De manera transversal todos los partidos políticos han dicho que noviembre es el mes clave para cerrar un acuerdo constitucional, mes al cual le restan 10 días. En este contexto, el oficialismo -que al cierre de esta edición sostenía una cita telemática para afinar su propuesta en la materia- sube la apuesta y busca sellar un nuevo acuerdo durante esta semana.

Pese a que la alianza de gobierno (junto a la DC) presentó el pasado viernes a la mesa negociadora su contrapropuesta sobre mecanismo electoral para tener un nuevo órgano redactor -un “Cabildo Constitucional” de 90 personas más nueve escaños reservados, que funcione con un quórum de 3/5 y que parta trabajando en base a un anteproyecto de nueva Constitución, no vinculante, elaborado por 32 expertos designados por el Congreso-, Chile Vamos evaluó la oferta como “insuficiente” para sellar un acuerdo, donde ellos se han planteado firmes en su alternativa: un órgano de 50 personas, emulando el sistema del Senado.

Así, es precisamente ese nudo el que obliga a los partidos de gobierno a seguir en conversaciones de aquí hasta el martes, cuando la mesa de las colectividades se reúna nuevamente en Valparaíso.

Pero la discusión ya tiene el tiempo en contra y los parlamentarios han advertido que una reforma de este estilo debe tramitarse durante diciembre si se aspira a reiniciar el proceso constitucional durante el primer semestre de 2023. Antes de su regreso a Chile, desde Tailandia, el Presidente Gabriel Boric también hizo un gesto en esa línea y realizó un llamado a no seguir dilatando los consensos. “No esperemos otra crisis para preguntarnos de nuevo cómo lo hacemos. Adelantémonos, anticipémonos, de eso se trata el acuerdo que está llevando adelante el Congreso”, dijo.

Entre los negociadores, el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, señaló a La Tercera que “creo que el tiempo se va acotando, no creo que sea el martes (el cierre de un acuerdo), pero sí que sea durante la semana o hacia el fin de semana”. Sobre el tamaño del nuevo “cabildo”, el parlamentario habló de “acercar posiciones” entre todas las propuestas que existen sobre la mesa. “Está la propuesta de Amarillos, que habla de cerca de 70 personas; la del partido de Ximena Rincón (Demócratas), que habla de 60; la de nosotros, que son 90 más nueve escaños, y Chile Vamos, con 50. Hay una serie de detalles que ajustar más allá del número”, recalcó.

En la misma línea, la timonel PS, Paulina Vodanovic, fue enfática. “Para que nos calcen los plazos y tener una nueva Constitución a fines de 2023 o en el primer trimestre de 2024 es necesario llegar a acuerdo esta semana”, manifestó. Lo mismo planteó su par del PPD, Natalia Piergentili: “Es imperativo cerrar el acuerdo esta semana”.

Sobre el número de redactores, la líder socialista adelantó que más allá del mecanismo y su magnitud, el interés que su partido mandató es no perder de vista es lograr una nueva Carta Magna, independiente del detalle. “El problema no es el número, sino que adecuar el sistema (...). Con 50 -como en el Senado- es poco representativo, por eso planteamos 100 en algún momento. La comisión política del partido nos habilitó para no perder de vista que el objetivo es tener una nueva Constitución, el mecanismo no es lo más relevante, siempre y cuando haya un plebiscito de salida que ratifique la voluntad ciudadana”, explicó.

El diputado del Partido Radical y representante de ese partido en la mesa negociadora, Tomás Lagomarsino, anticipó que pese a que la propuesta es de 99 convencionales, “hay bastante flexibilidad dentro del oficialismo (...). Todos tenemos que ser capaces de anteponer el objetivo final, que es una nueva Constitución, antes que ciertos puntos políticos que podrían hacernos perder esta segunda oportunidad que probablemente sea la última”.

A pesar de que el Mandatario hizo un llamado a la celeridad en las tratativas, durante la mañana de este domingo la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, expresó que “descartamos absolutamente intervenir, porque son las fuerzas políticas las que están desarrollando las conversaciones para ofrecerle a Chile una alternativa para tener una nueva Constitución”.

En medio del proceso de negociación, también ha asomado la idea de -en paralelo a las tratativas formales- establecer un órgano designado. Sin embargo, la vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez, descartó esa idea en caso de no arribar a un acuerdo. “No estamos en tiempo de pensar en un plan B, sino que en ponerle todo el empuje y el empeño al plan A”, planteó.

Y es que pese a la buena recepción del documento en algunos sectores de Chile Vamos sobre la propuesta oficialista -como en Evópoli-, en la UDI y en RN persisten las dudas sobre ese mecanismo y ven complejo sellar el acuerdo en los próximos días. Esto, porque en ese sector consideran que fue un retroceso la propuesta de los partidos de gobierno: no les gustó el número de integrantes del órgano, ni tampoco que los expertos tengan un trabajo que no sea vinculante.

Respecto a lo primero, en Chile Vamos no quieren moverse de un número de 50 integrantes debido a que no están dispuestos, dicen, a “innovar en materia electoral”, ya que aumentar el tamaño y tener una elección distinta a la del Senado implicaría cambiar el tamaño de las circunscripciones. Y que, en caso de incrementar el número de elegidos para el órgano, deberían negociarse otras cosas, por ejemplo, que el rol de los expertos sea vinculante.

“Me preocupa que veníamos avanzando muy bien (...), pero llegamos al tema del mecanismo y los partidos de gobierno propusieron un órgano de 100 personas”, dijo este domingo el diputado Guillermo Ramírez (UDI) en Estado Nacional.

Y agregó: “A unos sectores de la izquierda les cuesta entender que la intransigencia es un mal camino. Esa intransigencia puede hacer fracasar las negociaciones”.

De todas formas, en la oposición se reunirán este lunes en la antesala de la cita transversal del martes. Ahí, analizarán en detalle la contrapropuesta oficialista, ya que, advierten algunos, al interior de Chile Vamos también existen matices.

En todo caso, en el sector hay quienes creen que todavía siguen vigentes las conversaciones soterradas que están llevando adelante algunos senadores para que, si fracasan las tratativas formales, terminen en un mecanismo con un organismo designado. Esto debido a que consideran que la gente ya no tiene dentro de sus prioridades el debate constitucional y, además, sigue estando presente el temor -en los partidos tradicionales- de tener un mal desempeño electoral.