Proyecto de Ley Humanitaria sufre nuevo revés en el Congreso: Comisión de Constitución del Senado rechaza idea de legislar la iniciativa

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La iniciativa que busca beneficiar a condenados por cualquier delito, que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, para que cumplan lo que les queda de pena en arresto domiciliario, fue rechazada por 3 votos en contra y dos a favor.


Por tres votos a en contra y dos a favor, la Comisión de Constitución del Senado decidió rechazar la idea de legislar el proyecto de Ley Humanitaria promovido por el Ejecutivo.

Iniciativa que busca que los condenados por cualquier delito, que se encuentren con una enfermedad en fase terminal; que tengan un menoscabo irrecuperable y les provoque dependencia severa; o que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, puedan terminarla con arresto domiciliario total.

Los senadores Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN) estuvieron por aprobar la iniciativa, mientras que Alfonso de Urresti (PS y presidente de la instancia), Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind.) votaron en contra.

El 13 de abril pasado la Comisión de DD.HH. de la Cámara Alta también había rechazado la idea de legislar, por lo que es el segundo revés que sufre la iniciativa impulsada por el gobierno en el Congreso.

¿Qué viene ahora? Bueno, el proyecto, si el gobierno así lo decide, podría pasar a la sala, con informe negativo, donde se deberá votar si se insiste o no en tramitar la iniciativa.

Debate

En la discusión de la iniciativa, los parlamentarios oficialistas estuvieron por aprobar esta iniciativa, argumentando que no conmutaba penas y que iba en dirección de lo que establecían las normas nacionales e internacionales en materia de DD.HH. Mientras que desde la oposición, optaron por rechazar afirmando que el Presidente Sebastián Piñera tiene las facultades para indultar a estas personas si así el lo quisiera.

El primero en tomar la palabra fue el senador Andrés Allamand, quien argumentó que “tanto el INDH como la presentación por José Miguel Vivanco (de HRW), ambos han señalado que esta iniciativa en general se ajusta a los estándares de DD.HH. que deben ser aplicables a la materia”.

“En segundo lugar, no hay que perder de punto de vista lo que se está discutiendo. Aquí no está en discusión si las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad cometieron o no actos inhumanos y atroces. Lo que está en debate es una cuestión distinta, si la sociedad a estas personas les puede, por así decirlo, devolver la mano de la misma forma e incurrir a su respecto en situaciones que también son violadoras de la dignidad de las personas", agregó.

Posterior a él, fue el turno de Víctor Pérez, quien sostuvo que “apoyo este proyecto porque no altera las condenas. Es un proyecto que no busca modificar, alterar, condenas establecidas por tribunales. Lo único que hace es decir que esa persona condenada, sobre la cual no existe ninguna rebaja sobre esa condena, podrá cumplir bajo ciertos requisitos, esa condena en un lugar distinto al recinto penitenciario. Lo que aquí están son razones humanitarias".

Para Francisco Huenchumilla “este proyecto de ley no es necesario, porque el Presidente tiene facultades para indultar. Ahora que la política es un arte difícil, por su puesto. Entiendo que es una coyuntura difícil para el Presidente, pero la política consiste en tomar decisiones, aunque estas sean duras, difíciles y muchas veces navegar en contra de la corriente. Pero si el Presidente está convencido de la bondad de este proyecto y está convencido de la necesidad de adoptar un pronunciamiento del Estado en esa dirección, entonces lo que tiene que hacer es tomar una decisión y él tiene las facultades para hacerlo. Y asumir las responsabilidades frente al país".

En la misma línea fue la opinión expuesta por el senador Pedro Araya. “El Presidente de la República tiene las atribuciones para poder dictar los indultos particulares en estos casos puntuales, especialmente en los casos de violación a los DD.HH. Y a diferencia de lo que piensan algunos colegas, el Presidente de la República tiene que asumir la responsabilidad. Me parece que con este proyecto el Presidente quiere socializar una responsabilidad o un compromiso que él tomó en campaña con la llamada ‘familia militar’. Este proyecto no es necesario”.

Finalmente, fue el turno del presidente de la comisión, Alfonso de Urresti, quien indicó que “cuando tenemos abiertas todavía tantas deudas en materia de justicia, reparación, que se haga el esfuerzo legislativo de buscar vías para favorecer a estos criminales, me parece que no corresponde. Es el debate político, pero la ciudadanía debe formarse la convicción de dónde están las prioridades: con los genocidas o con las víctimas. Yo al menos estaré siempre abogando por más justicia y reparación”.

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