Ministro Jackson asegura que el proyecto de amnistía a los presos del estallido es “más acotado, creemos que es más transversal y podría generar un mayor consenso”

Este martes el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, se refirió al anuncio que hizo ayer desde La Moneda -junto a la senadora Fabiola Campillai- de poner “suma urgencia” al proyecto de amnistía para los denominados “presos del estallido social”.

Al respecto, el ministro señaló -en Radio Universo- que el proyecto “dejó fuera del catálogo de delitos varios relacionados particularmente con control de armas que era uno de los aspectos más sensibles (...), por lo tanto, hoy día el proyecto es más acotado, creemos que es más transversal y, por lo tanto, podría generar un mayor consenso, dado que al menos tomó y recogió varias de las indicaciones que se hicieron en la comisión para disminuir el catálogo de delitos”.

Consultado por el catastro de personas que podrían acceder a la amnistía, el ministro precisó que “nuestra dificultad está en la cuantificación de las personas que hoy día están privadas en libertad, pero hay un catastro de cerca 50 personas que al menos están en prisión preventiva que aún no han tenido juicio, muchas de ellas han pasado un año, casi dos años, sin obtener un juicio. Hay una situación que sin duda a cualquier persona que estaría involucrada en esto generaría impotencia, sensación de que no habría acceso a la justicia, muchas veces estos casos sin contar con mayor nivel de pruebas, manteniendo a personas privadas de libertad por la connotación que han tenido algunos de esos delitos”.

En la misma línea, Jackson aclaró que anteriormente la Cámara Alta, presidida entonces por la senadora Ximena Rincón (DC), solicitó un informe que arrojó “por distintos catálogos de delitos, un total cercano a las 700 personas”, pero que ahora existe una disminución porque se acotaron los delitos que se considerarían dentro de la amnistía, además de que “las personas no quedan amnistías inmediatamente sino que tienen que hacer la solicitud cumpliendo distintos requisitos y eso va a depender de la cantidad de personas que logren acudir, por lo tanto, no vamos a saber el número exacto”.

En tanto, respecto al catálogo final de delitos considerados en el proyecto, aseguró que “es más acotado y que está particularmente circunscripto a desórdenes públicos, también a lo que ha sido robo en lugar no habitado muchas veces asociado al saqueo al supermercado principalmente”.

“En las querellas de Seguridad Interior del Estado había personas que estaban querelladas por haber robado unos detergentes y un six-pack de bebidas, entonces hay situaciones que durante más de dos años el Estado persiguió con abogados públicos por perjuicio en este caso cadenas de supermercados que no superaban los 30 mil pesos. Eso no era desde nuestro punto de vista materias que afectaran la seguridad nacional y por eso mismo es que retiramos las querellas muchas de ellas de Seguridad Interior del Estado”, agregó el secretario de Estado.

Jackson también dijo que “muchas veces se caricaturiza y se dice mira acá lo que se está planteando en la ley de indulto es que quieren dejar en libertar a las personas que casi matan a alguien y no, no hay ningún delito que haya sido en contra de las personas, al menos en lo que hoy día se está discutiendo para que se trámite en la sala del Senado”.

Así también, entre otras medidas, el ministro precisó que desde el gobierno “se genera una reparación a quienes han perdido muchas veces sus fuentes de empleos, sus pymes y ese trabajo que está haciendo el Ministerio de Economía para apoyar a quienes pueden haber sufrido algún destrozo o algún saqueo”.

Consultado por la viabilidad que tendría el proyecto para obtener los votos en la Cámara Alta, el titular de la Segpres expresó que “el carácter por el cual se ha debatido y en la caricatura desde la cual se hace referencia a esto sin haber leído el alcance del catálogo de delitos que está incorporado, hace que se haya generado mucha resistencia. Yo al menos confío que una vez se dé cuenta el proyecto en la sala, los senadores y senadores puedan revisar el contenido de cuáles son los casos en los que esto podría aplicar y al mismo tiempo en las otras medidas que se están tomando, sobre todo en el ámbito reparatorio para las pymes”.

El pasado 26 de enero, la Comisión de Constitución del Senado despachó a sala la iniciativa. En ella se estableció el “catálogo de delitos” que se considerarían en la amnistía, dejando fuera los hechos más graves, como el homicidio frustrado o las agresiones a policías. Sin embargo, los senadores decidieron incorporar dentro de la ley los ilícitos de incendio incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal, que dicen relación con siniestros menores de objetos en los cuales no se pone en riesgo la vida de las personas y los daños no exceden las 40 UTM, por ejemplo, las barricadas, entre otros.

Asimismo, se estableció que los delitos que se verán favorecidos por este proyecto serán los que fueron cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive.

Ahora, con el ingreso de la urgencia, la Cámara Alta tendrá 15 días para despachar el texto a la Cámara de Diputados a su segundo trámite.

Sin embargo, en el Senado el futuro del proyecto es incierto y se ven dificultades para el Ejecutivo. El oficialismo tiene 19 votos y requiere 26 para aprobar la iniciativa, por lo que en Apruebo Dignidad algunos asumen que es posible que “se caiga”.