Pensiones de gracia: Boric confirma que revocará el beneficio en casos de autores de homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico

“Este tema es muy delicado”, dijo el Presidente Gabriel Boric este martes, al abordar su decisión de realizar un giro y revocar las pensiones de gracia por vía administrativa.

Esto, luego que ayer lunes el gobierno recibiera un duro golpe en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Tras una discusión compleja, los parlamentarios optaron por rechazar las indicaciones que había propuesto La Moneda para cambiar los procesos con que se otorgan dichos beneficios.

Los reparos de los congresistas, en especial opositores, apuntaron a que las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que promovió el Ejecutivo no permitían al Mandatario revocar el beneficio a aquellos pensionados que hubiesen sido condenados. Lo que sí hacían era incluir la revisión de antecedentes en el proceso formal de entrega de la reparación -ya que no está contemplado en la actual- y también que aquellos beneficiados que cometieran delitos perdieran la ayuda.

La determinación del Ejecutivo también está relacionada a los cuestionamientos que recibió el gobierno cuando se dieron a conocer los antecedentes penales de 41 pensionados de gracia en el marco del estallido social, 17 durante el gobierno de Sebastián Piñera y 24 en la actual administración.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró desde el Congreso -tras la tensa sesión del lunes- que el Jefe de Estado tenía la intención de revocar el beneficio “lo antes posible” y que no esperará la ley “para ocupar la facultad administrativa”.

En esta jornada, el Jefe de Estado apuntó a que “el debate de las pensiones de gracia ha estado centrado en que algunos de los beneficiarios tienen antecedentes penales. Hasta ahora, ese elemento, los antecedentes penales, no se consideraban ni en la ley ni en el procedimiento a la hora de ponderar el otorgamiento de este beneficio. Esto no es algo de este gobierno, sino también de todos los gobiernos anteriores”.

Luego señaló que “lo que he mandatado a los organismos correspondientes es que eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas, hoy día se revise y efectivamente voy a hacer uso de una facultad administrativa para que, en el caso de, cuando identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico, puedan, yo personalmente voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”.

Inquirido por las repercusiones que podría tener la decisión, Boric planteó que “eventualmente esto podría judicializarse, y por eso hay que ser muy cuidadoso en la decisión que se tome y estudiarlo caso a caso. Y eso es lo que yo le he mandatado a mis equipos y a los ministerios. Es lo que he señalado el subsecretario (Manuel) Monsalve y la ministra (Carolina) Tohá, que se va a revisar durante este periodo. Y espero que lo podamos cerrar a la brevedad para que este debate lo demos por superado y podamos seguir avanzando”.

El Mandatario, además, planteó la falta de revisión de antecedentes “está presente en todas las modalidades de pensiones de gracia” y detalló que hoy día “hay vigentes del orden de 18.000 pensiones de gracia. La mayoría vinculadas a personas que han perdido su empleo producto de cambios en el modelo productivo del país, por ejemplo, en el tema del carbón o en materia portuaria, que son también muchas de larga data, algunas por mérito”.

También, dijo, “hay pensiones de gracia otorgadas producto de violaciones, pensiones que ha realizado el Estado a los derechos humanos de determinadas personas. Dentro de esas, en particular, hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales”.

La decisión de La Moneda ocurrió justo cuando se dio a conocer que el pensionado de gracia Juan Francisco Villalobos, quien se encontraba en prisión preventiva desde la semana pasada tras ser formalizado por el delito de estafa, pagó su fianza y fue liberado, lo que generó nuevas críticas y más presión aún por parte de la oposición.

A esto se suma que ya son seis los casos conocidos, hasta ahora, de condenados del estallido social que han recibido pensiones de gracia vitalicia otorgadas durante el gobierno de Boric.