Ley humanitaria: gobierno evalúa nueva fecha para su envío

"Luego" o "muy pronto" ha dicho, en más de una ocasión, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para responder sobre cuándo el gobierno va a enviar el denominado proyecto de ley humanitaria.

La iniciativa -que forma parte del programa del Presidente Sebastián Piñera y contempla normar la conmutación de penas a condenados a prisión efectiva que padezcan enfermedades graves o terminales o que hayan alcanzado una edad avanzada- debía ser enviada al Congreso a fines de agosto, tal como habían anunciado en varias ocasiones las autoridades de gobierno, sin embargo, esto no se concretó.

Desde entonces, las carteras de Justicia y Segpres han estado evaluando una fecha propicia para el inicio de la tramitación de este proyecto de ley.

De hecho, el lunes pasado, Larraín sostuvo que "probablemente será presentado en las próximas semanas o meses, no sé exactamente, a tramitación legislativa".

Y añadió que la iniciativa ya salió de Justicia y que ahora se encuentra en la Segpres.

En La Moneda dicen que hubo algunos episodios de la contingencia que provocaron que se generara un escenario complejo para el envío del proyecto.

Dentro de estos hechos, el Ejecutivo considera, por ejemplo, cuando -el 30 de julio pasado- la Corte Suprema emitió fallos permitiendo la libertad condicional de reos del penal Punta Peuco, abriendo un debate en torno al otorgamiento de estos beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad.

Este hecho generó una complicación, reconocen en La Moneda, debido a que la ley humanitaria del gobierno incluye a todos los presos, incluso los que hayan cometido violaciones a los DD.HH.

Por esta razón, el escenario era adverso, dicen las mismas fuentes, debido a que el proyecto podría verse como una señal en apoyo a ese sector. Esto, justo en medio de las críticas de la oposición al fallo de los ministros de la Suprema, quienes, incluso, impulsaron una acusación constitucional en su contra, la que finalmente no prosperó, al ser rechazada el jueves 13 de septiembre por la Cámara de Diputados.

Otro de los factores que consideraron en La Moneda para retrasar el envío del proyecto fue la polarización que generó la polémica por los dichos del ahora exministro Mauricio Rojas sobre el Museo de la Memoria, ad portas de una nueva conmemoración del Golpe de Estado.

En paralelo, los fallos de la Suprema lograron, además, que se instalara el debate legislativo sobre el otorgamiento de libertades condicionales, reactivándose una iniciativa que estaba frenada desde 2016.

Bajo este escenario, el Ejecutivo optó por hacerse parte de la discusión y presentar una propuesta, la que incluyó criterios como el deterioro físico y mental de los condenados.

En esa iniciativa, el Ejecutivo incluyó a las personas diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal, a quienes tengan una dependencia severa y a personas desde los 80 años que hubiesen cumplido la mitad de su condena.

Esto último en línea con lo que se busca plasmar en la ley humanitaria y que, por ende, dicen en el Ejecutivo, también fue un factor que ha demorado el ingreso de esa iniciativa debido a que son temas que están relacionados.

Sin embargo, durante el debate legislativo la oposición solicitó al gobierno dejar fuera de la normativa que regula las libertades condicionales las razones humanitarias. Y pese a que la comisión mixta aún no se pronuncia sobre ese artículo, quedaría fuera debido a que el Ejecutivo tiene minoría en la instancia.

Esta situación generó que, por estos días, Justicia volviera a replantearse la idea de ingresar prontamente el proyecto de ley humanitaria. Esto, dicen algunos, como una señal a los sectores "más conservadores" de Chile Vamos, quienes -en más de una oportunidad- han manifestado preocupación por el estado de salud de los reos de Punta Peuco.

Pese a eso, en Segpres aseguran que aún no hay una fecha definida, y que el Mandatario es quien fija los plazos. Otros añaden que una buena alternativa sería ingresarlo cuando finalice la tramitación de la ley de libertades condicionales.

El artículo que se aprobó la semana pasada en la comisión mixta destrabó en gran parte el debate que debe sortear la nueva normativa sobre libertades condicionales. Esto, porque el punto que había generado mayores diferencias entre el Ejecutivo y la oposición era, precisamente, el régimen especial del otorgamiento del beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad.

Finalmente y, pese a los intentos del gobierno para fraguar un acuerdo con la oposición en esta materia, el sector logró imponer su postura, aprobándose por seis votos a favor y cuatro en contra la inclusión del arrepentimiento y la colaboración eficaz como requisitos básicos para que dichos criminales accedan al beneficio.

Zanjada esa controversia, según integrantes de la comisión, el resto del articulado -que establece disposiciones para delitos considerados comunes- debería despacharse a más tardar a fines de septiembre.

De hecho, los miembros de la oposición le ofrecieron al ministro Larraín hacer una reunión antes de la próxima sesión, que tendrá lugar a la vuelta de la semana distrital, para llegar a un acuerdo técnico en el resto de la normativa.