Sancionar incumplimiento de urgencias y prohibir indicaciones a acuerdos internacionales: Las propuestas de Piñera para modernizar el Congreso

"Propuesta de trabajo, agenda de modernización del Congreso". Así se titula el documento que le entregó este jueves el Mandatario Sebastián Piñera a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Jaime Quintana (PPD) e Iván Flores (DC), respectivamente.

El texto, al que accedió La Tercera, contiene 24 propuestas por parte del Ejecutivo, las que pretenden trabajar en conjunto con la corporación. De hecho, desde La Moneda transmitieron que en la reunión de ayer -que sostuvo Piñera con los presidentes de ambas cámaras y en la que también estuvo presente el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel-, se ratificó la idea de crear una mesa de trabajo en conjunto para avanzar en esta materia.

"Las instituciones de un país, y sobre todo las políticas, deben estar sujetas a una revisión constante para perfeccionar su funcionamiento en pos de una democracia sólida. Lo anterior cobra mayor relevancia al considerar los bajísimos niveles de confianza en instituciones claves para el funcionamiento democrático como son los partidos políticos y el Congreso, que, de acuerdo a encuestas de opinión pública, alcanza niveles preocupantes", parte diciendo el documento.

Así, se sugiere ingresar un proyecto de ley para modificar la Ley N° 18.918 "con el fin que se ingresen cambios a los reglamentos de ambas corporaciones, ya que el Ejecutivo no tiene iniciativa para modificaciones reglamentarias internas. Finalmente, se sugiere analizar la posibilidad de ingresar una urgencia a la moción ingresada por los senadores en el año 2015".

Dentro de las propuestas, se estipula sancionar el incumplimiento de las urgencias por parte de los presidentes de las comisiones. Un tema en que el gobierno ha transmitido en reiteradas ocasiones su preocupación ya que, a su juicio, la centroizquierda no las está respetando. De esta manera, en el texto se plantea que "actualmente muchos proyectos de ley no son puestos en tabla y dependen del criterio y buena voluntad del presidente de la comisión, pese a existir una urgencia".

En ese sentido, se plantea establecer una sanción en el caso del incumplimiento "asociada a un 15% de la dieta para el presidente de la comisión, o el miembro que no respete las urgencias legislativas".

De igual manera, el documento plantea estudiar la posibilidad de reducir el receso parlamentario a tres semanas en febrero, para equiparar la situación de parlamentarios y funcionarios del Congreso con el resto de los trabajadores (que tienen 15 días hábiles), "considerando que ningún otro órgano de la administración pública cuenta con tal beneficio".

Por otro lado, se establece la posibilidad de que los tratados internacionales sean vistos siempre por una comisión bicameral y que después sean ratificados por la Cámara y el Senado. Y que el Congreso no pueda introducir indicaciones, sino sólo aprobar o rechazar el texto ingresado.

En el escrito también se plantea que la asistencia de los ministros a las comisiones en el Parlamento sean obligatorias "cuando estos sean convocados a la sala y comisiones ordinarias por lo menos una vez por proyecto discutido o investigación, por cada trámite legislativo, siempre que se trate de citaciones que digan relación con un proyecto de ley o una investigación en curso, es decir, no cuando se les cita sólo para dar cuenta de su gestión".

De no cumplir con aquello, se propone descontar el 15% de su remuneración, lo que deberá hacer efectivo la Contraloría.

En cuanto a la admisibilidad de los proyectos, que es otra materia que el Ejecutivo ha transmitido reparos a la oposición, se establece que -en el caso de mociones- la admisibilidad sea determinada por un órgano técnico "antes de que se dé cuenta del proyecto, a fin de que este sea respaldado imparcialmente". Así, la idea es crear una "Secretaría de Admisibilidad", conformada por abogados secretarios de comisiones de la cámara respectiva. Una iniciativa que también está siendo estudiada por la Cámara y el Senado.

En la propuesta que entregó Piñera a los presidentes de ambas cámaras también se considera elaborar un catálogo de "conductas sancionables", ya que hoy solo existe de sanciones (censura, amonestación y multa).

De igual manera, se plantea que los senadores tengan "el deber" de escuchar el debate de las acusaciones constitucionales que se presenten debido a que son ellos quienes tienen decidir; se proponen cambios en la forma en operan las comisiones investigadoras avanzando en dos direcciones: que se decreten en torno a la fiscalización de problemas de la administración del Estado y que se creen por un periodo corto, alrededor de dos semanas y nunca más de 30 días.