Oposición inicia arremetida para eliminar feriado irrenunciable dentro de reforma electoral

Hasta este lunes hay plazo para presentar indicaciones a la reforma que extiende a dos días las próximas elecciones regionales y municipales, proyecto que incluye, además, un conjunto de modificaciones electorales que podrían tener efecto en futuros comicios.

Las bancadas del Senado acordaron poner el acelerador a la iniciativa que debe estar aprobada y publicada a fines de junio, luego de que el viernes pasado un grupo transversal de senadores del PS, del PPD, de RN, de la DC, de Demócratas, de Evópoli y algunos UDI aprobaran la idea de legislar por 29 votos. En contra solo hubo 11 votos y una abstención.

Dado que esta reforma ya cuenta con un piso para seguir avanzando, senadores de oposición acordaron aprovechar la ventana de cambios electorales para introducir un tema demandado por la derecha y gremios empresariales para permitir que el comercio pueda funcionar durante futuras jornadas electorales.

La idea es ingresar una indicación para eliminar el carácter de feriado irrenunciable de los días de elecciones y transformarlo en un festivo normal, es decir, una jornada en la que puedan operar industrias que lo requieran por motivos esenciales.

A pesar de que esta medida tendría un impacto favorable en la reactivación económica y en el comercio, que podría abrir en aquellos días domingos preestablecidos para elecciones, es resistido por sindicatos y los partidos de izquierda y centroizquierda.

Uno de los efectos más importantes de una enmienda de esa naturaleza se daría en las elecciones presidenciales de segunda vuelta que suelen coincidir con el fin de semana previo a Navidad. Por lo tanto, en esas fechas, el comercio resiente el cierre obligado de puertas.

En la oposición, en todo caso, están evaluando incluir que, a modo de compensación, los trabajadores que deban cumplir labores en días de elecciones tengan más horas para poder sufragar.

El senador Manuel José Ossandón (RN), quien preside la Comisión de Gobierno, instancia que ha tramitado la iniciativa, advirtió al gobierno que “vamos a presentar una indicación para que los dos días (en que se realicen los comicios) no sean feriados -como lo llaman- irrenunciables o con restricciones para cierto comercio, sino que sea un feriado normal, para que no perjudique el comercio y se hagan bien las cosas”.

Esta enmienda cuenta con el apoyo de los otros dos senadores de oposición de esta comisión: Luz Ebensperger (UDI) y Carlos Kuschel (RN).

El gobierno, en tanto, que está apremiado por sacar pronto esta reforma, advirtió que una iniciativa de ese tipo no podría ser puesta en discusión, porque recién a fines del año pasado se rechazó un proyecto de ley que buscaba el mismo objetivo. Dadas las restricciones que impone la Constitución (artículo 68) a proyectos que hayan sido desechados en general, la norma no podría volver a renovarse en un año, ya sea mediante moción, mensaje o indicación, según la lectura que expresó la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien ha estado cargo de tramitar la reforma.

La derecha, que representa la mitad del Senado, en teoría, tendría los votos para imponer la disposición en favor del comercio, al menos en esta rama del Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo tiene chances para derribar esa enmienda en la Cámara o ante el Tribunal Constitucional, por lo tanto, la prioridad gubernamental ahora es solo sacar la iniciativa lo más pronto posible.

Luego del plazo de indicaciones, la Comisión de Gobierno sesionará el martes para votar el articulado de la iniciativa que sería vista el miércoles por la Comisión de Hacienda, dadas la implicancias financieras para el Estado de esta reforma.

La apuesta es que una vez cumplidos esos pasos previos, el Senado vote en Sala el miércoles en la tarde y traslade la discusión a la Cámara. El problema es que en vista de los plazos ajustados, los diputados tendrían menos de dos semanas para despachar el proyecto.

Incluso, si la Cámara Baja introduce modificaciones, la tramitación podría alargarse con una nueva discusión en el Senado y, eventualmente, con una comisión mixta, que se conformaría por cinco diputados y por cinco senadores con el fin de resolver las controversias.

Resuelto el capítulo legislativo, aún faltarían otros pasos. En vista de que la norma tiene implicancias en la Carta Fundamental, el Tribunal Constitucional tendría que revisar el texto.

Todo este procedimiento recién se daría por culminado, con la promulgación del Presidente y la respectiva toma de razón de Contraloría para que la nueva ley sea publicada en el Diario Oficial.

Este proyecto, que surgió para extender a dos días las elecciones ante el inminente colapso de locales de votación por el aumento de electores, además, incluye otros cambios electorales. Por ejemplo, se fijan multas de hasta $ 200 mil a quien no vote, se establece un mecanismo de renovación de vocales de mesa y se consagra el uso del lápiz de pasta azul para marcar la papeleta.

Por ser una reforma que genera cambios electorales, este proyecto requiere de la aprobación de cuatro séptimos del Senado y de la Cámara, es decir, 29 senadores y 89 diputados.

A pesar de ese umbral, el gobierno -que hizo propia la recomendación del Servel para ampliar las elecciones a dos días-, tendría hipotéticamente los votos si logra alinear al oficialismo, más los apoyos de la DC, de Demócratas, de RN y de Evópoli. No obstante, para salvar la discusión se requiere máxima disciplina y que no haya ausencias sorpresivas, ya que la UDI y el Partido Republicano se oponen.

El principal argumento del Servel para pedir que haya dos días seguidos para las elecciones regionales y municipales de octubre, es que el voto obligatorio aumentará drásticamente la concurrencia a las urnas, más aún si prospera la aplicación de multas, que están contenidas en este mismo proyecto de ley.

A ello se suma lo engorroso que puede resultar para el elector, que tendrá que marcar preferencia en cuatro papeletas distintas (alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales).

Según las estimaciones del Servicio Electoral, un votante demorará cinco minutos en sufragar, lo que multiplicado por la cantidad de personas que vota en una mesa, hace imposible que todos ellos alcancen a votar en un día.