El proyecto de ley que busca otorgar amnistía a un catálogo de delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020 -en el marco del estallido social- ha complicado la posibilidad de un acuerdo transversal por la seguridad, planteado por el Presidente Gabriel Boric la semana pasada.

Una iniciativa que fue parte de las promesas de campaña durante la carrera presidencial y que tanto la ministra del Interior, Izkia Siches, como de Justicia, Marcela Ríos, han reforzado la idea de avanzar con su tramitación en el Congreso.

“Esperamos que el proyecto pueda avanzar en el Parlamento, pero obviamente hay una apertura a poder conversar y discutir los límites de las distintas propuestas”, expresó esta mañana la jefa de gabinete, haciendo énfasis en que “hay compromisos de campaña que, al momento de sufragar, cada uno de los chilenos que participamos de este proceso lo teníamos absolutamente claro”.

Sin embargo, de momento el Ejecutivo no cuenta con los apoyos suficientes para llegar a buen puerto en el Senado e, incluso, han tenido que activar conversaciones con parlamentarios oficialistas para consensuar una fórmula que viabilice el proyecto.

Desde la oposición, las declaraciones de ambas secretarias de Estado no han sido bien recibidas, generando cuestionamiento al interior de Chile Vamos.

A juicio del presidente de la UDI, Javier Macaya, el proyecto de amnistía para presos del estallido “es bien incompatible con un acuerdo en materia de seguridad” y emplazó al gobierno a “retirarlo o despacharlo rápidamente en el Congreso”.

“Ellos saben que hoy en el Parlamento no cuentan con los votos para aquello. Sería bien importante que tomen esa definición luego, porque acuerdos en esta materia debieran construirse casi de sentido común”, precisó.

El timonel de RN, Francisco Chahuán, en tanto, acusó un “doble estándar” por parte del gobierno, ya que que las palabras de Siches y Ríos “están promoviendo una agenda de impunidad”.

“Por una parte llama a un gran acuerdo nacional en materia de seguridad pública y por otra es capaz de generar esta agenda de impunidad con estas declaraciones”, sentenció.

Pero el proyecto de amnistía no es el único flanco que advierten desde la derecha. En una declaración pública, desde Evópoli apuntaron a una “relativización” de la violencia por parte del Ejecutivo, luego de que la ministra del Interior -en entrevista con El País- precisara que los ataques registrados durante su viaje a Temucuicui los entendiera como “una protesta”; “o el ánimo de la ministra de Justicia de impulsar la impunidad para los delincuentes del estallido, o su negativa de calificar como ‘homicida’ a Celestino Córdova”.

“Resultan especialmente graves, ya que entregan señales equívocas a la ciudadanía, que entrampan las posibilidades de sentarnos a conversar genuinamente basándonos en un diagnóstico compartido”, expresaron, agregando que “las vacilaciones en esta materia implican una renuncia inaceptable al rol que les compete”.

Tras las recientes declaraciones de las ministras, y también de los hechos de violencia que se han registrado durante las últimas semanas en diferentes regiones del país, desde la oposición también emplazaron al gobierno a avanzar en los proyectos pertenecientes a la agenda de seguridad.

“Hay que dejar de lado los complejos ideológicos que te impiden asumir que esta presencia militar es importante”, expresó el presidente de la UDI, e hizo un llamado a que el Ejecutivo respalde leyes “que son diferentes estatutos que permitirían dotar con más protección a nuestras policías, con más herramientas”.

Ante ese escenario, Macaya también abordó el Estado de Excepción que la UDI ha pedido reponer en la Macrozona Sur y la creación de los estados intermedios, una fórmula anunciada por el Presidente Boric para poder ocupar al Ejército en labores de seguridad en la zona que hoy es asediada por graves hechos de violencia.

“Si ellos están pensando hoy en una cuestión intermedia, que es una cuestión más bien semántica que trata de disfrazar un complejo ideológico que no quieren de alguna manera dar marcha atrás respecto de cómo votaron en el pasado, pero hagámoslo luego”, señaló.

Y agregó: “Está la posibilidad de decretar hoy. Van a contar con nuestros votos si pasa por el Parlamento el Estado de Excepción. Van a contar con nuestros votos si se saca de la comisión mixta el proyecto de infraestructura crítica. Y si lo hacen rápido con esta cuestión intermedia, también van a contar con nuestros votos”.

Mientras que desde RN fueron más tajantes y si bien Chahuán explicó que el partido “siempre va a estar disponible a los grandes acuerdos nacionales en materia de seguridad pública”, aquello “esto está supeditado y condicionado a que el gobierno pueda, de manera inmediata, resolver el Estado Excepción Constitucional” tanto en el sur como en la zona norte, en el marco de la crisis migratoria.

Una señal similar a la que entregó el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, quien agregó como condición que el Ejecutivo “le quite urgencia al proyecto de indulto” y que “ojalá le ponga discusión inmediata al proyecto de infraestructura crítica”.

Asimismo, desde Evópoli hicieron un llamado para “avanzar en proyectos que requieren de urgencia y voluntad, como la ley de usurpaciones; ley protección infraestructura crítica; ley antinarcotráfico y crimen organizado; estatuto protección de las policías, entre otros”.

“Una vez que el Ejecutivo decida avanzar en ellas, contará con todo nuestro apoyo y votos”, expresaron, y reiteraron su disposición a participar en una mesa de trabajo que busque proyectar en el mediano plazo una política de Estado respecto a la modernización de las policías y la necesidad de contar con una nueva ley de inteligencia.