Paso a paso: el camino de la Convención Constitucional para redactar una nueva Carta Magna

La megaelección de este 15 y 16 de mayo fue la antesala de un proceso histórico que recién comienza: la redacción de una nueva Constitución. No será una tarea rápida, ya que los miembros del órgano encargado de materializarla podrían tomar hasta un año en elaborar y aprobar una propuesta. El paso final se vivirá en 2022, con un plebiscito de salida que visará (o no) el texto que elaboren los convencionales.

Más de 1.300 candidatos buscaron este fin de semana quedarse con uno de los 155 cupos de la Convención Constitucional, la cual también tiene dos características inéditas: es paritaria y, además, garantiza la participación de los pueblos originarios a través de 17 escaños reservados.

Tras dos largas jornadas de votación -donde también se definieron alcaldes, concejales y gobernadores regionales-, las urnas comenzaron a cerrarse a las 18.00 horas de este domingo, momento en que se procedió al inicio del conteo de votos.

Los miembros de la Convención son elegidos por el sistema proporcional basado en el método D’Hondt, donde se considera la votación que obtiene cada lista. En el caso de los candidatos de pueblos indígenas, que no van en listas, integrarán la instancia quienes obtienen más sufragios.

A esto se suma que debe operar la paridad de género y, por lo tanto, puede haber una corrección de los resultados para asegurar que en el órgano no haya más de 78 mujeres o 78 hombres.

Una vez que estén ratificados los integrantes, comenzará otra etapa en la elaboración de la nueva Carta Magna.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) cuenta con un máximo de 30 días -o hasta el 15 de junio- para calificar estos comicios. Posteriormente, a más tardar el 18 de ese mes, deberá comunicar la sentencia de proclamación al Presidente de la República y al Congreso. Entonces, el Mandatario tendrá hasta el lunes 21 para convocar a la primera sesión de instalación de la Convención, instancia que se concretará dentro de los siguientes 15 días o, como máximo, el 7 de julio.

Si se considera el plazo mínimo que ha tomado el Tricel para conocer una elección (17 días en las parlamentarias de 2017), los constituyentes podrían comenzar a sesionar incluso a finales de junio.

El centro neurálgico de las operaciones será el Palacio Pereira (en la comuna de Santiago), tal como anunció el gobierno en enero de este año. En el lugar funcionarán los puestos de trabajo y salas de reuniones de los 155 representantes. Sin embargo, la Convención Constitucional también utilizará las dependencias del ex Congreso Nacional -en calle Compañía–, para hacer uso del salón plenario, donde podrían sesionar las probables comisiones temáticas que determine el órgano.

Una vez convocada, en su primera sesión, la Convención tendrá que elegir un presidente y vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, es decir, con 78 respaldos.

Antes de comenzar a elaborar una propuesta de nueva Constitución, el órgano deberá abocarse a confeccionar su propio reglamento, el cual tiene que ser aprobado por 2/3 o 105 convencionales. Además de esto, tendrá que constituir una secretaría técnica.

Por otra parte, la normativa establece que el Presidente -o los órganos que determine- prestará apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario. De hecho, hace unos días, el gobierno ya abrió en Mercado Público una licitación por $850 millones para poder transmitir las sesiones, al igual que ocurre con las de la Cámara de Diputados.

En cuanto a las remuneraciones de los convencionales, éstas serán de 50 UTM, lo que equivale a cerca de $2,5 millones cada mes.

El organismo constituyente tendrá un plazo de 9 meses desde su instalación para redactar la propuesta. Esto puede ser prorrogado por 3 meses más, pero sólo una vez. Así, dentro de un año como máximo, la Convención deberá aprobar el texto. Una vez hecho esto, la Convención se disolverá. Sin embargo, ese no es el último paso.

Una vez comunicado el texto de la Carta Fundamental -alrededor del segundo trimestre de 2022- el Mandatario en ejercicio deberá convocar a un nuevo plebiscito nacional, que será con voto obligatorio.

De ser aprobada la propuesta, el Jefe de Estado citará al Congreso para que ésta sea promulgada y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución. Si ganara el rechazo, quedaría vigente la Carta Fundamental de 1980.