensa ofensiva judicial que incluye lograr que el exministro Pablo Longueira, pese a no tener querella del Servicio de Impuestos Internos, enfrente en juicio oral cargos por delitos tributarios. Que intenta también que el senador DC Jorge Pizarro pierda su fuero parlamentario para poder acusarlo. Y que busca que el exsenador PS Fulvio Rossi no sea sobreseído del caso.

La arremetida de estas tres representantes del Ministerio Público que hoy sostienen el desenlace del principal caso de financiamiento irregular a la política ha sorprendido al interior del Ministerio Público.

Cuando Perivancich asumió la jefatura regional de Valparaíso y, por tanto, se convirtió en superior jerárquica de Castiglione y Segura en el caso, señaló ante la opinión pública que no descartaba llegar a procedimientos abreviados respecto de algunos imputados. "Hay que evaluar si esos 16 acusados van a llegar en definitiva a juicio oral o existe la posibilidad de terminar causa antes respecto de algunos acusados en juicio abreviado, que siempre es una posibilidad", fueron las palabras de la autoridad regional.

Sin embargo, a poco andar, la persecutora respaldó con su propia firma la propuesta de sus compañeras para acudir al Tribunal Constitucional y cuestionar la facultad exclusiva del SII para perseguir penalmente a contribuyentes involucrados en delitos tributarios. La inédita ofensiva se funda en la idea de que la propia Constitución confiere al Ministerio Público la tarea de perseguir delitos. Por lo que, a juicio de las fiscales, no poder hacerlo es inconstitucional.

Esta semana, el equipo logró una victoria en el caso, con un rol activo de Castiglione y Segura: revocar en la Corte de Apelaciones el sobreseimiento de Rossi. La acción judicial tuvo su origen bajo la administración del exregional Pablo Gómez -hoy radicado en Inglaterra- y su éxito reimpulsa la posibilidad de que el exsenador se enfrente a jueces orales para comprobar si cometió o no delitos.

La semana anterior, las fiscales habían sufrido una insólita derrota al interponer un recurso de queja contra 19 ministros de la misma Corte de Apelaciones que no dieron el vamos para que el senador DC en ejercicio, Jorge Pizarro, fuera desaforado. El recurso fue tempranamente decretado inadmisible, causando amplios comentarios al interior del Ministerio Público.

Perivancich, Segura y Castiglione se conocen desde hace años. La nueva regional entró al Ministerio Público en 2003 y asesoró al actual fiscal nacional, Jorge Abbott, y al propio Gómez cuando cada uno dirigió la Fiscalía que hoy ella comanda.

Castiglione y Segura, en tanto, son consideradas una dupla en tribunales: litigan juntas, se dividen líneas de investigación y, si impulsan alguna decisión, llegan consensuadas a proponerla a sus superiores.

La fiscal Castiglione -cercana a Perivancich y persecutora adjunta en Vaparaíso- desde 2016 que viaja todos los días a Santiago. Su dedicación exclusiva al caso SQM la obligó a fijar como base de operaciones un edificio en pleno centro de la capital donde comparte oficina con la fiscal Segura.

Según relatan conocedores del estilo de trabajo interno, explican que con la llegada de Perivancich al equipo -que incluye a otros fiscales de apoyo y abogados asesores- se ha hecho necesario ir al detalle de la causa para que la nueva regional pueda estudiarla. Así, las mismas fuentes explican que la jefa del equipo ha entregado un personal respaldo a las acciones tomadas.

Desde el 29 de diciembre -día en que asumió Perivancich- al menos unas cuatro veces han debido juntarse las tres fiscales tanto en Santiago como en Valparaíso.

Bromean -dicen testigos-, con el hecho de que, finalmente, tras varias disputas entre fiscales y designaciones, terminó ocurriendo que tres mujeres se quedaron a cargo de la fase final del caso.

Por ahora las tres se encuentran alineadas con la idea de agotar todas las instancias para llegar al fondo de lo que este caso ha puesto en entredicho: si emitir boletas falsas para conseguir recursos para campañas políticas es un delito o no. De allí la idea de recurrir al TC, asunto que incluye una nueva paralización de la causa. Porque las fiscales piden en su escrito que mientras no se resuelva y fundamente la razón por la cual el Ministerio Público no puede perseguir delitos por hechos que no hayan sido querellados por el SII, esta no avance.

La ofensiva incide sobre tres imputados que no poseen querella nominativa en su contra por delitos tributarios: Pablo Longueira (que también está imputado por cohecho); el extesorero del PPD Luis Matte y el senador Pizarro. Este último fue querellado por el SII, pero en virtud de haber presentado declaraciones de impuestos incompletas.

El TC podría ver ese requerimiento esta semana y definir si se acoge o no a trámite el recurso.