Lobby 2.0 y prevención de conflictos de intereses: los “cortafuegos” del gobierno en probidad y transparencia

El gobierno dio a conocer este jueves que puso en discusión en el Congreso Nacional -a través de Mensaje Presidencial- dos iniciativas para robustecer la agenda de probidad y transparencia.

Los proyectos fueron anunciados esta mañana en La Moneda por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, en compañía de la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos.

“La semana pasada llegaron dos mensajes del Presidente (Gabriel) Boric para iniciar la discusión respecto del proyecto de Ley del Lobby 2.0 y el proyecto de regulación de la puerta giratoria o post-empleo que es básicamente para regular el traspaso de autoridades del sector público al sector privado. Estas son leyes muy importantes que se enmarcan dentro del trabajo que el gobierno ha realizado junto con la OCDE, precisamente para elevar los estándares de probidad y transparencia en nuestro país”, dijo el secretario de Estado.

Sobre la iniciativa denominada Ley de Lobby 2.0, que ya inició su tramitación en la Cámara de Diputados, detalló que establece un estatuto de representantes de intereses y se crea la figura de los representantes calificados de intereses.

“Se establece también una especie como de periodo de enfriamiento o reglas de puerta giratoria para quienes se desempeñan en el sector público y no pueden hacerlo después como gestores de intereses, que se conocen por reglas generales como lobistas, y por tanto de esa forma se vela por un mayor nivel de transparencia e información disponible para el control ciudadano al respecto”, explicó.

Además, se amplía el concepto de lobby y las actividades que comprenden, se regula la influencia ejercida sobre los nombramientos políticos, y “se establecen las agendas abiertas de parte de las autoridades que tendrán que ser publicadas mensualmente”, entre otras.

En enero, los titulares de los ministerios del Trabajo (Jeannette Jara), Interior (Carolina Tohá), Agricultura (Esteban Valenzuela) , Relaciones Exteriores (Alberto van Klaveren), Economía (Nicolás Grau) y Medio Ambiente (Maisa Rojas) estuvieron en el foco de la polémica, luego que se hiciera público que participaron en reuniones en el departamento del lobbista y exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett, las que no fueron registradas.

Respecto al proyecto para prevenir conflictos de intereses, el ministro de la Segpres explicó que establece “un periodo de enfriamiento”.

“Una autoridad que ha tomado determinadas decisiones, después no puede ir a trabajar a las instituciones privadas respecto a las cuales tomó esas decisiones. Y eso se llama como periodo de enfriamiento. Y por tanto, durante ese periodo, no puede ser contratado por una empresa privada, por ejemplo”, dijo.

Así mismo, contiene una regulación respecto a los exfuncionarios de organismos fiscalizadores. “No solo autoridades o jefes de servicios, sino que también y por sobre todo, organismos fiscalizadores, obviamente por el rol que desempeñan con respecto a las instituciones que son sujetos de fiscalización”.

También, se amplía la prohibición de nepotismo en la administración y en las contrataciones, se regulan los sistemas de integridad, y se extiende el ámbito del deber de abstención, “que es cuando una autoridad no puede tomar una determinada decisión porque hay un conflicto de intereses y por tanto tiene que ejercer este deber”.

Por otra parte, se modifica el Código Penal para efectos de establecer una pena de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos respecto de quienes sean condenados por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, violación de secreto, cohecho y cohecho de funcionario extranjero, entre otros.

Elizalde aseguró que en este caso las sanciones serán drásticas, “que van de 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a 1.500 UTM. Estamos hablando de poco más de 6,5 millones de pesos a casi 100 millones de pesos”.