Cárcel de alta seguridad en la RM: oficialismo destaca el proyecto, pero llama a que no se construya en zonas urbanas

En cuatro días ocurrieron 16 homicidios en diferentes comunas de la Región Metropolitana, lo que movilizó una ofensiva del gobierno para contener la crisis de seguridad. Mientras se encontraba en un encuentro empresarial en Paraguay, el Presidente Gabriel Boric instruyó a las autoridades del Ministerio del Interior y a representantes de las policías a generar una respuesta ante el crimen organizado.

Al regresar a Chile, anunció la creación de una cárcel de alta seguridad para la Región Metropolitana, iniciativa que fue bien recibida en general, pese a las aprehensiones sobre los detalles del proyecto.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, señaló que “en la comisión de seguridad (del Senado) hemos tenido al Ministro de Justicia (Luis Cordero) y al director de Gendarmería. Entonces, sabemos de los avances que ha habido en materia carcelaria, pero sin duda que este anuncio puede contribuir en forma decidida al combate de la organización criminal que lleva detrás el narcotráfico. Por lo tanto, valoramos este anuncio, así como también que se vaya a poner urgencia a la discusión de la ley de un sistema de inteligencia para el Estado”.

Asimismo, la diputada Lorena Fries (FA), miembro de la comisión de Seguridad, igualmente destacó la iniciativa, pero precisó que es importante “que no esté ubicada en la urbe, que tenga el suficiente aislamiento para poder distinguir este tipo de criminales de otros de menor peligrosidad y poder llevar a cabo un control férreo y un régimen de visitas que es mucho más intenso que en cualquier otra cárcel”.

Y planteó la propuesta de “refaccionar Punta Peuco para que allí se alojen los criminales del crimen organizado y como esa pueden haber otras ideas. Tratemos de separar a estos criminales de las comunidades, de las ciudades”.

En la misma vereda que aboga porque el recinto penal esté emplazado fuera de la ciudad, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), manifestó que “como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano”.

Sobre el anuncio, el timonel provisorio del Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez señaló que “demuestra que podemos avanzar en propuestas concretas para combatir la crisis de seguridad, que este es un gobierno que no se paraliza ante la violencia. Esperamos que esta se apegue a los más altos estándares de seguridad y cumpla con el objetivo de aislar a los líderes del crimen organizado para favorecer las políticas de reinserción, así como también que la oposición se allane a esta y otras propuestas anunciadas por el Ejecutivo, que participe y concurra con sus votos porque, más allá de la crítica vacía, hoy más que nunca nos necesitamos unidos.”

Por su parte, el presidente del Partido Acción Humanista (AH), el diputado Tomás Hirsch, indicó que “cuando hemos visto el asesinato de niños como sucedió durante el fin de semana, la verdad es que se está llegando a un nivel de violencia que es absolutamente inaceptable como sociedad. Y eso requiere medidas también urgentes y medidas potentes. Desde ese punto de vista me parece que el planteo que ha hecho el presidente es necesario, es bueno y puede contribuir”.

Tal como informó La Tercera, la propuesta de una nueva cárcel estaría en discusión hace un tiempo, pero el lugar no estaba definido. Sin embargo, un terreno militar en Avenida Pedro Montt, en el Gran Santiago, sería la opción que genera más adeptos.

En el anuncio del nuevo recinto penal, Boric pidió al Congreso actuar con sentido de urgencia en esta iniciativa y adelantó que enviaría un “proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dado la prioridad que este tema reviste”.

El proyecto costaría alrededor de $90 mil millones y aumentaría en 500 las plazas de ocupación. De ser aprobado el proyecto, la construcción comenzaría el próximo año y acorde a la ministra vocera, Camila Vallejo, el penal podría terminarse antes de que finalice el mandato de Boric.