“No vemos la utilidad”: gobierno desestima acción republicana para destituir a Allende y eventual arremetida contra Fernández

El gobierno del Presidente Gabriel Boric desestimó el requerimiento ingresado este lunes por la bancada de diputados del Partido Republicano ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la destitución de la senadora Isabel Allende (PS), y una posible acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS).

La acción de los parlamentarios de la colectividad liderada por Arturo Squella se basa en la suscripción de un contrato -firmado a través de un abogado por la hija y nieta del expresidente Salvador Allende respectivamente, en su calidad de herederas- para la venta al Estado de la casa de calle Guardia Vieja, en Providencia, que perteneció al fallecido líder de la Unidad Popular.

En el requerimiento, los legisladores apuntan que el artículo 60 inciso segundo de la Constitución señala “la prohibición de los parlamentarios de contratar con el Estado”, y en el que expresa que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos” con el Fisco.

El jefe de la bancada de la colectividad, Luis Fernando Sánchez, tras el ingreso del requerimiento contra Allende, dijo que encargaron a sus equipos jurídicos “iniciar el estudio de todos los antecedentes que puedan permitir la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Maya Fernández”.

Y que “esto no significa que no se vaya a terminar resolviendo presentar los antecedentes aquí al TC en contra de la ministra”.

En la habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, respondió a nombre del Ejecutivo por la arremetida de la tienda liderada por Arturo Squella.

“Los parlamentarios y las parlamentarias tienen la prerrogativa permanente de recurrir a las distintas instancias que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros como gobierno, la verdad es que no vemos la utilidad de la acción”, retrucó.

En esa misma línea, reforzó que desde Palacio la postura es que “no hubo traspaso de la propiedad ni pagos de ninguna naturaleza, sino que se trata de un proceso que se detuvo y que se tomó la decisión de no continuar a tiempo y es por eso que en su prerrogativa, no vemos la utilidad”.

La secretaria de Estado también fue inquirida por el contrato de resciliación que anunció la semana pasada el gobierno, para dejar sin efecto la firma suscrita por la hija y nieta del fallecido Mandatario con el Fisco, y cuyo fin era que el inmueble de calle Guardia Vieja, en Providencia, se convirtiera en una casa-museo.

“Se está llevando adelante este proceso que tiene que ver con efectivamente la resciliación en un esfuerzo, como hemos dicho, de eliminar cualquier manto de duda respecto del proceso en su conjunto, pero sin desconocerlo. Sin desconocer que aquí el proceso no llegó a su término, no se cumplió con la formalidad y por lo tanto no hubo transferencia de recursos ni de propiedad de ninguna naturaleza”, recalcó.

Etcheverry, además, sostuvo que el recientemente asumido ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, en reemplazo de la renunciada Marcela Sandoval, “se va a referir a los pasos específicos y a los tiempos de esos pasos específicos que se han estado trabajando con la familia Allende”.

En cuanto a las responsabilidades políticas del caso, insistió en la posición del Ejecutivo, relativo a que el Jefe de Estado las hizo valer con la salida de la otrora titular de Bienes Nacionales, por ser la secretaría de Estado que llevaba adelante el proceso, y descartando nuevamente extenderlas a Fernández.

“Aquí somos un equipo de gobierno, más allá de las militancias de cada uno de nosotros en distintos partidos y las responsabilidades políticas se hicieron valer por el Presidente el lunes pasado con la salida de la ministra de Bienes Nacionales”, zanjó.