El paso a paso de una historia zigzagueante

El caso policial que partió con un llamado de denuncia a la Comisaría de Collipulli, el pasado miércoles a las 16.15 horas, que alertaba de un robo con violencia de tres vehículos a unas profesoras, hoy tiene a La Moneda en alerta y al país atento a la investigación de los hechos que terminaron con la muerte de un comunero mapuche, en medio de un operativo de Carabineros. Una historia que ha ido sumando verdades, desmentidos, revelaciones y, ayer, la baja de seis carabineros, además de una nueva línea de investigación, que anticipa que aún quedan capítulos por conocer.

La noche del miércoles 14 de noviembre, una vez terminado el operativo de persecución de los vehículos robados en el sector de Pidima y el supuesto enfrentamiento en la comunidad Temucuicui, los miembros del Gope y FF.EE. que formaron parte de esa acción procedieron a prestar declaraciones ante el fiscal de turno, Enrique Vásquez. Ello incluía, entre otros, al piloto del helicóptero H-02, Axel Hoger, y su acompañante, el teniente Sebastián Flores, además de la tripulación del vehículo terrestre J-040, que fue el grupo que participó de la acción donde resultó mortalmente herido Catrillanca. Este equipo estaba a cargo del suboficial Patricio Sepúlveda e integrado por el sargento 1° Carlos Alarcón, el sargento 2° Raúl Ávila y los cabos Braulio Valenzuela y Gonzalo Pérez. Cuatro efectivos bajaron de la patrulla -el conductor se mantuvo en el vehículo- y todos ellos declararon que no portaban sus cámaras GoPro, por lo que no había imágenes que registraran ese momento, según fuentes de la investigación. Tres de ellos dispararon: dos tenían fusiles; el tercero, escopeta.

A diferencia de los primeros carabineros que participaron en el operativo, cerca de 15 efectivos que sumaron posteriormente y sí llevaban cámaras. Ese material fue entregado a la fiscalía y durante el peritaje, la PDI detectó una imagen en la que aparecía el sargento segundo Raúl Ávila con una cámara, lo que contradecía su versión.

En vista de ese hecho, la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía La Araucanía, encabezada por los persecutores Roberto Garrido y Jorge Calderara, decidieron el jueves abrir una investigación desformalizada por obstrucción a la justicia contra los cuatro carabineros del Gope que estuvieron presentes en el momento en que es herido Catrillanca y que descartaron la presencia de cámaras. Una diligencia clave para la fiscalía es la declaración al menor M.P.C., de 15 años, quien acompañaba a Catrillanca al momento de recibir el impacto de bala. Sin embargo, en vista de la situación emocional del adolescente y su participación en los funerales del comunero, se postergó esa entrevista para hoy.

La investigación dio un giro que aceleró los pasos de la fiscalía el sábado, cuando la directora del INDH, Consuelo Contreras, señaló que el menor M.P.C., en la declaración que entregó la misma noche del miércoles a ese organismo en la comisaría de Collipulli, afirmó que uno de los carabineros que lo detuvo portaba una cámara y que una vez dentro del carro policial "se sacó la cinta de grabación y la guardó".

En ese momento, la fiscalía confirmó lo que más tarde Calderara definiría como "incongruencias en las versiones" y decidió llamar a declarar durante la tarde del sábado a los cuatro carabineros. La diligencia se extendió hasta la madrugada de ayer, pero ya en las primeras horas el sargento Ávila habría reconocido a Calderara haber borrado las imágenes, según fuentes policiales. Justificó esta acción indicando que lo hizo para proteger un registro privado que se encontraba en la cámara, señalan quienes tuvieron acceso a esa información. Consultado el aludido por La Tercera por esta situación, se remitió a responder que "cualquier cosa remítase a mi abogada o a la institución".

Es durante la tarde del sábado cuando la información llegó a manos del general director de Carabineros, Hermes Soto, quien tomó la decisión de ir a en la casa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, para revelarle los nuevos antecedentes. Producto de estos hechos, Carabineros informó que aceptó la renuncia de Mauro Victtoriano, jefe Zona Araucanía Control Orden Público, e Iván Contreras Figueroa, prefecto FF.EE. de La Araucanía. Y que los cuatro integrantes del equipo Gope fueron dados de baja "por no haber dicho la verdad respecto de las cámaras de vigilancia", reafirmó Chadwick.