Fue un gesto que el ministro Marco Antonio Ávila (Educación) valoró. El viernes, en medio del consejo de gabinete en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric -según presentes- destacó las gestiones de algunas carteras. Entre ellas, la que lidera el militante de RD y cuyo futuro político resolverá esta semana la Cámara de Diputados al dirimir la acusación constitucional que impulsa en su contra la derecha.

La definición sobre el libelo -con que el ministro arriesga la destitución y quedar inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos- estará marcada por una medición de fuerzas entre la oposición y un oficialismo golpeado por el escándalo de presunta corrupción que investiga el Ministerio Público a propósito de los traspasos entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones sin fines de lucro, cuyo epicentro es RD, partido donde además milita el secretario de Estado.

En el gobierno insisten en que la acción -que consensuaron Chile Vamos, republicanos y la bancada Social Cristiana- no tiene fundamentos jurídicos, pero también reconocen que el resultado de la ecuación dependerá mucho más de factores políticos que de otra índole, algo complejo en una corporación en que el oficialismo no tiene mayorías y para salvar al ministro de un juicio político en el Senado también tendrá que apelar a sectores no alineados, entre ellos, el PDG, Amarillos, la DC, el Centro Democrático Unido (DCU) y la DC.

En ese esquema, el escándalo por los convenios entre fundaciones y el Minvu -que mantiene abiertas indagatorias en ocho regiones, por $ 14.200.000.000 (catorce mil doscientos millones de pesos)- no ha ayudado al clima en la Cámara Baja.

La derecha ha tenido que subir el tono en contra del gobierno y, según reconocen en ese sector, es menos costoso hoy desbancar a una autoridad como el titular del Mineduc, no solo por su vínculo partidario, sino que también por la situación crítica en que se encuentra el oficialismo. Además, porque varios en la oposición han advertido al Ejecutivo que -pese a no estar de acuerdo con la acusación- no les queda otra que aprobar para evitar costos internos.

Esto, pese a que en el sector había varios dirigentes que no estaban convencidos de respaldar la ofensiva, debido a que también esperan que ministros como el de Vivienda, Carlos Montes, y el de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, asuman responsabilidades políticas por el lío de los traspasos de dinero a las fundaciones. Y, en ese sentido, algunos quieren empujar libelos en contra de ambos.

Otros en cambio, apuestan a que con la aprobación de la acusación contra Ávila el Mandatario se vea obligado a realizar un ajuste ministerial.

En La Moneda admiten que la crisis por los líos de plata ha dejado en un segundo plano la acusación contra Ávila, pero recalcan que se están haciendo todos los esfuerzos para que este miércoles logre contenerse el libelo.

En las últimas horas los equipos de la Segpres liderada por Álvaro Elizalde -en coordinación con el Mineduc- han redoblado esfuerzos haciendo gestiones particulares al interior de esos mundos para asegurar los votos que les faltan.

Un apoyo que podría ser clave y que hasta ahora no contabilizan en el gobierno, es el de la diputada Catalina Pérez (RD), quien presentó licencia médica tras el costo personal y político que asumió luego de que la crisis por los convenios se desatara, precisamente, por contratos suscritos entre su expareja, Daniel Andrade, y su exjefe de gabinete y entonces seremi de Antofagasta, Carlos Contreras.

El permiso de la parlamentaria termina el 23 de julio, por lo que es altamente probable que no participe de la sesión del miércoles.

El oficialismo, que tiene una base de 64 votos (contando a Pérez), podría crecer a 67 si se confirma el alineamiento de al menos tres independientes asociados a sus bancadas (Camila Musante, Mónica Arce y Félix González). Si la diputada Pérez no llega a votar, la base del oficialismo se reduce a 66 votos.

Por otro lado, si la oposición actúa unida, la acusación tendría el respaldo de 71 legisladores (23 UDI, 23 RN, cuatro Evópoli, 12 republicanos, además de Gonzalo de la Carrera, de la PDG Karen Medina, del independiente PDG Francisco Pulgar y de al menos seis de los siete independientes-social cristianos).

Sin embargo, desde la bancada de Evópoli -al menos- aún no definen si respaldarán o no la acción fiscalizadora. “En Evópoli estamos analizando la acusación. Si bien el diputado Christian Matheson concurrió con su firma a la acusación, hay que analizar los descargos”, dice a La Tercera el diputado Francisco Undurraga.

Asimismo, sigue en duda lo que hará el diputado Enrique Lee, quien es parte del grupo independiente-Social Cristiano.

