No esperará la ley: Boric da giro y opta por revocar pensiones de gracia por vía administrativa

El gobierno del Presidente Gabriel Boric recibió un duro golpe durante la tarde de este lunes en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Tras una discusión compleja, los parlamentarios optaron por rechazar las indicaciones que había propuesto La Moneda para cambiar los procesos administrativos con que se otorgan las pensiones de gracia.

Esto, luego de los cuestionamientos que recibió el Ejecutivo cuando se dieron a conocer los antecedentes penales de 41 pensionados de gracia en el marco del estallido social, 17 durante el gobierno de Sebastián Piñera y 24 en la actual administración.

El portazo a la estrategia legislativa por la que apostó el gobierno para resolver los cuestionamientos, aceleró la decisión del Mandatario de realizar un giro y revocar las pensiones por vía administrativa.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve -quien ha encabezado la crisis junto a la ministra Carolina Tohá-, aseguró desde el Congreso que el Jefe de Estado tiene la intención de revocar el beneficio “lo antes posible” y que no esperará la ley “para ocupar la facultad administrativa”.

El problema para el Ejecutivo en el Congreso fue que las indicaciones al proyecto de ley que promovió no permitían al Mandatario revocar el beneficio a aquellos pensionados que hubiesen sido condenados. Lo que sí hacían era incluir la revisión de antecedentes en el proceso formal de entrega de la reparación -ya que no está contemplado en la actual- y también que aquellos beneficiados que cometieran delitos perderían la ayuda.

Aunque la oposición rechazó las enmiendas, algunos parlamentarios oficialistas -del Frente Amplio y el PC- estaban en contra de cancelar el beneficio, ya que defienden la postura de que cometer un delito no es excluyente con recibir una pensión si es que hay una víctima de derechos humanos.

La decisión de Palacio además ocurrió justo cuando se dio a conocer que el pensionado de gracia Juan Francisco Villalobos, quien se encontraba en prisión preventiva desde la semana pasada tras ser formalizado por el delito de estafa, pagó su fianza y fue liberado, lo que generó nuevas críticas y más presión aún por parte de la oposición.

Por lo mismo, en La Moneda apostaron a intentar cerrar un flanco, que lo tiene dando explicaciones hace días.

“El subsecretario Monsalve ha hecho referencia a una facultad general que se encuentra en la ley reconocida para retirar actos administrativos. La ministra del Interior ha solicitado la revisión completa de las pensiones que se han realizado y en función de eso tomar una decisión sobre cuáles se revocarán o cuáles se invalidarán, que es otra figura, pero que sea un estándar relativamente verificable”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, desde Coquimbo.

En La Moneda aseguran que el tema se venía evaluando desde la semana pasada, y que el Presidente se convenció de la estrategia tras analizar los antecedentes junto al comité político -donde algunos plantearon dudas ante los cuestionamientos de las bancadas- y tras la evaluación de los equipos jurídicos.

Por esos días, Boric le solicitó al equipo jurídico de Interior, encabezado por la abogada Luppy Aguirre, revisar los antecedentes de las 18 mil personas que actualmente reciben el beneficio en Chile para explorar posibles salidas jurídicas para evaluar su cancelación.

Un proceso que ha sido más lento de lo planificado por el gobierno, por lo que las autoridades optaron por hacer el anuncio antes de tener el detalle exacto de cuántos pensionados de gracia serán eventualmente perjudicados.

También, en los últimos días, el ministro Cordero se reunió en varias oportunidades con los equipos de Interior para evaluar eventuales estrategias jurídicas ante un caso complejo.

Por ello, el debate en el gobierno se centró en si era viable o no buscar soluciones jurídicas para revocar la pensión a aquellos que tuvieran antecedentes delictuales. En el equipo de Aguirre plantearon desde la semana pasada que existían alternativas y este fin de semana llegó un informe al Ministerio del Interior del abogado Francisco Zúñiga, donde también planteaba que era factible revocar la entrega de la ayuda económica vía decreto presidencial.

No es la única figura que se analizó, debido a que los equipos de Interior también encontraron errores en el proceso de adjudicación y acreditación de las condiciones para otorgar las pensiones, como, por ejemplo, la vulneración a derechos humanos. En esos casos, la figura jurídica sería la “invalidación“ del beneficio, como explicó el ministro Cordero.

En esos casos, además, La Moneda deberá explicar cuáles fueron esos errores y por qué aprobaron las pensiones si es que los hechos no estaban acreditados. Este lunes, Consuelo Contreras, directora del INDH, aseguró que las pensiones en cuestión no requerían la calificación del Instituto, como se ha transmitido desde el gobierno, por lo que la validación correspondería a la comisión que encabezaba el socialista Daniel Jana y que estaba compuesta por funcionarios de Presidencia, Interior, Hacienda, Trabajo, Segpres.

Más allá de las revocaciones, Monsalve también pidió a los parlamentarios poder hacer un esfuerzo para aprobar las indicaciones -con los cambios que haya que hacer- por las que abogaba el Ejecutivo.

“Creo que podemos legislar bien y podemos resolverle un problema al país y a los presidentes de la República. Yo lo único que le pido a la Comisión es que nos demos el espacio, no más allá de esta semana, para tener una propuesta que resuelva este problema de manera permanente, y bien resuelto. Con un acuerdo. Porque los problemas que justamente, como aquí se ha dicho, afectan la confianza de las personas, tienen que ser bien resueltos”, dijo el subsecretario.

De todas formas, el proceso no será corto, debido a que en el gobierno tienen la claridad de que existe la posibilidad de que las personas a quienes se les revoque la ayuda económica podrán ir a la justicia para apelar a la decisión.

El Presidente, en medio de la gira a Coquimbo, fue consultado por la decisión: “¿Va a revocar las pensiones de gracia?”. Sin embargo, no quiso responder.