El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, acusó una “campaña política” por parte de la oposición para desacreditar a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, tras conocerse el pronunciamiento de la Controlaría por la compra de la Clínica Sierra Bella, que el municipio pretendía hacer por más de $8 mil millones.

Durante la jornada del jueves, el órgano contralor determinó en un informe de 32 páginas, entre otros puntos, cuestionamientos en la compra del recinto por un “precio injustificado” de $ 8.252.873.341, dejando de manifiesto “una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio (…) en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora”.

En entrevista con el medio ligado al PC, El Siglo, el exdiputado manifestó que el deseo de la edil fue atender las necesidades de salud de la población de la comuna de Santiago y que “como Partido Comunista sacamos una declaración pública donde se respalda y reivindica las formulaciones que como municipio se hizo”.

Asimismo, acusó que “no se puede obviar, junto a lo anterior, que estamos ante una campaña política, donde la derecha está anteponiendo sobre la implementación de políticas públicas legítimas y legales, una campaña para desacreditar el proyecto de la alcaldía y al rostro del proyecto que es la alcaldesa Irací Hassler, con vista a la próxima elección municipal. Al mismo tiempo golpear este tipo de gestión municipal social”.

Respecto al uso de dineros fiscales en la compra del inmueble, Carmona afirmó que “la gente de Santiago y a nivel país, pueden tener la tranquilidad de que no se ha gastado ni un solo peso, ni una milésima de peso, en llevar adelante una política, un proyecto, por justo que fuera, en tanto no estuviera validado por la Contraloría. No se han perdido recursos, no se ha malgastado un recurso”.

Tras la resolución de la Contraloría, la alcaldesa Hassler, informó que no perseverará en la compra del recinto y anunció sumarios administrativos para determinar responsabilidades dentro de la Municipalidad de Santiago. Además, durante esta jornada comunicó la desvinculación del director jurídico y del secretario de Planificación Comunal del Municipio de Santiago.

Durante la conversación, Carmona también abordó la situación de seguridad que enfrenta al país y que tuvo en intensas negociaciones al Ejecutivo con el Congreso para definir una agenda de rápida tramitación de distintos proyectos en la materia.

Detalló además que la agenda de seguridad no significó un desgaste dentro de la coalición gobernante, a pesar de las diferencias existentes entre sus integrantes. “Tuvimos un debate en función de un proyecto de la derecha, y es natural que algunos tuviéramos una posición contraria en algunos puntos, en otros votamos de manera conjunta. No hubo una simulación de que por el hecho de estar en el gobierno somos mellizos, no, somos distintos, somos diez partidos y eso enriquece el debate y la argumentación. Entonces, no veo que todo eso tenga que ver con un elemento de debilitamiento del gobierno, para nada”, sostuvo el exlegislador.

En esa línea, también desestimó las críticas que se han efectuado en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. Al respecto, Carmona manifestó que “desde nuestro sector, llamaría la atención en cuanto a que los interesados en desacreditar a la ministra es la derecha que se ha propuesto no permitir que se siga gobernando como corresponde y encajonar, agobiar, presionar al gobierno, con acoso político hacia las principales autoridades. Que nadie se confunda”.

En relación con los cuestionamientos que surgieron en el oficialismo, especialmente desde el PC y el Frente Amplio a la Ley Nain-Retamal, -la que pensaron impugnar en el Tribunal Constitucional- el secretario general de la tienda señaló que “una valoración o validación de lo que se haga desde el Legislativo no puede nunca, jamás, bajo ninguna condición, no explicitar que no se puede confundir una política policial para reprimir al narcotráfico o el crimen organizado, con una política que impida la expresión de la movilización social como factor democrático. En aquello está, debe estar, el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Sobre otros proyectos que ya ingresaron al Legislativo, como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para policías y Fuerzas Armadas, Carmona estimó que “sobre las reglas del uso de la fuerza tenemos expectativa de que contribuya a determinar muy bien ese privilegio en cuanto al uso de la fuerza por las policías”.