Este miércoles, el pleno de la Convención Constitucional estableció en el borrador de la nueva Carta Fundamental -que será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre- el acceso “universal” a la educación “en todos sus niveles (...), para todas las personas”, fijando, además, que será “un deber primordial e ineludible del Estado”.

Las nuevas normas que propone el órgano constituyente buscan poner fin a lo estipulado en la actual Constitución, que fomenta “el desarrollo de la educación en todos sus niveles”, promoviendo sistemas gratuitos de educación en los niveles parvularios, de transición, básicos y medios. Esta no menciona a la educación superior y, a diferencia de la propuesta actual, no establece un rol activo del Estado en el acceso.

Lo aprobado este miércoles 11 por el pleno de la Convención establece la creación de un Sistema Nacional de Educación, que será conformado por las instituciones educativas de todos los niveles “creadas y reconocidas por el Estado”.

También agrega que el Estado “deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas”. Y se establece que el Estado “deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación”.

Quienes pertenezcan a este sistema serán quienes reciban financiamiento estatal, algo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.

Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y presidente del G9, es una de las voces críticas. “Nuestra aspiración era bastante diferente a lo que se aprobó en educación superior. Nuestra petición era resaltar el compromiso histórico de las universidades no estatales del país, que han contribuido a la descentralización de la educación universitaria hasta 1980. Ahora, se entiende lo público solo como lo estatal y pienso que eso es un retroceso significativo”, asegura.

Desde el punto de vista del rector penquista, “el Sistema Nacional de Educación será conformado por todas las instituciones que hoy son reconocidas por el Ministerio de Educación, pero también hay un Sistema de Educación Pública, que solo son las creadas por el Estado. Entonces, claramente, habrá diferencias entre unas y otras”.

Alejandra Contreras, asesora del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) y exasesora del Mineduc, en cambio, celebra esta diferenciación: “Es importante validar que el sistema es mixto, por lo tanto, también estarán las privadas en él. Desde el punto de vista de las estatales, que exista un reconocimiento explícito a estas instituciones es algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, sobre todo en la educación superior”.

Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago y presidente del Cuech, explica que en el actual borrador no existe una imposibilidad de financiar a instituciones no estatales para que sus estudiantes accedan a la gratuidad. “En el texto, el Estado no tiene la obligación de dejar de financiar los establecimientos privados, además, aún falta el proceso de armonización, donde esto debería quedar más claro”, señala, añadiendo: “Me deja satisfecho el hecho de tener una educación de características gratuitas. Es un fortalecimiento a la educación pública y al apoyo a las universidades regionales”.

Actualmente, son 36 universidades, ocho institutos profesionales y 22 centros de formación técnica las instituciones superiores que cuentan con acceso a la educación gratuita. Según la información oficial, entregada por el Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, en total han accedido 789.133 personas al programa de gratuidad. De ellas, 430.562 (54,5%) son universitarios, 206.806 (26,2%) asisten a institutos profesionales y 151.765 (19,2%) a centros de formación técnica.

El gran problema es que, actualmente, la ley establece un financiamiento solo por el arancel de los años que dure la carrera, sin contemplar algún tipo de retraso en el avance de la malla curricular de los estudiantes. Sin embargo, si algún beneficiado con la gratuidad se retrasa, la universidad deberá cobrar solo hasta un 50% del arancel del próximo año, lo que ha generado un déficit en las arcas de diversas entidades de educación superior.

“El monto aproximado que dejaron de recibir las universidades de Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) en 2021, por efectos del Artículo 108, que limita al 50% el cobro de aranceles durante el año posterior a la duración normal de las carreras, fue de 26.000 millones de pesos”, expone Carlos Saavedra.

Quienes miran con especial resquemor el debate constitucional sobre esta materia son los colegios particulares subvencionados. Estas instituciones, que representan el 56% de la matrícula escolar, temen que con la nueva Carta Magna queden relegadas y desfinanciadas, en desmedro de sus pares estatales.

“Estamos muy preocupados por la deriva que está tomando la educación particular subvencionada, porque si uno lee lo que se está proponiendo, se está acabando con ella. El 90% de nuestros colegios son gratuitos, pero si dejaran de recibir este aporte estatal ya no podrían serlo”, asegura Hernán Saldaña, secretario general de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS).

“Hasta donde se ve, lo que aprobó el pleno es que se corta el financiamiento estatal, por ende, no se podría continuar. Solo una pequeña parte del estudiantado podría optar a la libertad de enseñanza, pero en colegios privados”, añade Saldaña.

Sebastián Izquierdo, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), también tiene dudas frente a cómo será financiado el nuevo sistema. “¿Podrán subsistir los establecimientos subvencionados o el aporte estatal solo será para aquellos establecimientos estatales? ¿Qué pasa con los proyectos educativos confesionales? ¿Y en aquellas escuelas con financiamiento compartido? Al parecer, el apoyo estatal se concentraría en un grupo de colegios públicos bajo un fin y principios comunes, donde la libertad de cátedra no está enmarcada en el proyecto educativo. Todo esto tendería a opacar la diversidad de la enseñanza”.

Raúl Figueroa, exministro de Educación y actual académico de la Universidad Andrés Bello -que no cuenta con gratuidad- ha sido una de las voces más críticas frente a la propuesta constitucional. “Con esto, no hay espacio para proyectos distintos. Los padres y apoderados no podrán entregarles la educación que quieran a sus hijos, pues todos deberán estar adscritos a lo que el Estado imponga”.