Democracia Viva: Montes confirma que seis funcionarios contratados por fundaciones cumplían labores en Seremi y Serviu de Antofagasta

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, durante la tarde de este martes se trasladará a la región de Antofagasta para reunirse con el fiscal jefe de la zona, Christian Aguilar, con el fin de proporcionarle los antecedentes que maneja la cartera sobre el caso que remece a Revolución Democrática (RD): los millonarios convenios celebrados entre el Serviu de la región y la Fundación Democracia Viva, en el que aparecen vinculados militantes del partido cercanos a la diputada y extimonel de esa colectividad, Catalina Pérez.

Según detalló Montes en La Moneda, su viaje a Antofagasta tendrá tres objetivos: “Ir a los campamentos a ver lo que realmente se ha hecho, porque se dice tanta cosa; en segundo lugar, voy a conversar con las autoridades y los dirigentes; y en tercer lugar voy a conversar con el fiscal, le voy a entregar todos los materiales que tenemos”, explicó el exsenador socialista.

En cuanto a los nuevos antecedentes que serán entregados al fiscal que dirige la indagatoria, figuran la existencia de funcionarios contratados por la Fundación Democracia Viva y que, de manera anómala, prestaban servicios al mismo tiempo a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, precisamente en el programa de Asentamientos Precarios, la contraparte responsable de la asignación de recursos para organizaciones privadas sin fines de lucro que realizan trabajos en campamentos, como asimismo de la fiscalización de esos convenios.

El ministro Montes confirmó que -según los datos que manejan en la cartera- habrían seis personas que “fueron contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en Seremi o Serviu” de la región de Antofagasta.

Adelantó, además, que el Ejecutivo está evaluando la posibilidad de presentar una querella criminal por el caso Democracia Viva, que podría involucrar delitos como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude al fisco. “Lo estamos evaluando y es bien probable”, se limitó a responder.

“No conozco ningún caso de una persona que trabajara en el Minvu que recibiera plata de las fundaciones, creo que hay una mala interpretación de una periodista. Lo que ocurre aquí es que algunas fundaciones contrataban personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacerle seguimientos a los proyectos, es totalmente distinto. Un funcionario público que reciba un dinero de afuera es un delito muy fuerte”, explicó Montes.

Y agregó: “Lo único que voy a decir es que hay contratos de personas con ongs varias, en un tiempo fue más después se achico. Nosotros tenemos que son seis personas con los datos que tenemos, el día de mañana pueden aparecer otros datos. Y esas personas fueron contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en Seremi o Serviu, funciones de apoyo con remuneraciones que les daban la fundación de origen, no el Minvu”.

La noche del sábado pasado, el Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia a Tatiana Rojas (RD), quien se desempeñaba como subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, por su eventual inacción para denunciar antecedentes del caso cuando tuvo conocimiento de ellos.

En ese sentido, durante el fin de semana Montes dijo que no le corresponde opinar sobre una decisión del Presidente. Pero recalcó que “le he dado todo el respaldo (a Rojas) porque la subsecretaria, buscó clarificar los hechos, reunir esa información. En ese proceso estaba, a partir de lo cual se evaluó desde un punto de vista que no es administrativo, ni de desempeño, sino por responsabilidades políticas en una situación que se había generado”.