"Países sin litoral": el artículo que complica a Chile por Escazú

"Las partes prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe". La frase corresponde al segundo párrafo del artículo 11 del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y Caribe (Acuerdo de Escazú), iniciativa cuya suscripción fue postergada por La Moneda.

Esa decisión estuvo motivada, según se explicó la semana pasada desde el gobierno, por la entrega de atribuciones al tribunal de La Haya que aparece en el artículo 19, en el que se señala que una fórmula para resolver diferencias entre los países será "el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia".

Pero, además de ese punto, es el artículo 11 el que también complica al gobierno, desde donde señalan que la referencia a "países sin litoral" apunta claramente a Bolivia -aunque también a Paraguay- y que, en ese contexto, se debe actuar con cautela. Esto, luego de que el gobierno paceño llevara a La Haya una demanda para obligar a Chile a negociar un acceso con soberanía al océano Pacífico, ofensiva que en La Moneda se consideraba sin fundamento, pero que de todas maneras -dicen en el Ejecutivo- fue impulsada por Evo Morales. Así, agregan que el artículo 11 del acuerdo abre la puerta a escenarios complejos para nuestro país.

En este sentido, Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente difundieron el jueves en la noche un comunicado en el que señalaron que "la decisión de efectuar un análisis más profundo" del Acuerdo de Escazú "responde a dos razones".

En concreto, entre otros factores, enumeraron que "bajo el Acuerdo de Escazú los estados deben establecer mecanismos como comités, consejos o plataformas para los países en desarrollo sin litoral, sin especificar el modo para dar cumplimiento a dicha disposición", y que "esto genera un amplio espacio de interpretación que podría ser mal utilizado por otros estados y generar tensión en el cumplimiento de dicha obligación".

El comunicado plantea que "lo anterior cobra aún más relevancia, toda vez que el Acuerdo de Escazú prohíbe a los estados formular reservas respecto de este asunto, a diferencia de los instrumentos análogos en esta misma materia".

Así, explicaron que "el gobierno, junto con un análisis en profundidad del acuerdo, se encuentra estudiando la posibilidad de presentar declaraciones interpretativas, que precisen el alcance y sentido de algunas disposiciones que nos permitan resguardar nuestros intereses soberanos".

Otro de los puntos que se menciona en el comunicado es "el alcance y efecto que tienen los mecanismos que contempla el Acuerdo de Escazú a la hora de resolver controversias de carácter internacional", aspecto en el que mencionaron que "cualquier otorgamiento de jurisdicción a tribunales internacionales debe ser estudiado con responsabilidad y rigor, toda vez que ello significa una cesión de nuestra soberanía".

Si bien el acuerdo comenzó a negociarse en la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, actualmente en La Moneda responsabilizan al gobierno de Michelle Bachelet de no dejar zanjados completamente todos estos puntos.

Consultado por la situación, el excanciller Heraldo Muñoz dijo a La Tercera que "este acuerdo debería haberse suscrito, porque mejora la competitividad de Chile, debido a que los estándares medioambientales son más altos en Chile que en otros países de Latinoamérica, y porque cualquier duda podría haberse subsanado con una declaración al momento de la ratificación del acuerdo".

Y agregó: "Nuestro país llamó a suscribir el acuerdo, por lo que esto deja a Chile en una situación compleja".