Por otro lado, el Centro Democrático Unido (CDU) y Amarillos siguen evaluando el mérito jurídico del libelo. “Estoy estudiando muy bien los antecedentes, porque el ministro de Educación ha cometido varios errores, no se ha preocupado de la gran crisis que tenemos en la educación chilena. Hoy tenemos una crisis tremenda y él está preocupado de una agenda valórica, que es importante, pero no lo central hoy que es la catástrofe que tenemos en materia de educación”, sostiene el diputado Andrés Jouannet (Amarillos).

El legislador Miguel Ángel Calisto (CDU) advierte, a su vez, que “seguimos revisando con nuestro equipo jurídico el detalle del texto (...). Nosotros siempre hemos sido bien responsables a la hora de abordar estos temas, independiente del gobierno que afecten, porque creemos que es importante que se configuren elementos jurídicos que acrediten que el ministro en cuestión ha faltado a la ley y la Constitución y eso yo no lo veo”.

Y agregó: “Tenemos que ver una decisión común como Demócratas. Pero insisto, vamos a ser muy ecuánimes y no vamos a estar en la lógica del revanchismo”.

En la bancada de la DC, por otro lado, siguen evaluando su postura, aunque -según afirman quienes han dialogado con sus líderes- un factor que estaría incidiendo en su definición es la intención que tiene el sector por liderar la testera de la Cámara Baja.

En medio de esas negociaciones, han transmitido algunos legisladores, no sería lo ideal para ellos darle un golpe al oficialismo con quienes deben generar un consenso para reeditar el pacto administrativo.

En el PDG, el diputado Rubén Oyarzo, sostiene que los cuatro parlamentarios de su bancada están analizando qué hacer. “Diversas son las presiones que hemos recibido (...). Sin embargo, entendemos la responsabilidad que nuestra votación implica y por esa razón estamos analizando todos los antecedentes que se han expuesto tanto por los acusadores como por la defensa del ministro”, asegura.

Otro independiente cuyo voto estaba en duda era el del diputado Carlos Bianchi, quien explicó a este medio que estará fuera por una cirugía, por lo que ni La Moneda ni la oposición podrá contar con ese respaldo para sus fines.

En RN, en todo caso, están confiados y aseguran que -según sus conteos- el libelo pasará la valla de la Cámara Baja. “Hay unanimidad en la bancada de que debiera ser removido de su cargo, nosotros lamentamos que el gobierno no haya tomado nota de aquello y es muy probable que se acuse al ministro constitucionalmente. Lo que hemos conversado con otros sectores moderados es que también estiman que su salida es inminente y, por lo tanto, van a apoyar esta acusación. Le hemos advertido al gobierno que es muy probable que los votos estén y hubiésemos preferido que lo hubiesen sacado antes”, señala el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

En la derecha, en orden a asegurar una mayoría en favor de la acusación, también han hecho gestiones en las últimas horas. Según quienes han conocido de los diálogos, impulsores del libelo han relevado la gravedad de la denuncia que se hizo la semana pasada por pagos abultados en subvenciones para colaciones en la Junaeb. Esto, luego de que el exdirector nacional de ese organismo Cristóbal Acevedo acusara en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional que una licitación por $ 3.500 millones solo entregó 30 colaciones.

Sobre este caso, de hecho, en RN preparan nuevos antecedentes para usar como argumentos en contra de Ávila. “Los antecedentes de la acusación son potentes y entiendo que desde el gobierno lo saben. Tanto es así, que faltando 48 horas para que se vote, ni siquiera han realizado gestiones con nuestra bancada para explicar, por ejemplo, las duras denuncias de fraude al interior de Junaeb”, afirma Juan Antonio Coloma (UDI).

Los republicanos también están alineados. Su jefe de bancada, Benjamín Moreno, asegura que “nosotros somos uno de los impulsores de esta acusación, por lo tanto, estamos confiados en que existen los méritos suficientes para que el ministro sea destituido de su cargo. Como siempre, la bancada republicana va a votar alineada en esta ocasión”.

En el gobierno aseguran que si el libelo pasa al Senado el escenario que enfrentaría el ministro Ávila sería aún más complejo. Por lo mismo, según quienes han conocido de las conversaciones que se han dado en las últimas horas, una de las alternativas que evalúa el RD -si la acusación flota entre los diputados- es renunciar a su cargo antes de que la Cámara Alta se pronuncie.

Las mismas fuentes explican que una salida anticipada del Mineduc le permitiría al ministro evitar un riesgo mayor para su futuro profesional y político y, asimismo, abrirle nuevos flancos a un gobierno que vive una de sus mayores crisis.

Ese escenario ya ha sido evaluado en La Moneda y, de hecho, si llega a darse, se asume que sería alguna de las subsecretarias las que realicen la labor del secretario de Estado hasta que el Presidente retorne de Europa el 23 de julio, fecha en que podría nombrar a su reemplazo.