Ministros desdramatizan allanamiento a oficinas del Minvu en el marco de investigación penal por el caso lío de platas

A pesar del revuelo mediático que causó el allanamiento a las dependencias del Ministerio de Vivienda, en el marco de las indagatorias por los líos de platas políticas, ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric salieron a bajarle el perfil al asunto, asegurando -entre otras cosas- que se trata de un procedimiento “normal” en el marco de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

La mañana de este jueves, los equipos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en coordinación con detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), realizaron una serie de diligencias en razón del caso de convenios entre el Estado y fundaciones. Entre ellas, el cumplimiento de una orden de entrada y registro a dependencias del Ministerio de Vivienda en Santiago.

El allanamiento efectuado en esta jornada al recinto ubicado en Alameda 924 es el primero que tiene como foco las dependencias donde se encuentran las oficinas del ministro que lidera la cartera, Carlos Montes (PS), en el marco de las investigaciones por este caso, que salió a la luz luego que se conocieran los millonarios traspasos de dinero -$426 millones- a Democracia Viva por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Las instrucciones del persecutor, además, incluyen allanamientos a la Subsecretaria de Vivienda y a las oficinas del Programa de Asentamientos Precarios, departamento desde donde salieron los recursos que llegaron a manos de las citadas ONG.

Inquirido por la diligencia encabezada por la Fiscalía -mientras participaba de una actividad por el aniversario de Gendarmería-, el titular de Justicia, Luis Cordero, señaló: “Es una diligencia normal en el contexto de las indagatorias que está llevando a cabo el Ministerio Público. Desde el primer día que se inició esta investigación existió la disposición efectiva no solamente a entregar toda la información, sino que plenamente disponible para el desarrollo de cualquier tipo de diligencia en cualquiera de las oficinas vinculadas al Ministerio de Vivienda”.

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo en una nueva edición de Gobierno Informa que “es imprescindible que estos hechos se esclarezcan, y por tanto, tenemos que dejar que las instituciones lleven adelante su trabajo. Pero además, contribuir con toda la información necesaria para que las investigaciones sean exitosas. Nosotros vamos a insistir en esos esfuerzos, (porque) estamos comprometidos con el esclarecimiento de estos hechos, el Presidente ha sido enfático: ningún acto de corrupción tiene que ser permitido”.

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, en tanto, en un punto de prensa para responder sobre el allanamiento -junto a Montes- planteó: “Esta diligencia es fruto de una denuncia que el mismo ministro Montes y el ministerio interpuso contra un exfuncionario del ministerio (del gobierno del expresidente Sebastián Piñera) que renunció cuando nosotros asumimos como gobierno”.

Ante la diligencia, desde el Ministerio de Vivienda aseguraron que se “está prestando toda la colaboración posible” y que el registro “está acotado a las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios”.

“Cabe señalar que se trata de una autorización voluntaria y en el marco de una denuncia hecha por el mismo Ministerio en la región de Tarapacá relacionada a las fundaciones Enlace Urbano y En Red por convenios suscritos desde 2021″, agregaron desde la cartera.

De acuerdo con antecedentes confirmados por La Tercera, la diligencia dice relación, entre otros aspectos, con la indagatoria que inició el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, a principios de agosto y en medio de la cual se pesquisan traspasos realizados desde la Seremi de Vivienda de Tarapacá a las fundaciones Enlace Urbano por un total de $ 782 millones y a EnRed Social, por más de mil millones de pesos.

En el marco de las labores decretadas por el fiscal Ríos las oficinas de Enlace Urbano y de EnRed Social ya fueron objeto de una orden de entrada y registro, al igual que dependencias de la Seremi de Vivienda y del Serviu en Tarapacá. Ahí, como se mencionó en la oportunidad, se incautaron documentos y dispositivos electrónicos referentes a los tratos entre dichas partes.