RN presenta proyecto para dejar sin efecto pensiones de gracia de víctimas del estallido social tras polémica por condenado

Los diputados de Renovación Nacional (RN), presentaron un proyecto de reforma constitucional para dejar sin efecto las pensiones de gracia de las víctimas del estallido social.

La iniciativa se generó luego de que se diera a conocer que uno de los beneficiados es Andrés Fuica Fuica (42), quien fue condenado por saquear un supermercado en octubre del 2019, en medio de los desmanes.

Según informó el miércoles Ex-Ante, un decreto del ministerio del Interior aumentó la pensión de Fuica, pasando de 1,0 ingresos mínimos, a 1,7. Es decir, el condenado ahora recibe una pensión vitalicia de $ 504.069 mensuales.

Entre los firmantes del proyecto de RN están el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, los tres integrantes de la comisión de Seguridad, Andrés Longton, Diego Schalper y José Miguel Castro, además de Hugo Rey, Bernardo Berger, Carla Morales, Sofía Cid, Juan Carlos Beltrán, Ximena Ossandón y Marcia Raphael.

La iniciativa de RN busca “dejar sin efecto dentro del plazo de dos años” desde la publicación de la reforma -si se aprobase- “las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 en base a la acreditación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a sujetos afectados en el contexto del estallido social”.

En el caso de “sujetos que al momento de la concesión del beneficio o con posterioridad a ello, fueren condenados por delitos que merezcan pena aflictiva” se busca dejar sin efecto los decretos desde la publicación de la reforma.

El proyecto deja fuera -es decir, “no resultará aplicable” - para los “beneficiados en razón de una incapacidad permanente” acreditada ante el Servicio Médico Legal.

“Hemos presentado un proyecto de ley que busca es terminar con el verdadero abuso que se ha cometido con pensiones asociadas al estallido social. Tenemos la convicción de que lo que ahí aconteció y esos hechos de violencia tienen que ser considerados realmente como algo que agravó y perjudicó a personas concretas y malamente pueden dar pie a personas beneficiadas en pensiones de gracia. Por lo tanto, este proyecto lo que busca es regularizar esa situación, volver las cosas a lo correcto, a lo justo y, muy importante, dejarle claro al Instituto Nacional de Derechos Humanos que su trabajo es velar por todos los derechos humanos”, dijo el diputado Schalper.

Castro, por su parte, dijo que “el gobierno por un lado nos pide un pacto fiscal y por el otro regala la plata de todos los chilenos con acreditaciones cuestionables por parte del INDH y pagos de por vida a sujetos que no precisamente estaban en el marco de una velatón y además sufrieron lesiones leves. Los chilenos no tienen por qué pagar con sus impuestos las pensiones a sujetos que en muchos casos hicieron un grave daño a nuestro país. Por lo demás hay otros que están cuestionados por haber cometido delitos después incluso de haber recibido esta pensión”.

A su tiempo, Longton calificó como “impresentable que el gobierno no haya tenido dichos antecedentes a la vista cuando se subió esta pensión de gracia (a Fuica) al doble de su valor. Es decir, no recabaron los más mínimos antecedentes que revelaban que esta persona estaba prófuga de la justicia, es decir, tenía orden de detención. Y no solo eso, no se había acreditado también su calidad de víctima en el proceso judicial respectivo. Acá hubo una negligencia evidente en la revisión de los antecedentes por parte de la Comisión Revisora del Ministerio del Interior sin prejuicio de la revisión previa que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

El diputado agregó que esperan que “lo antes posible el subsecretario Manuel Monsalve ingrese a estas indicaciones en nuestros proyectos para dejar sin efecto estas pensiones de gracia, pero también para considerar los antecedentes penales a la hora de otorgarlas. Tal cual se comprometió la ministra Carolina Tohá cuando se lo solicitamos en la Comisión de Seguridad hace algunos días”.

En la mañana, el ministro subrogante del Interior, Monsalve anunció el ingreso de indicaciones a mociones parlamentarias que se están tramitando en la Comisión de Desarrollo Social.

En concreto: “Una, por ley, que dé la obligación de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas previo a la toma de decisión de entregar una pensión de gracia. Y, en segundo lugar, para tener una facultad legal para revocar el beneficio”, según dijo la autoridad de Interior, quien defendió que el gobierno, al igual que el anterior “solo le entregamos pensiones de gracia a víctimas del estallido de acuerdo a los requisitos que estableció la glosa (de la Ley de Presupuestos), que implicaba tener un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”.

“Nadie que no tuviera ese requisito recibió pensión de gracia, cumplimos lo que aprobó el Congreso. Ahora, si cumplir estas normas es suficiente para lo que el país espera, yo tendría que decirte que no”, agregó.

En total son 418 las personas víctimas de hechos cometidos por agentes del Estado durante el estallido social que reciben una pensión de gracia, patrocinada con fondos aprobados por el gobierno.

El miércoles, luego de que se conociera la información respecto a Fuica, el presidente Comisión investigadora de pensiones de gracia a víctimas del estallido, Henry Leal (UDI) anunció que cuando se vote el informe final, durante la próxima semana, se solicitará al gobierno dejar sin efecto la entrega de estos dineros a esos imputados.