Gobierno anuncia medidas de seguridad con mayor control territorial, migratorio y expulsiones

El Presidente Gabriel Boric se reunió en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, además de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para discutir temas relacionados con seguridad ciudadana.

En la cita se le presentó al mandatario una propuesta de seguridad, que incluye mayor despliegue fronterizo, robustecer el sistema de expulsiones y un mayor control territorial con las policías.

Esto, en medio de una ofensiva de la oposición en contra de las autoridades de Interior, especialmente contra la ministra Tohá, por lo que califican como una “delincuencia desatada” en el país, que en los últimos días suma homicidios, secuestros e incluso el ataque con una granada a una carabinera, que se mantiene en estado de gravedad.

La cita se da luego de que el mandatario regresara a Santiago tras su participación en San Francisco, California, de la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

Mientras se desarrollaba la reunión, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se informó, mediante un comunicado, que “el gobierno ha decidido reforzar las estrategias en curso para enfrentar el nuevo tipo de criminalidad que existe en Chile, caracterizada por mayores grados de violencia. Las medidas, trabajadas en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, incluyen las siguientes fases de acción: Control Territorial y Control Migratorio y Expulsión”.

En este sentido, explicaron que “en primer lugar, se implementa un plan operativo de intervención territorial, a partir de una presencia policial reforzada, para frenar los delitos violentos y el uso de armas de fuego”

“Además, se amplían las medidas para mejorar la capacidad de hacer efectivas las expulsiones migratorias. Ello requiere tanto modificaciones de tipo administrativo como nuevos cambios en la legislación”, agregaron desde la cartera.

En este sentido, destacaron que “estas medidas son un complemento del plan Calles Sin Violencia, que ha tenido un impacto relevante para enfrentar los homicidios, cuyo objetivo es frenar la tendencia al alza de este tipo de delitos en los últimos años”.

El texto concluye señalando que “el gobierno está y seguirá tomando todas las medidas que se requieran, en el corto y largo plazo, para frenar este nuevo tipo de criminalidad en Chile y garantizar el derecho a la seguridad de todas y todos los chilenos”.

Las cita de esta jornada se da luego de que las críticas contra la ministra del Interior se acrecentaran, primero luego de que revelara que para el secuestro de un empresario de Rancagua se pagó dinero por el rescate y luego, por el ataque contra la cabo segundo Rayén Currihuil, quien permanece estable dentro de su gravedad.

Los hechos generaron un remezón en el Congreso Nacional, donde hubo desde peticiones de renuncia hasta amenazas de una acusación constitucional.

En una etapa inicial, fueron los diputados del Partido Republicano que la noche de este miércoles exigieron la salida de Tohá. Afirmaron que los hechos “dan cuenta de una situación de inseguridad y una crisis en esta materia sin precedentes en nuestro país”.

La crispación en Parlamento siguió escalando al punto que algunos legisladores del oficialismo y grupos no alineados pidieron un estado de excepción nacional, a pesar de que La Moneda ya se había manifestado reticente a la idea.

En tanto, si bien la UDI y RN partieron por exigir medidas concretas -como expulsiones masivas y derivar la discusión legislativa exclusivamente a materias de seguridad-, horas después subieron el tono. Desde la bancada de RN amenazaron con la posibilidad de una acusación constitucional si es que no se expulsa al 31 de diciembre a 12 mil personas cuyas carpetas están listas para el procedimiento.

El tema también se instaló en los partidos de centro o no alineados. En el caso de Demócratas, la colectividad que encabeza la senadora Ximena Rincón, los diputados de la tienda aseguran estar abiertos a estudiar una acusación en contra de Tohá. En todo caso, ya desde el lunes, dirigentes de Demócratas salieron a solicitar a través de las redes sociales la renuncia de la ministra.

Durante la tarde del jueves, además desde RN la mesa -liderada por el senador Rodrigo Galilea- y la comisión política del partido exigieron a Boric “evaluar la continuidad de su equipo ministerial”, afirmando que “frente a esta lamentable situación, el Presidente Boric, su ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, tienen una ineludible responsabilidad política y ética frente a la ciudadanía. Ellos deben asumir que hasta ahora han fracasado en su gestión”.

En la derecha también esperan trasladar las presiones hacia la discusión de la Ley de Presupuesto en el Senado, donde el tema de seguridad es parte de la partida de Interior.

Sin embargo, hay dirigentes opositores que quieren llevar el tema a la campaña del plebiscito, pues estiman que la seguridad beneficia al “A favor”. Por ejemplo, la propuesta constitucional promueve medidas como la expulsión de inmigrantes ilegales “en el menor tiempo posible” e instaura una nueva institución: la Defensoría de las Víctimas para hecho delictuales, en general.

Para tratar conducir la crisis, este jueves, Tohá se reunió con exministros y exsubsecretarios de Interior de otros gobiernos. El problema fue que, según algunos, se les “invitó muy encima” y finalmente solo llegaron tres personeros, todos ligados a la Concertación y ninguno de derecha.

A la cita concurrieron el senador José Miguel Insulza (PS, ministro entre 2000-2005), Jorge Burgos (Amarillos, exministro entre 2015-2016) y Mahmud Aleuy (PS, subsecretario entre 2014-2018).